Tribuna

La gestión sostenible del agua en Ibiza ha de ser insular

Aunque casi todos los ayuntamientos de Ibiza han aprobado un plan de gestión sostenible de cada municipio, lo cierto es que nunca podrán alcanzar el objetivo que se propone, que no es otro que asegurar a largo plazo la cantidad y calidad del suministro de agua a los ciudadanos. Las razones son muy simples, el abastecimiento de agua, tanto de la subterránea como de desalada, nada tiene que ver con los límites municipales; el agua desalada es insular y supone más del 70% del abastecimiento urbano, y las masas de agua subterránea tampoco tienen nada que ver con los términos municipales.

En los objetivos de esos planes municipales se omite otro objetivo básico de sostenibilidad del ciclo del agua: evitar los vertidos al mar mediante la reutilización del agua regenerada, lo cual tampoco tiene que ver con los municipios. La supuesta reutilización para el baldeo y riego de jardines apenas supone un 5% del caudal que se depura, el 95% restante habría que destinarlo al riego y a la posible recarga de los acuíferos.

Para solucionar el mayor problema medioambiental que hemos creado en la isla en los últimos 50 años, por la sobreexplotación de las masas de agua subterránea y la consiguiente salinización por intrusión marina, como en el litoral, donde hemos vertido y seguimos vertiendo agua residual mal depurada, que contamina con materia orgánica, sólo cabe el doble objetivo de recuperar los acuíferos y el litoral de nuestras playas y calas. Cualquier inversión y actuación que se plantee en la gestión del agua tiene que perseguir alguno de estos objetivos prioritarios. Y para ello hay que establecer prioridades, porque los grandes problemas no se solucionan con unos planes de gestión sostenible que solo plantean actuaciones puntuales en su respectivo municipio en temas que quedan bien, pero sin concretar en cuánto van a contribuir al objetivo. La explicación es también sencilla: el problema no es municipal, sino insular, y quedaría muy mal que un ayuntamiento reconozca que con sus tibias medidas apenas aporta un 5% de ahorro.

Las administraciones públicas, como responsables de este bien de dominio público que es el agua, tienen que ser las que lideren las inversiones y las actuaciones para conseguir la recuperación de los acuíferos y acabar con los vertidos de agua depurada al mar. La solución pasa por apostar de forma decidida por los recursos no convencionales o alternativos, el empleo de agua desalada y la reutilización de la regenerada.

En el Ayuntamiento de Santa Eulària encontramos claros ejemplos. En su último pleno ordinario volvió a aprobar, por segunda vez de forma inicial (la primera fue hace año y medio), una ordenanza municipal de gestión sostenible del agua. Esta nueva aprobación se justificó por el calado de las ocho alegaciones presentadas por sectores empresariales importantes de la isla, hoteleros, constructores, particulares y el grupo municipal del PSOE. El pleno denegó todas las alegaciones y los cambios introducidos en la nueva aprobación inicial son casi insignificantes: por ejemplo, se cambia la expresión ”uso racional” por “ordenación integral”, pero se mantiene todo lo demás, que establece siempre muchas más obligaciones y cargas administrativas a los usuarios, sobre todo a los grandes consumidores: planes de gestión individuales cada cuatro años, auditorías del plan cada dos años, incluida la reutilización de aguas grises de duchas y baños para cisternas, la renovación de los instrumentos de bajo consumo, inspecciones y sanciones. No está mal y nadie se puede oponer a estas medidas de ahorro, pero el error está en que se obliga sólo a los usuarios, no hay ningún otro compromiso municipal. Lo único que supuestamente impulsará el Ayuntamiento son las inspecciones y los expedientes sancionadores.

Hace más de 20 años que se terminó una obra muy importante para reutilizar agua regenerada, que incluye la balsa de sa Rota, con capacidad para 250.000 m3; la pagó toda el Gobierno central y la cedió al Govern balear, pero nunca se ha puesto en marcha y seguimos vertiendo al mar toda el agua depurada. Por cierto, la depuradora de Santa Eulària se ha renovado recientemente con una inversión del Gobierno central de más de 7 millones de euros, y Abaqua acaba de anunciar el inicio de las obras de un nuevo emisario submarino, valorado en otros 5 millones de euros. En la ordenanza municipal nada se dice de la reutilización del agua depurada y del funcionamiento de la balsa de sa Rota, con la excusa de que el agua depurada es muy salada. Tampoco se sabe qué institución, Govern, ayuntamiento o consell, sería la competente, y por si acaso ni se menciona en la ordenanza.

Si la Administración quiere imponer obligaciones a los usuarios, antes tiene que dar ejemplo y actuar de forma decidida. Intentar que todo el abastecimiento urbano se realice con agua desalada para mejorar los acuíferos y poner en marcha proyectos que permitan la reutilización de caudales importantes. Por volver al caso de Santa Eulària, en lugar de verter al mar todas las aguas residuales del casco urbano, es Canar, Sant Carles, reutilizarlas para regar 400 hectáreas. Este tipo de medidas serían las que contribuirían de verdad a la solución.

En el caso del abastecimiento del agua y el saneamiento, todos los servicios municipales se prestan de forma indirecta mediante concesión a largo plazo. La preparación de estas licitaciones requiere dos años o más; si vence el plazo de la concesión se acaban las inversiones y las mejoras del servicio; las prórrogas son ilegales y perjudiciales para el servicio público. El único ayuntamiento de Ibiza que ha licitado un nuevo concurso fue Sant Antoni, donde la concurrencia entre las mayores empresas del agua permitió obtener 10 millones de euros para inversiones. En Vila, la concesión caducó en 2015 y ahora se va a licitar con unas inversiones previstas de casi 20 millones de euros. Valoro las palabras del concejal responsable, asegurando que el nuevo servicio de abastecimiento y alcantarillado de la ciudad estará adjudicado en 2024. Sólo nos queda ver, antes de final de año, la publicación de esta licitación tan necesaria y esperada. Con la nueva adjudicación, Vila podrá contar con una nueva manera de gestionar el ciclo del agua en el municipio, llegarán inversiones y los fondos europeos que tanta faltan nos hacen. En Santa Eulària la última prorroga vence en 2025 y ya llega tarde en la tramitación si quiere tener en el 25 un nuevo concesionario y las inversiones que se le exigirán.

Es muy loable que un ayuntamiento se proponga hacer una ordenanza de gestión sostenible, pero no deja de ser un quiero y no puedo. Debería ser el Consell el que, en colaboración con los municipios, elabore un verdadero plan insular de gestión sostenible del ciclo integral del agua. La regulación de este plan insular debería formar parte del Plan Territorial Insular (PTI) para que fuera una norma de obligado cumplimiento. No olvidemos que el agua es una parte trascendental para la ordenación del territorio.

No es fácil, pero tampoco es imposible. Somos una isla y estamos rodeados de agua, así que nunca nos faltará; tenemos que usarla, reutilizarla como agua regenerada y no verterla al mar si queremos recuperar otros de nuestros valores naturales: las calas, las playas y la posidonia. Estos objetivos no se pueden conseguir de un día para otro y es difícil estimar cuántos años hacen falta para conseguirlo, pero empecemos ya lo que sólo depende de nosotros.

Aunque se tenga por cumplida la obligación de tener un plan municipal, se trata sólo de un requisito administrativo que nos han colado desde Mallorca en el Plan Hidrológico Balear. Nadie puede negar que sería mediante un plan insular como avanzaríamos mejor y de forma más eficiente.

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