Tasa de basuras. Basta de excusas

En los últimos días hemos visto titulares y declaraciones de distintos responsables políticos del Partido Popular que insisten en que la subida del recibo de la basura en Ibiza responde a una «imposición del Gobierno de Sánchez». Una afirmación que, además de ser falsa, busca desviar la atención de lo verdaderamente importante: cómo están gestionando los ayuntamientos este servicio esencial.

La actualización de la tasa de residuos deriva de una directiva europea aprobada en 2018. Desde el 10 de abril de 2025, los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes están obligados a aplicar un tributo específico para cubrir el coste real de la recogida, transporte y tratamiento de residuos urbanos. Esto viene de la Directiva Europea 2018/851, traspuesta en España mediante la Ley 7/2022.

El objetivo marcado por la Unión Europea es claro: alcanzar un 55% de reutilización y reciclaje de residuos en 2025 y un 65% en 2035, bajo el principio de «quien contamina, paga». No se trata de una decisión coyuntural del Gobierno español, sino de un mandato europeo que obliga a todos los Estados miembros. En la isla, los datos del Consell Insular d’Ibiza reflejan que en 2024 la recogida selectiva apenas llegó al 40,1%. Además, la isla generó 97.518 toneladas de residuos enviados al vertedero, un 11% más que en 2023, con una media de 655,5 kilos por persona al año, un 14% superior a la media balear (563,7 kg). Estas cifras evidencian que la verdadera urgencia no es buscar culpables externos, sino mejorar la gestión local de los residuos para cumplir con los compromisos europeos y garantizar un modelo sostenible para el futuro.

La ley no impone subidas automáticas ni fija cuantías concretas, exige cubrir el déficit del servicio. Cada ayuntamiento puede calcular la tasa según sus criterios, una cuota fija, un importe vinculado al valor catastral, al número de habitantes por vivienda o al consumo de agua, entre otros factores. También se contemplan bonificaciones para pensionistas, familias numerosas o personas en riesgo de exclusión.

En Ibiza, el PP prometió reducir impuestos, incluso rebajar la tasa de basuras. Conocían perfectamente la obligación legal desde 2022 y sabían que existía un déficit de millones de euros en el servicio de recogida y tratamiento de residuos. Aun así, prefirieron prometer bajadas que sabían imposibles y, ahora que no pueden cumplir, culpan a Pedro Sánchez como siempre cuando no tienen argumentos.

Conviene destacar también que la Ley 7/2022 fue debatida y aprobada en las Cortes Generales. El PP, tanto en el Congreso como en el Senado, no votó en contra, se abstuvo. Sabían perfectamente que la norma respondía a una obligación europea y que había que aplicarla. Hoy, los mismos que entonces se abstuvieron intentan culpar al Gobierno socialista de una medida inevitable.

El debate no debería ser si «Sánchez nos sube la basura». Porque no lo hace. El verdadero debate es: ¿están los ayuntamientos gestionando bien este servicio?, ¿están justificando con datos la necesidad de las subidas?, ¿se garantiza que cada euro adicional se traduzca en más sostenibilidad, más reciclaje y mejor limpieza de calles y playas?

Hasta ahora, la respuesta es desalentadora. Vecinos denuncian que el servicio no mejora, mientras los recibos suben. Y la culpa no está en Bruselas ni en Madrid, sino en los ayuntamientos que gestionan el día a día.

Víctor Torres Pérez es conseller del grupo PSOE del Consell Insular d’Eivissa y secretario de Medio Ambiente y Movilidad de la FSE-PSOE.

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