‘Basurificación’ en las islas: crisis de residuos

Una de las grandes problemáticas medioambientales de la humanidad es el residuo generado por nuestra propia especie a consecuencia del sistema de producción y consumo que hemos implantado. En pleno siglo XXI gestionamos la basura con una lógica arcaica, del siglo pasado, al trasladar problemas en lugar de planificar un cambio real que permita abordar el problema de raíz. Si esto ya es un desafío en cualquier parte del mundo, lo es aún más en algunos territorios, como las zonas insulares.

Un ejemplo lo tenemos en nuestras islas, donde enfrentamos un dilema urgente: ¿qué hacer con los residuos cuando el vertedero de Ca na Putxa en Ibiza llegue a su capacidad máxima en unos años? Hemos visto que próximamente la planta alcanzará su límite y se han planteado varias alternativas. Sin embargo, todavía no se ha abordado el cambio necesario que incida sobre la causa y no solo en las consecuencias.

Algunas de las soluciones planteadas como la de transportar los residuos a la incineradora de Son Reus en Mallorca parecen razonables desde un punto de vista logístico y económico. Pero hay que mirar más allá, pues esta opción traslada el problema a otro lugar sin promover una alternativa de cambio real a largo plazo. Además, hemos visto como algunos dirigentes del Consell de Mallorca se han negado a aceptar los residuos de Ibiza. No es de extrañar esta oposición pues esto no es más que la punta del iceberg de un sistema de gobernanza medioambiental fragmentado. Como sociedad hemos normalizado que las políticas públicas se fundamenten en intereses políticos, carentes de evidencia científica y, en este caso, sin un enfoque ecológico integral. Mientras las administraciones y la política, en general, se sumergen en disputas competenciales y posturas ideológicas, el tiempo corre y la basura sigue acumulándose.

En criminología verde podemos interpretar esta crisis de residuos como un caso de “basurificación” (wastification). Un concepto que hace alusión a cómo ciertas comunidades, territorios o regiones terminan convertidas en zonas de “sacrificio ambiental”. Tristemente, parece que las decisiones políticas y económicas, lejos de alcanzar una equidad ecológica, perpetúan la desigualdad ambiental: los vertederos y las plantas de tratamiento suelen ubicarse lejos de las zonas turísticas y comerciales, lo que impacta directa e indirectamente en los vecinos de estas actividades, quienes sufren las peores consecuencias de la contaminación y los residuos. El vertedero de Ca na Putxa en Ibiza, al igual que el de Magic Garden en San Andrés, Colombia, es un ejemplo claro de cómo la acumulación de basura se vuelve una bomba de tiempo que afecta a quienes menos voz tienen en el debate político. La incineración, que también se ha sugerido como otra posible solución, no solo ignora el problema estructural de la generación de residuos, sino que además genera otros daños ambientales, como emisiones de gases de efecto invernadero y cenizas tóxicas.

La criminología verde nos advierte de la tendencia a normalizar la degradación ambiental cuando esta ocurre de manera progresiva y lejos de la vista de la mayoría de la población. ¿Qué pasa si la basura no desaparece de inmediato? Se ignora. Pero el problema sigue ahí y con nuevas aristas: el crecimiento del turismo, la falta de políticas efectivas de reducción de residuos y la falta de un liderazgo ambiental claro fomentan la aparición de un problema estructural que no se resuelve con soluciones parche como la planteada.

Es necesario remarcar que la responsabilidad ecológica es colectiva y no puede estar supeditada a intereses políticos o económicos a corto plazo. Por ello, la solución no puede limitarse a trasladar la basura de una isla a otra para su tratamiento; debemos replantearnos y abordar de una vez por todas y de forma directa la manera en que queremos asumir este reto, lo que implica transformar el sistema actual de consumo y eliminación de residuos.

Nos enfrentamos a una de las consecuencias de un modelo extractivista implantado a nivel global pero aplicado a la basura local: producimos sin límite, consumimos sin responsabilidad y nos deshacemos de los residuos sin haber implantado un sistema de planificación de su impacto a largo plazo. Nos encontramos entonces ante un modelo de despilfarro insostenible en el que luego nos apresuramos a imponer etiquetas verdes o de sostenibilidad sin apenas eficacia real. Si las administraciones estuviesen realmente comprometidas con la sostenibilidad, deberían plantear políticas de residuo cero, apostar por la economía circular y garantizar que la incineración y el vertido sean opciones de última instancia, no la norma.

El conflicto surgido por la gestión y tratamiento de los residuos es un reflejo de la falta de planificación que sigue caracterizando a muchas administraciones y, por desgracia, no es algo nuevo. Por ello, no es de extrañar que la negativa de algunos dirigentes del Consell de Mallorca a aceptar los residuos de Ibiza no refleje únicamente un problema político; estamos ante un síntoma de una crisis socioecológica más profunda que no puede resolverse simplemente trasladando residuos de un lugar a otro.

Ahí es donde entra la evidencia científica y el derecho ambiental, en sentido amplio, pueden aportar soluciones. La única salida viable es un cambio estructural no solo en la forma en que se generan, tratan y gestionan los residuos sino que debemos apuntar al modelo de consumo. Es urgente implementar políticas efectivas de reducción, reutilización y reciclaje, promover la economía circular y evitar que ciertos territorios se conviertan en zonas de sacrificio ambiental. El tiempo para actuar es ahora, pues la ciencia lleva tiempo alertándonos.n