Modificación número 2 del PTI de Ibiza: un compromiso cumplido

Estamos enormemente satisfechos: tras más de tres años de trabajo técnico y diálogo social, hemos aprobado definitivamente el nuevo Plan Territorial Insular de Ibiza (PTI), un texto apoyado por una amplia mayoría social y electoral y que cumple con un firme compromiso: ordenar nuestro territorio sin condenar a las familias ibicencas ni hipotecar los recursos de la isla.

Y si he de destacar un elemento central del plan, por su trascendencia, es el corte radical que se hace entre la nueva edificación y el uso turístico. Una cosa ya no podrá ir ligada a la otra. Con la normativa vigente hasta ahora, casi cualquier vivienda en el suelo rústico podía adquirir la condición de turística, y eso significaba que había en la isla 7.800 potenciales viviendas turísticas en suelo rústico, además de aquellas que se pudieran construir. Con la modificación número 2, recientemente aprobada, prohibimos por norma general la posibilidad de obtener la condición de vivienda turística en suelo rústico, manteniéndolo únicamente a aquellas construcciones anteriores a 1956, eliminando de un plumazo 6.450 potenciales villas turísticas (una reducción del 82%). Pero es que además, lo más importante, se rompe para siempre la conexión entre cualquier vivienda futura y el alquiler turístico. A partir de ahora, quien edifique en suelo rústico lo hará para vivir, no para especular.

Ese tijeretazo turístico se traduce en un alivio hídrico histórico: Los 250 litros de agua que, de media, consume un turista en nuestra isla, hubiese podido significar un gasto diario de 1.872 m³ de agua, de haberse desarrollado todas las posibilidades turísticas que permitía la anterior modificación número 1 del PTI. Sin embargo, las restricciones que ahora entran en vigor, permitirán limitar este gasto a 284 m³ diarios, liberando, por tanto, 1 588 m³/día: el equivalente a suministrar tres veces cada día de agosto el agua que consume una localidad como Santa Gertrudis. Pero la protección va más allá: el PTI prohíbe que las nuevas viviendas y piscinas se nutran de los acuíferos declarados en mal estado y exige demostrar la procedencia externa del agua (como la desalación), para rellenar piscinas donde esté permitido. Así se blinda el recurso subterráneo ante futuras sobrecargas.

El plan, además, protege el tejido familiar ibicenco. Hasta hoy, la normativa de segregaciones sólo permitía dividir fincas entre padres e hijos, obligando a otros herederos (sobrinos, nietos, hermanos y sociedades patrimoniales familiares) a tener que vender la propiedad —a menudo a capital extranjero— con la consiguiente pérdida de arraigo. La Modificación 2 amplía el régimen hereditario de abuelos a nietos, de tíos a sobrinos y también transmisiones en vida, de modo que las fincas pueden quedarse en la familia, sin disparar la especulación.

En paralelo, se refuerza la eficiencia de recursos. Cada nueva vivienda, o vivienda existente que se rehabilite (sea en urbano como en rústico) deberá reutilizar sus aguas grises, que deberán ser usadas para regar jardines (que, por obligación, deberán ser mediterráneos, huyendo de plantas tropicales u otras especies que obligan a hacer un consumo excesivo de agua) y rellenar cisternas, además de tener que capturar lluvia: el ahorro resultante ronda 150 m³ al año por casa, más de la mitad del consumo que tendría sin esas medidas. Se añade la obligación de destinar parte de cada cubierta a energía solar y se prohíbe llenar piscinas con agua de acuíferos en estado crítico.

Las nuevas viviendas deberán certificarse como edificios de consumo casi nulo, lo que implica una reducción media del 68 % de su demanda eléctrica. Además, se facilita la instalación de plantas fotovoltaicas en zonas industriales y periurbanas, lo cual podría suponer la generación limpia de un 75% de la energía que necesita la isla de Ibiza para nutrirse.

Nada de esto habría sido posible sin un proceso participativo ejemplar: más de 40 reuniones con 25 asociaciones vecinales, agrarias, profesionales y ambientales, antes y durante su tramitación. No todos coinciden en todo, pero cada colectivo ve reflejada alguna de sus demandas y aspiraciones. El resultado es un texto equilibrado en el que el interés general prima sobre los intereses particulares.

Invitamos ahora a la ciudadanía a conocer esta norma y aprovecharla: promover el autoconsumo, impulsar actividades agrarias complementarias y planificar sus proyectos con reglas claras. El PTI que hoy entra en vigor no es un punto final, sino un punto y seguido: otro compromiso electoral cumplido.

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