Opinión | Tribuna

La depuradora de sa Coma, ses Feixes y las empresas

En noviembre se sucedieron algunos hechos relevantes vinculados con la gestión del agua. El Ministerio para la Transición Ecológica entregó al Govern balear la mayor obra de la historia en materia hidráulica de Ibiza: la nueva depuradora de sa Coma, que trata aguas residuales de tres municipios, con un caudal diario de 25.000 m3, casi la mitad de todo el que se trata en la isla.

La normativa europea exige que se contemplen el destino y el uso del agua depurada, por lo que, desde Ibiza y ante la necesidad de incluir este requisito en el trámite de evaluación ambiental, se decidió (y así se hizo constar) que el agua ya tratada se destinaría a la regeneración del circuito hidráulico de ses Feixes, un humedal degradado y protegido que alguna vez ocupa a ecologistas y, en apariencia, a las administraciones implicadas, los ayuntamientos de Vila y Santa Eulària y el Consell Insular. Sin hacer ninguna referencia al caudal que se aportaría a la regeneración del humedal, el Ministerio da por bueno el cumplimiento de este requisito. Hay sectores ecologistas a los que no gustan mucho ni los números ni las máquinas, pero no hay que ser un gran experto para ver que, como mucho, en ses Feixes se podría utilizar como máximo un 10% del caudal, aunque ninguna previsión hay sobre el otro 90%. Si al Ministerio se le hubiese dicho la verdad, hubiese incluido en el proyecto las obras necesarias para su reutilización para el riego o para su infiltración en el acuífero subterráneo, ya que el nivel de depuración lo permitiría como agua regenerada. Lo que resulta sorprendente es que ahora, aprovechando la entrega de la depuradora, ni ecologistas ni administraciones se acuerden de esta posible reutilización para la regeneración del circuito hidráulico de ses Feixes. Parece que se han olvidado de ese compromiso.

La obra de la nueva depuradora de Ibiza ha tardado casi ocho años en ejecutarse, mucho más de lo que se necesitaba y se proyectó. Hubo que cambiar el trazado de las conducciones, que supuso un modificado del proyecto y un expediente de expropiaciones de servidumbre de acueducto, lo que retrasó casi tres años la obra; en el nuevo trazado se descubrieron restos arqueológicos de zanjas de cultivo romanas, que obligaron a un otro retraso de casi un año más. En febrero de este año, la obra ya estaba terminada y se inició el periodo de ensayo de seis meses previsto en el contrato. En este tiempo, durante la puesta en marcha progresiva de la planta (tratamiento primario, secundario y terciario), se detecta que uno de los cinco colectores que llevaban el agua residual a la vieja depuradora de Vila, concretamente el de Talamanca, lleva un caudal con una salinidad tan elevada que puede poder en peligro la maquinaria de la nueva depuradora, de modo que se decide no enviarla a la nueva planta mientras se rebaja su salinidad. Por esta razón, aunque se habían cumplido los seis meses de prueba, tuvo que aplazarse desde agosto hasta noviembre la entrega de la planta al Govern balear, que la recepcionó a través de Abaqua y entregó la explotación a la empresa ganadora del concurso convocado para este fin, Facsa, la empresa concesionaria del abastecimiento de agua y alcantarillado de Sant Antoni (donde por cierto no existe este problema de salinidad de las residuales).

Estos son los hechos. El objetivo del convenio entre el Govern balear y el Ministerio, firmado hace más de 15 años para la construcción de la nueva depuradora de Ibiza, no era otro que resolver el problema urgente de la depuración de casi el 50% las aguas residuales de la isla y conseguir un caudal importante de aguas regeneradas para su reutilización y aportación al ciclo integral del agua en la isla. Pero ni el problema se ha resuelto de forma rápida ni se consigue la reutilización del agua. En ambos casos es evidente que ha existido una falta de colaboración y coordinación entre las administraciones con competencias en la gestión del agua: Gobierno central, Govern balear y ayuntamientos. Después de todo este tiempo, resulta que como una parte del agua residual tiene mucha salinidad no se puede tratar en la nueva depuradora. Inconcebible.

Desde hace muchos años, el Ayuntamiento de Ibiza, que presta y cobra por el servicio de alcantarillado y depuración, sabe perfectamente que las aguas residuales del municipio tienen mucha sal. Abaqua -el Govern- también lo sabe desde siempre. Estas dos administraciones han tenido que esperar a que el Ministerio terminara la planta para hacer público este despropósito. ¿Qué han hecho para evitarlo? Nada de nada. Y eso que evitar está salinidad no es un problema complicado: basta con monitorizar el alcantarillado y detectar mediante la medición de la conductividad eléctrica dónde se produce la entrada de sal, ya que el agua de la red de abastecimiento, la que sale por el grifo, es desalada.

Ahora nos dicen que el Ayuntamiento de Ibiza, en coordinación con Abaqua, van a pedir fondos de la ecotasa para eliminar este problema. Así, un problema que tenía que estar resuelto desde hace años se deja pendiente de recibir unos fondos de la ecotasa y no se sabe siquiera cuándo estará resuelto; mientras se sigue sin depurar bien un caudal importante y vertiendo al mar y despilfarrando 25.000 m3 de agua al día.

Mientras tanto, el 14 de noviembre se abrieron los sobres de la ofertas presentadas por cuatro empresas para conseguir la concesión del servicio municipal de abastecimiento de agua y alcantarillado de la ciudad de Ibiza para los próximos 20 años. El servicio lleva desde el año 2015 prestándose en prórroga forzosa por el concesionario, ya que se ha tardado más de ocho años en convocar el preceptivo concurso. Esperemos que el proceso de adjudicación sea lo más trasparente posible, para evitar recursos y litigios judiciales que podrían retrasar la entrada en servicio de la nueva concesión, que incluirá obras de mejora de las redes, incluidas la pluviales, incorporación de las nuevas tecnologías y, por supuesto, solucionar el problema de salinidad que el concesionario actual no ha sido capaz de solucionar y que tantos problemas está ocasionando al funcionamiento de la nueva depuradora de sa Coma.

Las empresas privadas que prestan estos servicios por concesión pública son las responsables de su correcto funcionamiento. El problema de la salinidad del agua residual es responsabilidad de la empresa que gestiona el alcantarillado municipal o de la que gestiona los colectores que transporta el caudal del alcantarillado a la depuradora, contratada por el Abaqua. Cada una tiene en sus contratos respectivos unas obligaciones que cumplir, pero a menudo no quedan definidas de forma expresa en los respectivos pliegos de condiciones de los contratos (cuándo y cómo hay que hacer los controles de salinidad, cuáles son los valores recomendados, qué sanciones tiene el incumplimiento…). Para que funcione bien la depuración es necesario que el caudal efluente de residuales tenga unas características determinadas, y como la sal no se elimina en la depuración, pues no se puede reutilizar el agua depurada, como está ocurriendo ahora pese a tener una nueva y moderna depuradora que se acaba de estrenar. Lo óptimo sería que unos servicios que están tan estrechamente relacionados los realizara la misma empresa y así sería más fácil para la Administración comprobar el funcionamiento del servicio.

Emilio Pérez Echagüe es ingeniero agrónomo.

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