Opinión | Tribuna
Llei pagesa
Lo acontecido el pasado viernes en la calle Bisbe Cardona de Sant Antoni, cuando varios vecinos rompieron la puerta de una casa okupada y arrojaron por el balcón los enseres de sus moradores, que en ese momento no estaban, se veía venir. Constituye, además, un serio aviso del hartazgo de la ciudadanía ante la inacción frente a delitos flagrantes. Fue, como suele decirse, la gota que colmó el vaso y acabó ocurriendo lo que nunca tendría que pasar: que la gente se tome la justicia por su mano o, como algunos proclamaban durante el suceso, que se aplique la «llei pagesa».
La gran duda que emerge ahora es qué ocurrirá en la próxima okupación de una vivienda particular –que no pertenezca a un banco o a un fondo de inversiones, sino a un vecino corriente que pide ayuda–, por el expeditivo método de romper la cerradura o echar la puerta abajo. ¿Se volverán a concentrar los vecinos a las puertas del inmueble? ¿Accederán a él por la fuerza? ¿Echarán a los okupas con amenazas y agresiones si es necesario? Ya les digo yo que, visto lo visto, así será y sólo es cuestión de tiempo que alguien acabe herido y el agresor, en consecuencia, arruinando su vida.
Lo injustificable del caso es que todo esto haya ocurrido en las narices de las fuerzas del orden y que éstas no hayan movido un dedo. Policías y guardias parecen haber adoptado el mantra de que, frente a la okupación, no se puede hacer nada. Hasta se lo han inculcado a los políticos que en teoría los gobiernan y éstos se lo han creído.
El miércoles pasado, cuando el vecino afectado, Vicent Riera, se encontró a los okupas instalando una puerta nueva de acceso a la vivienda, en plena calle, ni la Policía Local ni la Guardia Civil se lo impidieron, escudándose, al parecer, en este mantra de que la ley ampara a los okupas cuando ya llevan 24 horas instalados, pese a que dicho plazo, ni cualquier otro, figura en los textos legales que regulan dichos supuestos en nuestro país.
Y en el segundo episodio del viernes, cuando docenas de personas se arremolinaron frente al portal y algunas decidieron entrar por las bravas rompiendo la puerta, ocurrió otro tanto. La policía no hizo nada pese a que allí se estaban cometiendo delitos de manera flagrante. No se detuvo a nadie y, por supuesto, tampoco se produjeron identificaciones, según ha publicado la prensa. Se encontraban en las inmediaciones y sólo acudieron al portal cuando uno de los okupas se coló de nuevo en la vivienda y la gente amenazó con echarle por la fuerza. A punto estuvo, de hecho, de precipitarse por el balcón, agravando la situación.
Los vecinos acabaron tapiando el inmueble con una plancha metálica y ahora el propietario afectado tendrá que esperar a que la Justicia dictamine para volver a acceder a la vivienda, pero al menos lo hará con la tranquilidad de que ya no queda nadie en el interior. Lógicamente, se ha quitado un gran peso de encima, por lo que ha dado las gracias a quienes intervinieron sin que él ni siquiera lo hubiese pedido.
Decía al principio que lo ocurrido se veía venir porque, además del problemón jurídico al que se vio abocada la víctima, se produjeron otros factores que culminaron en el brote de cólera vecinal. El más relevante fue la actitud policial, que, como mínimo, debería de haber realizado un atestado y dado parte al juzgado de guardia de inmediato, además de tranquilizar al afectado y explicarle con claridad lo que tenía que hacer, lo que podía ocurrir y los plazos a los que se enfrentaría.
Además, la impotencia experimentada por el afectado, tal y como ponía de manifiesto el vídeo que él mismo grabó y que se viralizó, aún encendió más los ánimos. En la grabación se escuchaba cómo los okupas, la mayoría extranjeros, se rieron de él, lo insultaron, lo amenazaron y hasta se burlaron de la policía, proclamando irónicos vivas a España y al Rey. Ya para colmo, luego se personaron en la sede de Diario de Ibiza para exigir que dichas imágenes fueran retiradas de Internet, pese a que estaban grabadas en la calle y la ley ampara su difusión. Al final, tuvo que ir la policía a echarlos. Semejante alarde de chulería fue, sin duda, el combustible que faltaba.
En Ibiza la gente está muy harta de que aquí cualquiera se salte la ley sin consecuencias inmediatas y acaban aprovechándose del descontento partidos sin escrúpulos como Vox. Hemos asistido mil veces a situaciones similares con los taxis pirata, el alquiler de muertos ilegales para fondear, los cuchitriles infames reconvertidos en residencias cutres para trabajadores, la venta de drogas en plena calle… O las autoridades se ponen las pilas o esto tal vez no haya hecho más que empezar.
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