Opinión | Tribuna

Justicia para las mujeres

La Justicia no solo debe sancionar, también debe proteger y reparar, y para ello necesitamos profesionales formados, sensibilizados, con una carga de trabajo asumible

Hace más de una década, España ratificó el Convenio de Estambul, el primer acuerdo internacional vinculante sobre violencia de género. Es un tratado de gran importancia, que reconoce que las mujeres sufren una violencia específica y estructural por el hecho de ser mujeres y que esta violencia supone una vulneración de los derechos humanos.

El convenio enumera medidas de prevención y para combatir esta violencia que todos los países firmantes deben implantar y dedica un apartado especial a la Justicia, donde señala la necesidad de que las víctimas sean atendidas en los plazos más cortos posibles y por profesionales y operadores jurídicos capacitados y formados específicamente para ello, de tal manera que se reduzca la revictimización, es decir, que el proceso no dañe aún más a una víctima que ya de por sí es especialmente vulnerable y sufre un trauma que generalmente es mayor al de víctimas de otros muchos delitos.

El convenio de Estambul señala específicamente que todos los delitos cometidos contra las mujeres por su condición de mujeres, es decir, tanto los de violencia de género (ámbito de la pareja o expareja), como los de violencia sexual, deben de ser tratados por juzgados especializados. Esto no ocurría hasta ahora en nuestro país, pero así lo recoge ya la nueva Ley Orgánica en materia de eficiencia del servicio público de Justicia, aprobada este mismo año, que establece que dicha asunción de competencias se produzca a partir de octubre.

España ha dado pasos enormes en los últimos años para cumplir con el mandato del Convenio de Estambul y los más recientes tienen una gran trascendencia. En línea con la nueva ley, y para garantizar su correcta implantación, el pasado martes el Consejo de Ministros ratificó la propuesta del Ministerio de Justicia para crear 50 nuevas plazas de jueces especializados en violencia contra la mujer, de las cuales 3 serán para Baleares, una de ellas para Ibiza y Formentera. Además, se crearán otras 42 plazas de fiscales especializados, también 3 de ellas para nuestras islas.

Esta decisión viene de la mano del Consejo General del Poder Judicial, que en un minucioso informe concluyó que Baleares será la segunda comunidad autónoma donde más se incrementará la carga de trabajo de los juzgados especializados en violencia de género al asumir las causas relacionadas con los delitos de carácter sexual. Ello demuestra, justamente, la importancia de incrementar y consolidar más medios en nuestras islas, algo que no obliga a renunciar a ninguna otra reivindicación o mejora que se precise en el ámbito de la Justicia ni en ningún otro, que no va en perjuicio de nadie, salvo de los agresores o machistas que tengan que responder de sus actos ante jueces más y mejor preparados por su especialización y menos saturados.

Es una noticia que solo puede calificarse de excelente, porque garantiza que seguimos mejorando y avanzando en la atención y el trato que estas víctimas necesitan y merecen, que seguimos dignificando nuestro sistema de apoyo a las mujeres que pasan por procesos extremadamente duros, complejos y difíciles de superar, que dejan huella toda la vida. No es un trato de favor, sino, nunca mejor dicho, un acto de justicia, de una justicia con perspectiva feminista, que tiene en cuenta las necesidades de las mujeres en el marco de un tipo de delitos que los hombres no sufren.

Considerar que esta mejoría del sistema judicial puede no ser importante o considerarla de segunda categoría es un desprecio a las mujeres, a sus necesidades específicas y al trato que les corresponde. Como dice el Convenio de Estambul, la Justicia no solo debe sancionar, también debe proteger y reparar, y para ello necesitamos profesionales formados, sensibilizados, con una carga de trabajo asumible y los medios suficientes para hacer lo mejor posible su trabajo.

Gracias a todos ellos y ellas, a tantos profesionales que conocen de cerca esta problemática y se implican a fondo, especialmente a los que hemos podido conocer y escuchar las diputadas socialistas en el proceso de evaluación y renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que nos han trasladado sus propuestas, muchas de las cuales quedaron reflejadas en el pacto aprobado el pasado febrero. Sabemos que cada día sois más y que, con vosotros y vosotras, se hará justicia para las mujeres.

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