Las consecuencias de años de desmanes

Trabajar en un medio de comunicación te abre enormes ventanas al mundo; te llega información de todo tipo y hay que trillar para descartar las falsas (fake news les llaman ahora, con lo rico que es el castellano) y controlar tus estados de ánimo porque puedes entrar en barrena depresiva. Tantos años escuchando y comprobando barbaridades hacen mella, doy fe. Décadas de pasotismo y de permisividad, con los listos de siempre que ahora lucen bolsillos lustrosos a costa del patrimonio de todos, te reafirman en la idea, peligrosa, de que en estas islas (casi) todo está permitido.

Vertidos fecales (y del salmuera) al mar, fosas sépticas, instalaciones ilegales en la costa, perversiones urbanísticas, pisos turísticos ilegales, cobros hasta por respirar al turista... Y por supuesto, el problema de la vivienda y de los asentamientos.

Un ejemplo: listillo de turno con casa en el campo. Alquila la vivienda por un potosí y de paso el coche y, si se presta, hasta al perro y el gato. El éxito en esta sublime empresa (son emprendedores, ojo) es sangrar al visitante con lo que sea posible. Y no rendir cuentas ante la Agencia Tributaria y el resto de administraciones Luego son los listillos que se van a la sanidad pública y muestran su indignación en redes sociales. Estamos rodeados...

Toda esta ristra de animaladas, de atentados contra estas dos islas tan maravillosas, tienen una causa, pero, sobre todo, una tremenda consecuencia. Las causas, la indolencia de las administraciones, la incapacidad inspectora, la voracidad y avaricia del particular. Las consecuencias se van acumulando y van agravando el daño (constante) sobre el medio ambiente. Son heridas en el territorio que no llegan a cicatrizar.

Gran parte del problema lo ha provocado este sistema de libre mercado insensible, pero tampoco tenemos una alternativa viable. O sí: el intervencionismo del Estado. Al menos en el problema de la vivienda, que ha llegado a tal punto que ya se ha normalizado que el precio de un piso nuevo no baje de los 300.000 euros. Una verdadera aberración.

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