Turismo, masas y vivienda: ¿Para quién gobierna el PP?

Con FITUR aún reciente, es el momento de reflexionar sobre la política turística de Ibiza, y cómo nuestros dirigentes están gestionando el éxito de nuestra isla. Porque, más allá de la euforia que, a priori, generan las grandes cifras de turistas que llegan, así como la previsión de los que vendrán, debemos preguntarnos si el modelo expansivo actual es sostenible y si realmente está mejorando nuestra calidad de vida; además de plantearnos qué están haciendo nuestros políticos para que los beneficios de esa actividad lleguen a la totalidad de la ciudadanía.

Actualmente, cuando nuestros representantes van a ferias turísticas, seguimos vendiendo una imagen idealizada de una isla que, lamentablemente, ya poco tiene que ver con la realidad. El turismo de masas, y el descontrol, que incluso fomentan algunas de nuestras administraciones, para las cuales, todo vale, han acabado por romper el delicado equilibrio entre visitantes y residentes, generando impactos negativos de carácter ambiental y socioeconómico.

El ejemplo más visible de esa ruptura es la proliferación de asentamientos chabolistas por la isla, algo jamás visto anteriormente.

En Ibiza se ha producido, y sigue produciéndose, la tormenta perfecta para acabar siendo víctimas de nuestro propio éxito: un territorio pequeño y con restricciones a la construcción, destino turístico mundialmente deseado, lugar de oportunidades laborales que provoca un importante crecimiento poblacional, y la ausencia de planificación y de gestión política que regule flujos, y que redistribuya la riqueza.

Un cóctel explosivo al que solo le faltaba un ingrediente definitivo para desatar la crisis: la proliferación del alquiler turístico ilegal, una práctica que, al no ser suficientemente perseguida por el Consell d’Ibiza y los ayuntamientos, todas estas instituciones gobernadas por el PP, ha acabado por expulsar a muchos residentes de potenciales viviendas residenciales, desplazándolos en favor de turistas que ocupan esos espacios y contribuyen a la escalada de precios en alquiler, y compra, y haciendo cada vez más inaccesible una vivienda digna y abriendo la puerta a la irrupción del chabolismo, que antes comentaba.

De hecho, algunos empresarios ya han dado la voz de alarma, no podemos seguir ofreciendo una Ibiza de foto paradisiaca y que luego el turista tenga una mala experiencia en su visita, comprometiendo la competitividad de un destino que presume de sus playas paradisíacas y sus paisajes idílicos.

Y, este desequilibrio social y, sobre todo, habitacional, no se ha producido al azar, es consecuencia de la ausencia de gestión política y de una mirada económica y turística cortoplacista; y sin ningún tipo de previsión por parte de nuestros políticos del Partido Popular. Y el ejemplo más claro de esto es el municipio de Santa Eulària des Riu, dónde tras cuarenta años de gobierno conservador, no han construido ni una sola vivienda de protección oficial pública en régimen de alquiler, ni una sola, y hoy es el municipio con la vivienda más cara de España.

Pero los ibicencos no podemos resignarnos a quedar como la mano de obra pobre, tan pobre que ni se puede acceder a una vivienda; y los jóvenes serán quienes más sufrirán la transformación de Ibiza en un plató para turistas y segundas residencias, mientras los locales enfrentan condiciones cada vez más precarias.

Debemos exigir a nuestros gobernantes que rectifiquen un modelo económico que ya muestra claros signos de agotamiento, un modelo que necesita cada vez más mano de obra, más trabajadores que necesitarán un lugar donde vivir, pero que tienen casi imposible costearse. Círculo vicioso, perverso, que lleva a la precariedad, a la paradoja del pobre con trabajo, trabajador sin vivienda.

Sin embargo, el Partido Popular, lejos de modificar el rumbo, siguen apostando por una estrategia basada en la masificación, con la única excepción de la recién aprobada ley para limitar la entrada de vehículos a la isla. Siguen defendiendo un crecimiento ilimitado que no hace más que agravar los principales problemas de Ibiza: el alquiler turístico ilegal, el encarecimiento de la vivienda, el descontrol en las fiestas ilegales, el agotamiento de recursos como el agua y, en definitiva, una proliferación de prácticas irregulares que perjudican a la comunidad

¿Y qué se podría hacer desde ya para cortar esta hemorragia? Aplicar la Ley de Vivienda estatal. El Gobierno socialista de Pedro Sánchez le ha dado esa herramienta a las comunidades autónomas para hacer frente a la especulación: ¿por qué se niega Marga Prohens a poner un tope al precio de los alquileres?, ¿por qué se niega el PP a limitar la venta de viviendas a los residentes? Si no lo hacen, solo queda pensar que la prioridad de estos gobernantes es que se siga haciendo negocio con un bien de primera necesidad como la vivienda, aunque sea a costa de sus vecinos y vecinas. Porque aunque es cierto que el turismo genera riqueza, la política debe de servir para que esta llegue a todos los ciudadanos.

Es hora de frenar, y cambiar, el modelo de turismo de masas cuyo resultado no está siendo el deseado. Es imprescindible ajustar la actividad turística a las necesidades de la población local y diversificar la economía para garantizar un futuro más sostenible. Hace falta repensar la política: regular flujos de turistas, mejor y mayor redistribución de la riqueza, una apuesta total por la diversificación económica y, sobre todo, poner al residente en el centro de toda decisión política.

Sin diversificar nuestra economía, la ciudadanía sufrirá graves desequilibrios sociales, y cada vez veremos más asentamientos chabolistas, mayor desigualdad y una peor calidad de vida. Sin un cambio urgente, el futuro se complica. Solo un modelo sostenible de verdad, que proteja el entorno y cuya política priorice el bienestar del residente, puede garantizar el futuro de la isla.

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