Limitar las caravanas en Ibiza es necesario

La limitación del acceso de las caravanas y autocaravanas a la isla de Ibiza en verano es necesaria y, de hecho, debería haberse implantado antes. Cuando una actividad se hace de forma masiva, incontrolada y provoca impactos graves sobre el medio ambiente o genera problemas de diverso tipo, es preciso que las administraciones competentes intervengan para poner orden. Esto es lo que ocurre con las caravanas, autocaravanas y otros vehículos camperizados, que han proliferado de una forma alarmante e insostenible, especialmente durante la temporada estival, debido a diversas causas. Muchos de estos vehículos acaban acampados en áreas naturales, donde no está autorizado.

Es preciso recordar que en la isla no se puede acampar en ningún sitio fuera de los campings, que son los únicos lugares habilitados para que estén estos vehículos, pues ahí disponen de los servicios necesarios: agua, luz, sitios para cocinar, retirada de basura o saneamiento. La ley que regula el acceso de vehículos no domiciliados en la isla, ya en vigor, lo único que añade a la normativa existente hasta ahora es la obligación de solicitar una autorización de entrada en la isla para no superar un número límite (también lo tienen que hacer los coches) y la exigencia de que tengan reserva en un camping. Esto último es lógico, pues si no van a un camping, no pueden quedarse en ningún sitio.

La protesta contra la regulación de estos vehículos que se celebró el viernes frente al Consell, convocada por la Plataforma de Autocaravanas Autónoma (PACA), una asociación nacional, fue un fracaso incluso para los propios organizadores, que esperaban cinco veces más manifestantes de los que fueron: apenas un centenar. El fiasco de la convocatoria, que también reclamaba lugares habilitados para las caravanas y autocaravanas, era de esperar, porque en general se trata de una medida que cuenta con un respaldo generalizado en la sociedad pitiusa.

Es oportuno recordar los variados perfiles de personas que viven en estos vehículos, totalmente dispares. Por una parte, están quienes no logran acceder a una vivienda, pese a tener empleo e ingresos fijos, y se ven obligados a malvivir de esta manera porque no encuentran ninguna otra alternativa; una situación dramática que debe tener una respuesta empática por parte de las administraciones, en forma de ayudas de diverso tipo. Por otra, están quienes defienden su forma de vida nómada en una autocaravana y reivindican seguir manteniéndola; estas personas invocan la «libertad» de vivir así. El problema es que en la isla la normativa, afortunadamente, lo prohíbe, pues no es compatible con la conservación del medio ambiente e implica contaminación, basura, riesgo de incendios y deterioro de los ecosistemas. Y luego están los piratas que hacen negocio alquilando estos vehículos de forma ilegal a turistas, una actividad que hay que erradicar sin ningún miramiento. Por tanto, es importante tener en cuenta que los afectados tienen realidades muy distintas y no conforman un bloque homogéneo.

Por otra parte, la protesta de los caravanistas entraña una contradicción en sí misma, puesto que defienden la vida en contacto con la naturaleza pero llevar esto a la práctica en esta isla, y encima masivamente, significa destruirla.

En suma, hemos tardado demasiado tiempo en reaccionar frente a la masificación y sus catastróficos efectos en Ibiza como para poner en cuestión ahora una medida absolutamente necesaria, cuyo cumplimiento estricto habrá que exigir a las administraciones competentes, que han venido tolerando sin hacer nada el incumplimiento sistemático de las restricciones que ya existían hasta ahora.