En pie de guerra

Los establecimientos de hospedaje deberán registrar información básica de cada viajero, como nombre completo, número de documento de identidad y otros datos

A pesar de lo que pueda parecer, a tenor del título de este artículo, siento profundamente defraudar a mis lectores, pero hoy no voy a hablar de la contienda de moda abierta recientemente: el cisma y la crisis que se ha despertado en la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera. Y no voy a hablar de ello, porque el sector y los asociados, merecen que nos centremos en lo importante, que caminemos y estemos por la labor de solucionar, de forma proactiva, sus problemas, combatiendo, con uñas y dientes, todo lo que pueda suponer una amenaza para los intereses del sector turístico, la principal industria económica y social de nuestras Baleares. Entre estos temas, hoy traigo a colación otra contienda más interesante de enorme calado, a la que el sector de alojamientos turísticos se enfrenta. Un David contra Goliat en toda regla.

Supongo que no es una sorpresa para nadie, y de todos es conocido, que el sector de alojamientos turísticos está en pie de guerra, ante lo que supone un nuevo abuso y despropósito del Ministerio del Interior con la aplicación e implementación el próximo 2 de diciembre (si no hay una nueva prórroga más) del nuevo Real Decreto 933/2021, donde se establecen las nuevas obligaciones para el registro de viajeros en España.

Para que nuestros lectores entiendan de forma clara la envergadura y las consecuencias de la aplicación de esta nueva normativa, intentaremos sintetizar en qué va a consistir y cuáles van a ser las consecuencias tanto para los viajeros, como para los establecimientos obligados a implementarlo.

Por un lado, se va a obligar a los establecimientos de hospedaje, a quienes ofrezcan los servicios de alquiler turístico, agencias de intermediación y operadores, y empresas de alquiler de vehículos sin conductor, a recopilar datos esenciales de los huéspedes (ustedes incluidos, si se les ocurre viajar y hospedarse en España). Concretamente, los establecimientos de hospedaje deberán registrar información básica de cada viajero, como nombre completo, número de documento de identidad, fecha y lugar de expedición, nacionalidad y fecha de nacimiento, sexo, domicilio completo, teléfono de contacto, dirección de correo electrónico, fecha y hora de la reserva, fecha y hora de entrada y salida, número de personas que se alojarán bajo la misma reserva, tipo de habitación o unidad de alojamiento, régimen alimenticio contratado, precio total de la estancia, forma de pago, datos de la tarjeta de crédito o débito o número de cuenta bancaria (en su caso), relación de parentesco del resto de los ocupantes con respecto al titular de la reserva… y suma y sigue. No solo se deberán recopilar estos datos, sino que, además de comunicarlos a las autoridades competentes, también deberán ser registrados, conservados y custodiados durante un periodo de tres años a partir de la finalización del servicio de hospedaje.

Este despropósito normativo va a suponer una evidente falta de competitividad de nuestro sector, un incremento desproporcionado de datos requeridos, datos que no siempre están disponibles para los hoteles, ni son necesarios para la formalización normal de dichas reservas. También va a llevar consigo una carga administrativa y operativa excesiva, afectando a la eficiencia operativa y la calidad del servicio del cliente. Por otro lado, la falta de claridad de la normativa y la ausencia de un desarrollo legislativo detallado genera inseguridad jurídica entre los operadores turísticos, que se enfrentan a sanciones que oscilan entre los 601 y los 30.000 euros en caso de incumplimiento, por errores o por imposibilidad de recopilar esta información, suponiendo un nuevo giro de tuerca en la presión ejercida hacia el sector.

Pero lo peor de todo no acaba aquí, ya que su implementación plantea conflictos, más que evidentes, con la normativa de protección de datos europea. La propia Agencia Española de Protección de Datos y la Comisión Europea han señalado que las medidas de tratamiento masivo de datos personales previstas en el Real Decreto podrían vulnerar normativas europeas sobre privacidad, exponiendo a los establecimientos a posibles sanciones y acciones legales. De forma que en medio de esta encrucijada, entre el Ministerio del Interior Español, liderado por Grande Marlaska, y los Organismos Europeos de Protección de Datos, se encuentran los hoteleros y demás operadores de hospedaje, que se enfrentan al dilema (a una auténtica paradoja de Russell) de si cumplir con lo que indican los primeros, y ser sancionados por los segundos, o por el contrario, cumplir con lo que les indican los segundos y ser sancionados por los primeros.

Y en este fracaso estrepitoso en la búsqueda del sentido común, el diálogo y el consenso entre las partes, hay aún quienes proponemos una resolución práctica y pacífica del conflicto, limitando la recopilación de datos a lo estrictamente necesario para cumplir con ambas normativas. Mientras, Ceahat (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos), con buen criterio, y a la vista de que el Ministerio del Interior no entra en razón, ha recurrido ante los tribunales esta normativa abusiva, injusta y desproporcionada. Solo esperamos que, al mismo tiempo, se hayan solicitado medidas cautelares, consistentes en la suspensión temporal de la aplicación del decreto para evitar perjuicios irreparables.

Esta es pues otra de las contiendas, entre otras muchas, que nos está tocando vivir. Quizá no tan curiosa y anecdótica como la de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera, pero sí más relevante para nuestros asociados y con más repercusiones para el sector, en ese equilibrio entre las medidas de seguridad y el respeto a las libertades individuales y la privacidad, dentro del marco de la lógica y el sentido común.

«El sentido común es el arte de resolver problemas, no de crearlos.»