El drama de los migrantes muertos en aguas pitiusas

El goteo de cadáveres llegados a las costas de Ibiza y Formentera es incesante. Estos cuerpos arrastrados por las corrientes son la dramática evidencia de la mortalidad de la ruta migratoria entre Argelia y Balears que centenares de personas utilizan para llegar a Europa. Las cifras son elocuentes: este año, en poco más de cinco meses, han aparecido 19 fallecidos, ocho de ellos en tan sólo seis días; en todo el año pasado, se contabilizaron diez. Todo indica que esta cifra se duplicará con creces este ejercicio. Es imposible conocer el número de migrantes desaparecidos en el mar, en una travesía terrorífica y llena de penalidades en busca de un futuro mejor, pero se puede inferir que también habrá experimentado un considerable incremento, al igual que lo han hecho el número de pateras, de personas arribadas desde el norte de África y de cadáveres.

Al mismo tiempo, la situación respecto a los menores que llegan sin acompañante y que son tutelados por los consells de Ibiza y Formentera no ha registrado ninguna mejoría, más bien al contrario. Ambas instituciones siguen con sus recursos desbordados, especialmente Formentera, cuyo gasto en la manutención de estos niños y adolescentes desamparados ha puesto en jaque su propia viabilidad económica, tal y como ya ha advertido al Govern balear para pedirle que se haga cargo de las competencias de menores, aunque sin resultado positivo. El Gobierno central continúa firme en su postura de no involucrarse en las competencias que hace años asumieron las comunidades autónomas, pero en un contexto en el que todavía no había irrumpido el fenómeno de la migración irregular, que ha roto las costuras del sistema de atención en Canarias y, más recientemente, en Ibiza y Formentera: en 2024 superaron a Mallorca y Menorca en número de pateras arribadas a sus costas. Las reclamaciones de los consells pitiusos para recibir más financiación y recursos por parte del Gobierno central para poder afrontar la atención a los menores tutelados han caído hasta el momento en saco roto. A pesar de que los datos ponen en evidencia que el tráfico de personas con rumbo a Balears se ha incrementado exponencialmente en los últimos años, el Gobierno sigue considerando, de forma errónea, que es un problema que debe afrontar la Comunitat Autònoma, cuando se trata claramente de un problema de Estado. No es una cuestión de menores, sino de gestionar las consecuencias de unos flujos migratorios que desbordan la capacidad y los recursos de las instituciones locales.

Por otra parte, la aparición de cuerpos de migrantes en las Pitiusas ha puesto al borde del colapso a Pompas Fúnebres, la empresa ibicenca que cede sus instalaciones al Ministerio de Justicia, sin coste, para la recogida, custodia y autopsias de estos cadáveres, un servicio por el que el Estado no paga desde hace al menos tres décadas. Ante esta situación sobrevenida, que no existía cuando el Ministerio llegó a un acuerdo con esta funeraria, Justicia debería dejar de aprovecharse de la buena disposición de una empresa privada y asumir su responsabilidad, aportando algún tipo de solución hasta que sea una realidad el nuevo servicio de medicina legal que ha de instalarse en el sótano del nuevo edificio de los juzgados, que no estará completamente acabado y equipado hasta 2027, como pronto. Este proyecto arrastra ya la friolera de siete años de retraso. «En el Ministerio se han olvidado de Ibiza», se escucha a menudo entre quienes trabajan o se relacionan de algún modo con la Administración de Justicia en las Pitiusas.

Pompas Fúnebres sigue prestando su material e instalaciones porque considera que es un servicio público que debe ofrecer, a pesar de que le cuesta dinero, pero en vista del incremento del número de cadáveres llegados a las Pitiusas, advierte de que está al borde del colapso. Estos cuerpos permanecen en sus cámaras frigoríficas en ocasiones durante meses. En vista de esta situación, el Gobierno central debe ejercer sus competencias cuanto antes, no puede seguir eludiendo su responsabilidad, y la dirección insular de la Administración del Estado en las Pitiusas y la delegación del Gobierno en Baleares deberían ser las primeras en reclamarlo.