El injustificado frenazo del Govern al plus de insularidad

La oposición de los sindicatos corporativos Simebal (médicos), Satse (enfermeras) y ANPE (docentes) al pacto que ya casi habían cerrado con el Govern CCOO, UGT, STEI y CSIF para subir el plus de insularidad a los empleados de la Administración autonómica de Balears -y equipararlo al de Canarias- ha hecho descarrilar este importante acuerdo. Ante el rechazo de los primeros, el Ejecutivo balear ha decidido dar marcha atrás, lo que ha provocado la indignación de los sindicatos de clase, que ya han anunciado movilizaciones de protesta a partir del día 28.

Simebal, Satse y ANPE -estos dos últimos sin presencia en la mesa negociadora con el Govern- consideran que ese acuerdo perjudica a los sanitarios y docentes, pero no han explicado en qué. Su principal argumento es que se oponen a que la subida del plus sea igual para todos, pues defienden que debe ser mayor para las categorías superiores. Pero hay que recordar que se trata de un plus que compensa el sobrecoste de la vida que provoca la insularidad, una circunstancia que afecta por igual a todos los funcionarios, al margen de la categoría que tengan, que ya está retribuida con su nivel salarial y otros complementos específicos. Por tanto, su postura es claramente elitista, clasista e insolidaria.

Si el corporativismo que ha hecho saltar por los aires un acuerdo muy esperado, que beneficiaría al conjunto de empleados públicos de la Comunitat Autònoma, es lamentable, no es menos censurable que el Govern haya cedido a sus presiones y haya optado por congelar la subida que ya había acordado -a falta de algunos flecos- con los sindicatos de clase, mayoritarios en la función pública, tras una larga negociación de año y medio. El Govern tendría que haber seguido adelante con el acuerdo pese a la oposición de los minoritarios Simebal, ANPE y Satse, y de hecho habría sido lo lógico. Los representantes de los empleados en las mesas de negociación salen de unas elecciones sindicales, que determinan el mayor o menor peso de cada uno de los sindicatos según el apoyo que reciben, y son ellos los interlocutores legítimos con los que debe negociar el Govern. Para justificar su marcha atrás, alega que lo hace para buscar un total consenso sindical, respaldado también por las centrales gremiales que no están en la mesa negociadora. Esta decisión da a tres sindicatos minoritarios una influencia que no obtuvieron en las elecciones y sobre todo causa un perjuicio irreparable a los funcionarios, que tendrán que seguir esperando sine die una subida notable de ese plus, que ya tenía cifras: 205 euros al mes en Mallorca, 410 en Ibiza y Menorca y 615 en Formentera. Estas son las consecuencias del injustificado frenazo del Govern.

Es de suponer que el Govern habrá sopesado bien las consecuencias de su decisión y que prefiere asumir el coste de una movilización laboral en la función pública a enfrentarse con el poderoso sindicato de médicos y con el de enfermería, aliados con ANPE. O quizás es que esta decisión le viene bien ante la imposibilidad de aprobar los presupuestos tras la ruptura con Vox, al posponer lo que sin duda representa un gasto considerable para sus arcas. Sea como sea, esto supone que miles de empleados públicos de Balears deberán esperar no se sabe cuánto a que una reivindicación justa y ya encarrilada, la equiparación del plus de insularidad con Canarias, sea una realidad. Mientras, la carestía de la vida sigue disparada y es un factor disuasorio a la hora de captar y mantener a empleados públicos en Balears.