El Govern siempre nos ha tomado el pelo en la gestión del agua

Hace unos días se celebró en el Consell, por segunda vez este año, la Junta Insular de Aguas de Eivissa, con la asistencia del conseller del Govern, director general de Recursos Hídricos, gerente de la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua), presidente del Consell y representantes de los ayuntamientos y usuarios. Por lo menos es de agradecer el interés mostrado, ya que con la Administración anterior la Junta sólo se reunió dos veces en ocho años. 

En esta última reunión se facilitó mucha información sobre la situación de los recursos subterráneos, las concesiones existentes, los usos autorizados y el estado actual de las masas de agua, datos teóricos importantes, aunque se reconoce que no se sabe muy bien si son reales, ya que los organismos competentes del Govern no disponen de información in situ y comprobada. Una situación difícil de entender si hubiese un mínimo de policía hidráulica y se comprobase en los contadores de los sondeos si se están cumpliendo las condiciones de las concesiones. Antes había celadores, pero desde que tenemos las competencias han desaparecido. Parece que existe la voluntad de instalar una red de contadores digitales en los sondeos de abastecimiento en camiones para así conocer en tiempo real las extracciones de agua subterránea, una buena medida que se podría haber adoptado hace ya mucho tiempo.

Otro de los temas que se puso sobre la mesa de la Junta y que más preocupan es la salinidad de las aguas residuales, que impide la reutilización del agua regenerada. La dirección general de Recursos Hídricos está demostrando interés en solucionar este problema fundamental para completar el ciclo del agua y hacerlo de forma eficiente, monitorizando las redes de alcantarillado para saber de forma exacta dónde se produce el incremento de salinidad y qué y quién lo provocan. Lo que resulta inexplicable es que no se haya hecho antes, porque el problema de la elevada salinidad de las aguas residuales se conoce desde hace muchos años. Tampoco se entiende que haya que pedir fondos del impuesto de turismo sostenible para este tema, como ha hecho el Ayuntamiento de Eivissa. En cualquier caso, hay que hacerlo ya, porque la nueva depuradora de sa Coma tiene muchos problemas de funcionamiento a causa de esta salinidad que entra en la planta y afecta al funcionamiento de la maquinaria instalada, impidiendo su correcto funcionamiento y obligando a seguir vertiendo al mar 25.000 toneladas de agua al día, que se podrían reutilizar.

También se dio a conocer, como gran titular, una inversión de 34 millones de euros para los próximos años de legislatura, con un desglose más o menos preciso de su destino; por lo que se dijo, no está previsto ni un solo euro para las infraestructuras que se necesitarían para la reutilización del agua regenerada de la nueva depuradora de sa Coma.

Lo que no se dijo en esta Junta Insular de Aguas, y ahí radica la tomadura de pelo permanente que nos viene haciendo el Govern balear desde hace muchos años, es cuánto recauda cada año en Eivissa por el canon de saneamiento y por la venta de agua desalada. Estos ingresos que pagamos los ibicencos no están publicados en ningún sitio, aunque sea obligatorio por el principio de recuperación de costes hacerlo por islas; lo único publicado es que en 2024, en el conjunto de Baleares, se recaudarán más de 90 millones de euros.

Este secreto es muy fácil de desenmascarar, porque son los ayuntamientos los que recaudan este canon. En la isla de Eivissa serán como mínimo 13 o 14 millones de euros. Lo que queda por conocer es cuánto se gasta luego el Govern en la explotación, mantenimiento y conservación de todos los colectores y depuradoras de la isla. Pues bien, resulta que hace unos días Abaqua ha sacado a licitación estos servicios en los próximos cuatro años, para que las empresas interesadas presenten sus ofertas, y el coste máximo anual previsto para los dos lotes de todas las depuradoras de Eivissa y Formentera es de 8,2 millones para el lote 10, y de 9,6 millones para el lote 11: en total 17,8 millones de euros para todas las depuradoras en cuatro años, es decir 4,45 millones por año como máximo. Si se recaudan unos 13 o 14 millones, el negocio es redondo, casi 10 millones. Y así viene siendo desde hace muchos años. Es curioso que nunca nadie haga alusión a la recaudación del canon de saneamiento cuando hay que financiar inversiones; se piden fondos de la ecotasa, pero nunca del canon de saneamiento, que es un impuesto finalista que se tiene que dedicar al saneamiento y la depuración del ciclo del agua.

El Govern balear asumió inadecuadamente las competencias en la administración hidraúlica, ya que cada isla es una demarcación hidrográfica, como define la Directiva Marco del Agua y tal como ocurre en las Canarias, donde cada isla tiene las competencias sobre el dominio público hidráulico. Las competencias sobre los servicios básicos del agua (el abastecimiento, el saneamiento y la depuración) son de los ayuntamientos y de obligada prestación, así que no se entiende que, si la norma lo exige, si hemos sido capaces de asumir competencias en ordenación del territorio y agricultura, dos sectores muy relacionados con el agua, que no seamos capaces de asumir las competencias en la gestión del agua y la administración hidráulica. 

Ciertamente es un proceso complejo, que no se puede hacer de un día para otro, pero hay que empezar ya con un plan insular de gestión sostenible del ciclo del agua. ¿Cómo sería hoy la situación del ciclo del agua si hubiésemos recibido las competencias hace 20 años? Seguro que mucho mejor. Se han invertido muchos millones, pero la falta de coordinación y colaboración entre las administraciones públicas (Gobierno central, Govern balear, Consell y ayuntamientos) han provocado retrasos eternos en la ejecución y puesta en servicio de las infraestructuras; alguna incluso no se ha llegado a poner en explotación, como ha ocurrido con la balsa de sa Rota. Y más ejemplos de descoordinación: la desaladora de Santa Eulària estuvo terminada en 2013 y hasta 2018 no entro en funcionamiento, la interconexión de las desaladoras estuvo parada dos años por las expropiaciones de acueducto al proyectar el ramal a Sant Miquel de forma paralela al carril bici de la carretera que estaba ejecutando el Consell, la depuradora de sa Coma ha estado tres años parada por un modificado del trazado de las tuberías de subida y bajada del caudal y los correspondientes expedientes de expropiación, y ahora la nueva depuradora de sa Coma tiene instalados hasta filtros ultravioletas, pero el agua que recibe es tan salada que impide el correcto funcionamiento de la planta y que se pueda reutilizar el agua regenerada. 

La coordinación y colaboración entre las administraciones públicas que intervienen en la gestión del agua no es solo un principio de obligado cumplimiento por la normativa europea, si desde el Consell se asumiera directamente esta gestión, muchos de estos problemas dejarían de existir. El camino no es fácil, pero no hay otra alternativa que coger el toro por los cuernos. No valen excusas de que las competencias tienen que estar bien dotadas, porque en los servicios del agua, quien los usa los tiene que pagar, al margen de las importantes inversiones que se declaran de interés general y que se ejecutan con fondos estatales.

Emilio Pérez Echagüe es ingeniero agrónomo.

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