El pacto suicida de PP y Vox

El Parlament balear validó el martes con los votos del PP y Vox un decreto de medidas en materia turística y otro que permitirá reclasificar suelo rústico para construir más vivienda. La aplicación y el alcance de estos dos decretos quedan en última instancia en manos de los consells y los ayuntamientos, pero su simple promulgación es suicida y nos sitúa en la senda del desastre social, turístico, económico y medioambiental. Es absolutamente incoherente que la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, impulse solemnemente un Pacto Social y Político para la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental y ahora apruebe medidas para aumentar y agilizar la construcción incluso en suelo rústico, o que consolide 115.000 plazas de alquiler turístico que la ley balear de turismo preveía que desaparecieran progresivamente (esta es la cifra que dio el conseller de Turismo en el Parlament; el PSOE la eleva a 145.000). Este entreguismo del PP a los postulados edificadores e hiperdesarrollistas de Vox resta toda credibilidad a la voluntad de Prohens de alcanzar consensos para lograr un futuro sostenible para nuestras islas y nos lleva a un desastre seguro.

Crecer más es justo lo contrario de lo que necesitan unas islas donde los recursos son limitados y ya están hiperexplotados, desde el territorio hasta los acuíferos, y donde la saturación estival es un grave problema que provoca colapsos en áreas naturales y en carreteras. Las infraestructuras básicas están al límite y no dan abasto para atender a la población residente y la flotante (formada por los trabajadores de temporada y los turistas), que no dejan de crecer. Las desaladoras, depuradoras, carreteras o el vertedero, que apura su vida útil sin que aún tengamos una solución sobre qué vamos a hacer con la basura, nunca han sido suficientes para atender el crecimiento desaforado de las últimas décadas, pero ahora, como si no hubiéramos aprendido nada, abrimos la puerta a la posibilidad de seguir creciendo a lo loco.

Falta vivienda a precios asequibles para los residentes y los temporeros, pero no porque no haya vivienda, sino por el (mal) uso que se le da. El problema es que la vivienda se destina de forma masiva a hacer negocio (legal o ilegal) y a la especulación. Y además, muchos propietarios prefieren mantener sus viviendas cerradas por temor a tener problemas con los inquilinos. Ante este panorama, construir más no garantiza que vaya a haber más vivienda para residentes, sino más bien lo contrario: habrá más para hacer más negocio. La muestra es que en Ibiza la mayoría de las promociones que se están construyendo son para un segmento de lujo, inalcanzable para la gran mayoría de la población. El PP y Vox aseguran que sus medidas servirán para que haya vivienda asequible para los residentes, pero ¿qué entienden por vivienda asequible? Incluso la propia presidenta de la patronal de la construcción cuestiona aspectos sustanciales del decreto del Govern porque precisamente favorece que gran parte de la nueva vivienda que pueda construirse sea para hinchar aún más la burbuja inmobiliaria.

Y está después el problema de la falta de agua, como bien han advertido tanto el Colegio de Arquitectos como los ecologistas del GEN. En Ibiza las desaladoras ya no son suficientes en verano y de hecho se va a licitar contrarreloj una planta móvil para este año. Sin tener asegurado el abastecimiento de agua, es irresponsable autorizar un aumento de población.

¿Y qué pasa con la gran mayoría de personas que no pueden comprar una vivienda y que tienen que alquilar? El acuerdo del PP y Vox no les da ninguna solución, y encima, en lugar de erradicar el uso turístico de miles de viviendas, que podrían volver al mercado residencial, las consolidan para que no haya ni una plaza legal menos. Dice el PP que no defenderá modelos que vayan en contra del “natural comportamiento del mercado”, pero es que lo que ellos consideran “natural comportamiento del mercado”, dejado al albur de la espiral especulativa, sin ninguna limitación, es el que nos ha llevado a la situación actual, en la que el problema de la vivienda es una auténtica bomba de relojería que va a estallar de una forma o de otra. Los poblados chabolistas como el de Can Rova y Can Rova 2 son la manifestación más terrible de esta emergencia social a la que el PP, que gobierna todas las instituciones insulares (ayuntamientos, consells pitiusos y Govern balear) no está haciendo frente, más allá de la ofensiva contra el intrusismo en el alquiler turístico, que por supuesto que es necesaria. Sin olvidar la enorme dificultad de completar plantillas por parte de las empresas y servicios públicos, con vacantes durante todo el año, lo que llega a impedir su funcionamiento, de modo que el problema de la vivienda es el principal lastre, y la principal amenaza, de una economía tan boyante como la pitiusa, debido a la falta de trabajadores.

Lamentablemente, cuando parecía que se había llegado a un consenso político y social sobre la necesidad de poner límites y sentido común al crecimiento y a la explotación turística de las islas, la presión de Vox sobre un gobierno débil, con un PP en minoría, hace saltar todo por los aires. Se vuelve a un modelo depredador basado en el crecimiento y en la construcción incluso en el escaso suelo rústico que ha dejado la descontrolada gestión urbanística en Ibiza, un modelo que no se traducirá en más vivienda para los residentes, pero sí en más consumo de recursos, más destrucción de territorio, más presión humana, más especulación, más masificación y en precios más disparados aún. ¿Qué sentido tiene que, al mismo tiempo, el Consell de Ibiza imponga un cupo máximo de entrada de vehículos este verano para evitar la saturación?

El PP y el Govern de Marga Prohens han dilapidado sus buenos propósitos iniciales de poner, con un amplio consenso político y social, las bases de otro modelo más sostenible, que esté en equilibrio con la preservación del medio ambiente de unas islas pequeñas y frágiles; que no expulse a los residentes y a los trabajadores imprescindibles para el funcionamiento de las empresas y servicios; que promueva la cohesión en lugar de la exclusión social; que garantice la prosperidad económica actual y de las futuras generaciones en lugar de hipotecarlas. El PP ha cerrado un pacto envenenado con Vox que quizás le facilite unos presupuestos o acabar la legislatura, pero que puede tener un coste enorme que no nos podemos permitir. Ya estamos pagando demasiados errores del pasado; una vez más, se antepone el interés partidista, junto con el de promotores y constructores, por encima del interés colectivo y el bien común. Un auténtico despropósito.