Opinión | Editorial

Es necesario poner tope al precio del alquiler

El problema de la vivienda requiere un abordaje insular. El plan de Vila es insuficiente

El Plan Integral de Vivienda que ha anunciado el Ayuntamiento de Ibiza contempla todos los frentes que se deben abordar en el grave problema de la falta de vivienda a precio asequible y para todo el año salvo uno, fundamental: poner límites a los precios del alquiler, una línea roja que el PP no está dispuesto a traspasar. Este partido ha hecho bandera de su oposición a la ley estatal de vivienda que sacó adelante el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos hace un año, y que permite a las comunidades autónomas tomar esta medida en territorios tensionados (Balears lo es, especialmente Ibiza y Formentera) con el fin de contener la subida de los precios y la espiral especulativa en torno a los inmuebles. Una decisión sobre la que las direcciones territoriales del partido deberían recapacitar, sobre todo en lugares donde la falta de vivienda para los residentes y trabajadores de temporada ha provocado una crisis social de alarmantes proporciones, y que tiene su manifestación más lamentable y visible en la proliferación de poblados de chabolas, tiendas de campaña y todo tipo de vehículos usados para vivir. Ante esta situación límite, renunciar a utilizar una herramienta como la regulación de los precios de los alquileres por un empecinamiento partidista es un grave error que pone en cuestión la capacidad de los responsables políticos para establecer prioridades ante problemas tan graves que atraviesan a toda la sociedad, lastran la economía y que deberían concitar un consenso para aplicar las soluciones más eficaces. Un ejemplo más que evidencia que el problema ya se nos ha ido de las manos es el poblado chabolista de Can Raspalls (perteneciente a Sant Josep), que ha multiplicado por tres su población en solo un mes: en mayo había un centenar de residentes y ahora son unos 300. Las infraviviendas seguirán aumentando por toda la isla, y la desesperación de gran parte de la población, que no tiene ninguna expectativa de que su situación mejore a pesar de tener trabajo y sueldo fijo.

El plan de Vila se basa en la construcción de un millar de viviendas en los próximos cuatro años, que incluyen proyectos que ya están en marcha desde hace años, como las VPO de Ca n’Escandell. El Ayuntamiento cederá dos solares al Ibavi para VPO y otros dos para que alguna constructora privada edifique viviendas de alquiler a un precio tasado (una posibilidad incluida en las medidas urgentes de vivienda del Govern balear). Lo que no ha explicado Vila es qué consecuencias tiene cambiar el uso de dos solares, dedicados a infraestructuras educativas (uno es el de la antigua escuela Sa Bodega y el otro, donde se proyectaba una escoleta) y que ahora servirán para edificar pisos que tardarán años en ser realidad. Precisamente la falta de planificación de suelo para equipamientos (educativos, sanitarios, deportivos, industriales, etc.) es una de las graves carencias del urbanismo de la isla. También faltan los detalles, importantes, sobre una cesión de suelo público a empresas privadas. En cualquier caso, construir pisos no es una medida de eficacia inmediata como poner límites a los precios y establecer un control sobre un mercado absolutamente desquiciado por la especulación.

El problema no es que no haya vivienda en las Pitiusas, que la hay, sino el uso que se le da, pues se ha convertido en un negocio para sacar enormes beneficios, ya sea mediante el alquiler turístico (a menudo ilegal) o el arrendamiento a residentes o trabajadores de temporada a precios astronómicos. En muchas ocasiones, a espaldas de los propietarios, ya que son los inquilinos quienes subarriendan habitaciones a pesar de no poder hacerlo.

La lucha de los ayuntamientos y el Consell contra estos abusos debe ser implacable y coordinada, y en este sentido hay que aplaudir que Vila haya habilitado una opción en la Línea Verde para denunciar pisos turísticos ilegales. Acabar con la impunidad de quienes se lucran con este negocio debe ser una prioridad, pues la falta de medios de control y las dificultades de las complejas tramitaciones de los expedientes sancionadores hasta que efectivamente el infractor paga la multa hacen que para muchos merezca la pena arriesgarse, por las pingües ganancias que pueden lograr. Es el caso de la propietaria de una VPO cuyas habitaciones alquilaba en Airbnb por 180 euros la noche. Por mucha vivienda que se construya, aunque sea de protección oficial, si luego se destina a la especulación el problema no se solucionará, simplemente habrá más pisos con los que más desaprensivos podrán hacer negocio. Por otra parte, no se está tomando ninguna medida para evitar que cada cual ponga los precios que quiera, por disparatados que sean, por lo que la burbuja no deja de inflarse.

El plan de Vila, además de insuficiente, pone de manifiesto la carencia de una política de vivienda insular, en la que los cinco ayuntamientos y el Consell estén alineados. Es urgente un frente común en el que participen las seis instituciones para buscar soluciones eficaces y que tengan efectos inmediatos, como el control de los precios. La grave situación que vivimos es el resultado de no haber actuado a tiempo. No podemos seguir dando palos de ciego y alimentando esta olla a presión que puede estallar en cualquier momento.