Desidia en vivienda

Cuesta creer que, teniendo soluciones para un problema, quienes nos gobiernan no quieran aplicarlas. Es lo que está ocurriendo en nuestra isla con el problema de la vivienda. El Partido Popular, que gobierna nuestras instituciones, se niega a aplicar soluciones que ya están disponibles. ¿Y por qué? La respuesta es sencilla: porque esas soluciones vienen del Gobierno de España, al que tanto desprecian. Anteponen su sectarismo al sufrimiento de miles de personas que se ven abocadas a malvivir o a abandonar Ibiza.

Les explico. Desde mediados de 2023 está en vigor la Ley estatal de Vivienda, que permite declarar una zona como tensionada en materia de acceso a la vivienda. Al hacerlo, se pueden aplicar medidas como el tope al precio del alquiler, haciendo los precios más asequibles, al tiempo que se ofrecen beneficios fiscales a los propietarios que colaboran. ¿Qué hace el PP? Decide que en Ibiza eso no se aplica. Lo han negado de muchas formas, la última el mes pasado, cuando rechazaron una moción del PSOE en el pleno del Consell Insular. En ella proponíamos una batería de medidas para luchar contra los precios desorbitados de la vivienda, contra la luxificación que estamos sufriendo, por una política real contra el alquiler turístico ilegal que nos expulsa de nuestras casas, y también ofrecíamos un plan de choque para afrontar la proliferación de asentamientos precarios en tiendas de campaña o caravanas.

Quiero hacer énfasis en este último punto. No se soluciona el problema mandando a la policía local a multar o desalojar a personas y familias que ya están sufriendo. Eso es castigar al pobre, al que está siendo excluido del derecho constitucional a una vivienda digna. ¿Y qué propone el PP? Nada. El propio presidente Vicent Marí lo reconoció: no tienen soluciones. Desde el PSOE le planteamos propuestas reales, constructivas, valientes. ¿Y qué responden? Que no las quieren.

Venimos de dos años de políticas desastrosas por parte del Govern de Marga Prohens. Prometieron solucionar el problema en seis meses. No solo no lo han hecho, sino que la situación ha empeorado drásticamente. Han fracasado con el lloguer segur, han fracasado con la reconversión de locales y de establecimientos turísticos en viviendas. Cero resultados. Y lo más grave: no han sido capaces de iniciar ni una sola promoción de vivienda pública desde que gobiernan.

Ante este panorama desolador, desde el Partido Socialista seguimos exigiendo a nuestros gobernantes que actúen. Que declaren nuestra isla como zona tensionada. Que luchen contra la especulación, contra el alquiler turístico ilegal. Que protejan a los propietarios responsables. Que incrementen urgentemente el parque de vivienda pública, como se hizo con los gobiernos progresistas. Que limiten la adquisición de viviendas por parte de no residentes. Que combatan las condiciones abusivas en los alquileres.

¿Y qué votan? ¡Que no! ¿Y qué nos encontramos a cambio? Que quieren tramitar una ley para vender suelo rústico a grandes promotores y seguir destrozando nuestra isla con más grúas y más cemento. Esa es su receta. Pero, ¿quién va a poder pagar esas viviendas? ¿De verdad creen que la clase media puede acceder a ellas si no se interviene en el mercado? O no saben dónde viven, o lo saben muy bien y prefieren beneficiar a unos pocos con la excusa de la vivienda. Yo me inclino por lo segundo. ¿Y ustedes?n

Suscríbete para seguir leyendo