Opinión | Tribuna

¿Huelga de alquileres? No, por favor

Esta desobediencia colectiva solo elevaría la tensión en torno a un problema para que el no existen soluciones mágicas

Las comunidades autónomas no pueden seguir dando la espalda a los jóvenes con formación y empleo que son incapaces de alquilar o comprar una vivienda con el sueldo que cobran. Su hartazgo es de tal calado que se han lanzado en masa a las calles de las grandes ciudades del país, apoyando manifestaciones de activistas de la vivienda que hasta ahora estaban volcados en defender los intereses de los colectivos vulnerables y no los de los aspirantes a clase media.

En ese sentido hay que entender que Barcelona congregara el sábado a 22.000 personas -según la Guardia Urbana- y se sumara así a las protestas previas que ya se habían producido en Madrid y Valencia. En todos lados exigen rebajas de las rentas de alquiler del 50%, contratos indefinidos y pisos vacíos devueltos al mercado. De lo contrario, amagan con dejar de pagar sus mensualidades. La huelga del alquiler.

Esta desobediencia colectiva sería una pésima noticia, que solo elevaría la tensión en torno a un problema para que el no existen soluciones mágicas y que no se resolverá con medidas de presión. Tampoco debe criminalizarse a los propietarios. No todos son grandes tenedores o especuladores. También existen rentistas legítimos. Además, actuar así puede ser contraproducente, ya que cabe esperar que, ante el riesgo de inseguridad, retiren sus casas del mercado, como ya ha sucedido en Barcelona, mucho más rápido que en Madrid.

El papel más activo para resolver el déficit habitacional ha de corresponder a las administraciones públicas competentes, que tienen que enfrentarse al problema -la falta de vivienda- y no a los síntomas -las subidas de precios-. Urge construir más viviendas acordes a los salarios y crear un parque de pisos en alquiler a largo plazo, con incentivos fiscales para los inversores. También hay que desarrollar vivienda asequible en suelo público, con ayuda del sector privado. Falta seguridad jurídica para atar en corto a los especuladores y sobra burocracia para ralentizar las obras. Como muy bien dice Albert Sáez, todo ello supera los límites temporales de las legislaturas, por lo que es necesario llegar a un pacto entre todos los que en algún momento aspiran a gobernar, las empresas y los conocedores del sector.

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