Tribuna

Las administraciones y la ejecución de obras para la gestión del agua

Hace pocos días se han reunido en el Consell de Ibiza el conseller del Govern con competencias en la gestión del ciclo del agua, el gerente de Abaqua y el presidente del Consell. Las declaraciones tras la reunión son en teoría ilusionantes, porque se anunciaron inversiones de más de 130 millones en obras hidráulicas. Dicen que en parte procederán del impuesto turístico, pero no se aclaró qué obras se van a ejecutar, ni cuándo ni cómo. Nada se dijo tampoco sobre la posibilidad de que Ibiza gestione el abastecimiento y el saneamiento, una parte importante del ciclo del agua en la isla, competencia exclusiva de los ayuntamientos y de prestación obligatoria.

El Consell de Ibiza elude sus responsabilidades en este terreno, ya que la coordinación y la colaboración con los ayuntamientos es una obligación importante en la gestión del abastecimiento y el saneamiento de agua, que en muchos casos tiene carácter supramunicipal o insular. Un organismo formado por el consell y los ayuntamientos podría empezar a constituirse y seguro que habría una mejora importante de la gestión del agua.

Soy muy escéptico sobre las posibilidades de que las inversiones anunciadas lleguen a buen fin, que se ejecuten y entren en servicio. La razón es muy sencilla: en estos últimos 15 años se han ejecutado en Ibiza inversiones de cientos de millones de euros, en gran parte por iniciativa del Gobierno del Estado, y prácticamente ninguna de las obras se ha ejecutado en plazo y con el presupuesto previsto. En la mayoría de los casos ha sido por falta de coordinación entre el inversor (el Gobierno central) y el explotador (el Govern balear a través de Abaqua). Los ejemplos son numerosos, e incluso hay alguna inversión, como la balsa de sa Rota de riego con agua regenerada, construida hace más de 20 años, que nunca se ha puesto en explotación a pesar de que es muy necesaria para evitar el vertido de agua depurada al mar.

La desaladora de Santa Eulària estuvo más de cinco años terminada y sin que pudiera comenzar a funcionar. Y aún no se sabe quién tiene que pagarla. La depuradora de sa Coma hace más de tres años que debía estar en servicio y aun no sabemos cuándo lo hará y en qué condiciones. Lo que sí sabemos es que no hay ningún proyecto para reutilizar el agua depurada que producirá, más de 25.000 toneladas diarias, que es más de un tercio del total de agua depurada de la isla. En lugar de invertir para reutilizar el agua depurada -inversión compleja pero necesaria-, la Administración ha preferido invertir en emisarios submarinos, como el de Talamanca; dentro de unos días el de Santa Eulària, y ya se anuncia una licitación para otro en Cala Llonga, donde está la única planta que no vierte al mar, ya que toda el agua que depura se usa para regar el campo de golf de Roca Llisa.

Y otro caso elocuente es la construcción de una nueva depuradora en Portinatx. Desde 2014 el Ayuntamiento de Sant Joan intenta sacar adelante esta planta, tan importante y necesaria. La redacción del proyecto y la tramitación medioambiental se eternizan; en 2018 el proyecto logra una subvención del 50% del coste, procedente del impuesto de turismo sostenible (unos 2,2 millones de euros) y por fin en 2022 se licita la redacción del proyecto técnico dos veces consecutivas, y aun duplicando el importe de los honorarios, queda desierta. Es decir, desde que se toma la decisión de hacer una nueva depuradora han pasado casi 10 años y aun no se ha conseguido ni lo más elemental: tener el proyecto de la planta para poder licitar la construcción.

Como se ve, los antecedentes no permiten ser optimistas si no mejora la coordinación y la colaboración entre las administraciones públicas. Se tarda mucho tiempo en tramitar y contratar las distintas fases de ejecución de una obra hidráulica. Si sumamos los plazos mínimos de cada una de ellas, veremos que pasan los años sin conseguir el objetivo. Y si se llega a conseguir, los costes y los plazos suponen problemas importantes. Hay que prever y planificar las inversiones con mucho tiempo de margen. En el caso del agua todos los servicios municipales se prestan de forma indirecta, mediante concesiones de larga duración; preparar su licitación puede requerir dos años o más. Y si mientras tanto acaba el plazo de la concesión anterior, deja de haber inversiones y mejoras en los servicios.

Las prórrogas de las concesiones son ilegales y perjudiciales para el servicio público. En Vila la concesión caducó en 2015 y sólo ahora, ocho años después, parece que se va a licitar, con unas inversiones previstas de casi 20 millones de euros. En Santa Eulalia la concesión vence en 2025, de modo que si no se empieza ya a tramitar una licitación, cuando se extinga la concesión actual no habrá adjudicatario ni habrá inversiones y mejoras.

No solo hay que ser eficaces y alcanzar el objetivo, hay que tener en cuenta los plazos, los costes y los perjuicios ocasionados: hay que ser eficientes. La eficiencia es la capacidad de realizar una tarea o alcanzar un objetivo utilizando la menor cantidad de recursos posibles, como tiempo, dinero, energía o materiales. En términos simples, se trata de hacer más con menos. Así que es una obligación de las administraciones públicas actuar con eficiencia.

La legislación permite una tipología de contrato basada en la colaboración público-privada, y en la gestión del agua se emplea muy a menudo. Se trata de la contratación conjunta de las tres fases (proyecto, construcción y explotación). No se entiende cómo no se emplea este tipo de licitación, que permitiría ser mucho más eficientes, conseguir antes el objetivo gastando menos dinero, y sobre todo resolviendo problemas más que urgentes y necesarios, como es el caso de la depuración de aguas residuales en un núcleo importante de población, que en verano concentra a más de 10.000 personas. En el caso de la depuradora de Portinatx, hace tiempo que estaría en funcionamiento si el Ayuntamiento, que tiene los recursos económicos suficientes y un anteproyecto, hubiese licitado un concurso de proyecto, obra y explotación.

La Administración no tiene medios para proyectar, para construir y para explotar instalaciones, lo contrata siempre con terceros. En España existe un buen número de empresas que se dedican a esto, así que hagámoslo, aún se está a tiempo si somos eficientes.

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