25 años del Patrimonio de la Humanidad: luces y sombras

La declaración de Ibiza como Patrimonio de la Humanidad en 1999 supuso un hito, fruto de la perseverancia y el trabajo conjunto de muchas personas, también políticos de signo contrario, que sumaron esfuerzos para conseguir un reconocimiento que significó un antes y un después para la isla. La feria medieval se organizó por primera vez al año siguiente, con el objetivo de celebrar la designación de la Unesco, pero sobre todo de atraer a Dalt Vila a los ibicencos y divulgar entre la población el valor y la singularidad del casco histórico de la ciudad, pues era muy desconocido entre la propia población de la isla. Este año se conmemora el 25 aniversario del nombramiento de Ibiza como Patrimonio Mundial y es el momento para hacer balance de lo conseguido a lo largo de este cuarto de siglo. Ibiza Medieval ha sido un rotundo éxito desde el principio y rápidamente se convirtió en la cita más multitudinaria de la isla, que atrae de forma masiva no solo a los residentes, sino a miles de personas procedentes de toda España y del extranjero. Las cifras son contundentes: el año pasado, más de 180.000 personas pasaron por la feria, y este año el Ayuntamiento se propone superar las 200.000.

El impacto de esta declaración ha sido clave para potenciar el atractivo de la isla como destino de turismo cultural, y diversificar la promoción más allá del sol, playa y discotecas. Ha servido también para mejorar la conservación del casco histórico y para valorar su extraordinaria importancia. Ligar el nombre de Ibiza a las demás ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad (que precisamente se reúnen estos días aquí) es impagable: más eficaz para la imagen de la isla que todas las campañas promocionales que puedan hacerse.

Pero también hay sombras en estos 25 años. Si bien la conservación de las murallas y de todo el casco histórico de Dalt Vila ha mejorado considerablemente en este periodo, no ocurre lo mismo en el poblado de sa Caleta, el primer asentamiento fenicio que hubo en la isla, donde todavía no se ha conseguido abrir el centro de interpretación, aunque ya está más cerca. Por lo que respecta a la posidonia, la planta marina endémica del Mediterráneo fundamental para el ecosistema y para garantizar la transparencia de las aguas, en este tiempo ha mejorado mucho su gestión en las playas y el conocimiento sobre su relevancia medioambiental, pero también sabemos lo frágil que es y cómo le afectan las agresiones, que lejos de disminuir, aumentan: los fondeos, los vertidos de aguas residuales (de depuradoras y barcos), la salmuera de las desaladoras y el calentamiento del mar como consecuencia del cambio climático. La protección de la gran pradera de posidonia situada entre las Pitiusas como Patrimonio de la Humanidad sirvió precisamente para difundir el papel crucial que desempeña esta planta en las aguas y las costas pitiusas, y para acometer regulaciones para protegerla, como la prohibición de los fondeos o la instalación de campos de boyas en determinados lugares. El cuarto bien que protegió la Unesco en 1999 fue la necrópolis fenicio-púnica de es Puig des Molins, que es ahora más conocida y apreciada por parte de la población, pero donde aún queda mucho trabajo que hacer, tanto en investigación arqueológica como en la divulgación de su relevancia histórica. En este caso, hay que lamentar la tardanza en reabrir el Museo Arqueológico de Dalt Vila, cerrado desde hace la friolera de 14 años. Por el contrario, este año habrá que celebrar, si se cumplen los plazos, la puesta en funcionamiento del Parador, un proyecto que arrastra numerosos retrasos y dificultades de toda índole (las obras empezaron en 2009), y que dinamizará Dalt Vila también durante la temporada media y baja.

Revisar las asignaturas pendientes

El 25 aniversario de la declaración de la Unesco debe servir para revisar con ánimo crítico -pero a la vez constructivo- las asignaturas pendientes en torno a los bienes protegidos, especialmente por lo que respecta a la posidonia, el yacimiento de sa Caleta y la necrópolis de es Puig des Molins, y plantear un plan de actuación para garantizar su conservación en las mejores condiciones y su promoción. Este reconocimiento implica una serie de obligaciones por parte de las Administraciones públicas responsables (todas: desde el Gobierno central hasta el Govern, los consells y los ayuntamientos), que deben estar a la altura de tamaña responsabilidad y seguir trabajando con el mismo espíritu de consenso que hizo posible la declaración hace 25 años.