Opinión | Tribuna

La saturación turística, una cuestión de límites

Ahora que la principal fuerza política de Baleares ha decidido abandonar su pertinaz negacionismo de la saturación turística y ha incorporado a su discurso y a su gestión de gobierno lo que es una evidencia incontestable desde hace años, parece que estamos en las mejores condiciones para hacerle frente.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha situado el asunto de la masificación y sus consecuencias en la agenda del Govern cuando el malestar social es ya una olla a presión, incluso entre los propios votantes del PP y en su nutrida base empresarial. Pero no estamos ante un fenómeno reciente. Los grandes conflictos no aparecen cuando los responsables políticos los reconocen y deciden darles carta de naturaleza, sino que la mayoría de las veces se han ido inflamando lentamente durante mucho tiempo mientras se ignoraban los síntomas y se mantenían las condiciones para que siguieran agravándose. La saturación de ahora es el resultado de haber negado la realidad y de no haber puesto límites en su momento, cuando las voces sensatas que alertaban de los efectos autodestructivos del desenfreno eran desacreditadas de malos modos y tachadas de turismofóbicas por muchos políticos y empresarios que ahora se rasgan las vestiduras.

Una vez que ya estamos (casi) todos convencidos de que existe un problema de masificación, la iniciativa de Prohens de abrir un amplio debate entre todos los actores involucrados, para alumbrar estrategias de actuación que gocen de amplio respaldo, es oportuna aunque llegue muy tarde. Y poner al profesor Antoni Riera a coordinar este proceso de reflexión, análisis y participación ciudadana es desde luego una garantía de que los trabajos se harán de manera seria y solvente. Otra cosa es lo concretas y ambiciosas que acaben siendo las conclusiones de unos trabajos en los que a menudo habrá fuerzas e intereses antagónicos remando en direcciones opuestas. Por eso no sería de extrañar que los aspectos más espinosos acaben cerrándose con un diagnóstico certero, pero ofreciendo un abanico de alternativas a las administraciones o sectores concernidos más que una hoja de ruta precisa y de consenso. En cualquier caso, la responsabilidad de tomar las decisiones importantes corresponderá finalmente a las instituciones públicas.

Partamos de una obviedad elemental: para acabar con la masificación turística habrá que reducir la afluencia de visitantes hasta alcanzar unas proporciones sostenibles que nuestras islas puedan gestionar sin comprometer su futuro. Y este objetivo se puede lograr disminuyendo los contingentes que llegan a nuestro limitado territorio insular o distribuyéndolos de otro modo a lo largo del año, es decir, desestacionalizando. Pero en ambos casos habrá que establecer una base previa en la que no será fácil ponerse de acuerdo: cuál es la carga excesiva que soportamos. O dicho de otro modo: cuáles son los niveles de afluencia que consideramos aceptables y a partir de los cuales caemos en la saturación insostenible que obliga a prescindir de la masa sobrante. Sin fijar los aforos máximos -de vehículos, desde luego, pero sobre todo de personas- no será posible evitar eficazmente la masificación.

Formentera fue pionera en regular la entrada de vehículos en la isla y ahora el Parlament balear ha comenzado a tramitar una ley para hacerlo posible también en Ibiza. Pero no nos engañemos, la verdadera restricción imprescindible para combatir la saturación y gestionar la afluencia turística no es la de los coches, sino la de los aviones. El número de ‘slots’ u operaciones aéreas que se autorizan en los tres aeropuertos insulares es la verdadera llave de paso para controlar la masificación.

Y resultaría imprescindible también erradicar el alquiler de pisos a turistas, que ha originado un crecimiento descontrolado de la afluencia turística y hace inaccesible el acceso a la vivienda para los residentes, hoy en día el mayor problema económico y social de nuestras islas. No basta ya con eliminar plazas de la oferta reglada, porque así se fomentaría también el desvío de más viviendas al alquiler turístico; simple y llanamente, hay que evitar que cualquier vivienda pueda convertirse en un alojamiento turístico.

No habrá soluciones inocuas o que no impacten sobre actividades o negocios concretos del sector, de manera que aflorarán muchas resistencias. Sé que reducir el número de vuelos en un escenario de alta demanda puede encarecer el precio del transporte aéreo para los visitantes, que habrá que lidiar con los intereses de AENA, el gestor de los aeropuertos españoles, en cuya gestión no pintan nada las instituciones de Baleares, que cotiza en bolsa y basa precisamente sus grandes beneficios en las islas en maximizar el número de operaciones. Soy consciente de que acabar con el alquiler turístico (tan sencillo de gestionar hoy en día gracias a la intermediación de las grandes plataformas globales en internet) es una tarea titánica que no depende únicamente de la voluntad política o de decisiones administrativas, y que incluso puede colisionar con el derecho de propiedad. Y todos sabemos las limitadas posibilidades de la desestacionalización, porque llevamos años fracasando en el intento; a lo sumo se han logrado pequeñas prolongaciones de la temporada por sus extremos, siempre adaptadas al calendario de apertura y cierre de las grandes discotecas y sin ningún efecto de descongestión en los meses de mayores aglomeraciones; en los próximos años, el cambio climático puede contribuir a desestacionalizar algo más un cierto tipo de turismo, pero los periodos de vacaciones laborales y los calendarios escolares en España y en el resto de Europa seguirán jugando en nuestra contra.

Desmasificar y poner límites no es fácil. Hará falta conciencia cívica y mucha determinación política. También para transformar a la vez el modelo turístico para que la rentabilidad venga más por la calidad que por la cantidad, por el valor añadido al producto más que por el volumen del negocio, como predica con buen criterio el vicepresidente y responsable económico del Govern, Antoni Costa. Pero si no asumimos estos retos como una prioridad colectiva y no somos capaces de cambiar las cosas cuanto antes, no solo pondremos en peligro la principal fuente de riqueza del archipiélago para las próximas generaciones, sino que nos arriesgamos a un estallido social ante la imposibilidad de acceder a la vivienda en condiciones asequibles y de sobrevivir dignamente. Nos jugamos mucho en este envite.

Suscríbete para seguir leyendo