La provocación de convertir un ferri en hotel

El paquete turístico que ha anunciado Trasmed es una provocación hacia las políticas de contención de la oferta de plazas que se impulsan desde hace años en Ibiza, donde está vigente una moratoria que impide crecer en número de camas y hay un frente común institucional para luchar contra el intrusismo en todos los ámbitos, especialmente en los alojamientos turísticos. La naviera ofrece este verano viajes de fin de semana a la isla desde Valencia con camarote para pasar la noche del sábado en un ferri amarrado en el puerto de Ibiza. Es decir, convierte un barco de línea regular en un alojamiento turístico, aprovechando los resquicios legales y la falta de regulación específica, pues era algo impensable hasta ahora. Esta oferta está de hecho tan al margen de la normativa del sector, que estos turistas no pagarán siquiera el impuesto turístico, que sí abonan todos los que se alojan en establecimientos reglados y en cruceros. Es más, mientras que el ferri ‘Ciudad de Granada’ ofrecerá sus 207 camarotes, con capacidad para 414 personas, sin pedir ninguna autorización (sólo a la Autoridad Portuaria de Balears), cualquier alojamiento legal está limitado a la hora de aumentar plazas, y tras la decisión de eliminar la bolsa de 9.000 plazas, sólo se podrán adquirir si se registrara alguna baja. Este sistema garantiza que no haya un aumento en la oferta turística.

Pero al margen de que una compañía privada quiera buscar oportunidades de negocio, y retar al mismo tiempo al Consell (con el que está enfrentada por su limitación de la entrada de vehículos a la isla), lo que es chocante es que la Autoridad Portuaria de Balears haya autorizado una actividad que transforma el uso de un ferri y le añade el de alojamiento turístico, sin tener en cuenta el contexto social y político, contrario al aumento de la presión turística en temporada alta, pero sobre todo sin contar con la opinión del Consell de Ibiza, que tiene la responsabilidad de la ordenación turística en la isla. Se trata de un atropello en toda regla, un nuevo y clamoroso desprecio de la Autoridad Portuaria a los intereses de la isla como tantos otros que hemos tenido que soportar. Es imprescindible por tanto que la APB rectifique esta decisión, tal y como piden tanto el Govern balear como el Consell de Ibiza y la Federación Hotelera de las Pitiusas, pues va en contra de la línea de contención turística y de evitar la saturación estival, y abre un peligroso coladero de consecuencias imprevisibles, porque si se consienten ahora los planes de Trasmed, poco tardarán las demás navieras en sumarse a la iniciativa y la APB tendrá que autorizarlo también.

La regulación y ordenación de los espacios y zonas turísticas es fundamental para garantizar el correcto desarrollo de este sector en convivencia armónica con los demás. De hecho, los problemas surgen cuando las áreas residenciales, turísticas, industriales o rústicas, por poner algunos ejemplos, mezclan sus usos y aparecen situaciones caóticas y conflictivas. Un puerto no está pensado en ningún caso para uso residencial ni turístico. Es distinto un crucero de un ferri, y por esta razón están sujetos a normativas y regulaciones diferentes. Resulta además muy llamativo que la APB extreme el celo hasta límites exagerados en el puerto para determinadas autorizaciones (por ejemplo, para que los profesionales de la información puedan desarrollar su trabajo) y sin embargo permita que más de 400 pasajeros puedan deambular durante todo el día y la noche por las instalaciones portuarias para salir y entrar a un ferri amarrado. La falta de explicaciones de la Autoridad Portuaria, que es un organismo público que debe garantizar el interés general -y no sólo sus ingresos-, añade gravedad al asunto. Precisamente, una de las preguntas que debería responder es cuánto dinero le va a reportar este nuevo negocio turístico en el puerto de Ibiza.

La indignación de los hoteleros y el Consell con la naviera y la APB está más que justificada, pues es competencia desleal y al margen de toda regulación del sector. Esta situación se está reproduciendo en Menorca, donde Trasmed ha anunciado este mismo paquete desde Barcelona, lo que ha suscitado la oposición tanto del Consell (del PP) como del Ayuntamiento de Maó, gobernado por el PSOE. Por el contrario, llama la atención en este sentido la inexplicable tibieza mostrada por el Ayuntamiento de Ibiza (del PP, igual que el Consell), que se ha limitado a defender su acuerdo con Trasmed para ofrecer visitas guiadas al casco histórico para sus pasajeros, y a manifestar que no es su modelo, sin cuestionar la propia oferta de la compañía.

En resumen, hay que exigir a la Autoridad Portuaria de Balears que retire cuanto antes el permiso a Trasmed y recordar a su presidente, nombrado a propuesta del Govern balear, que el organismo que dirige no puede tomar una decisión de tanto calado de forma unilateral y en contra de las instituciones locales. El pulso entre las navieras y el Consell no puede derivar en la creación de una nueva y descontrolada oferta turística en verano para la que no hay ninguna normativa ni regulación.