La situación de colapso en la oficina de la Dirección General de Tráfico (DGT) de Ibiza dura ya mucho tiempo y es inaceptable que aún no esté solucionada. Las numerosas plazas vacantes de funcionarios impiden ofrecer un servicio adecuado a los ciudadanos, y la falta de examinadores provoca que se suspendan continuamente los exámenes para el permiso de conducir, con los trastornos que esto supone para las personas que lo necesitan. De hecho, los que pueden examinarse fuera de la isla, lo hacen, lo que supone cambiar de coche, de profesor y un mayor gasto. Es tercermundista que no sea posible obtener el permiso de conducir en Ibiza por las esperas y continuas cancelaciones de las pruebas.
Lo que ocurre en la oficina de Tráfico es también un síntoma, sólo una muestra de un problema que, sin llegar aún al colapso, se da ya en otros ámbitos de la Administración pública que dependen del traslado de funcionarios procedentes de otros lugares de España o de la contratación de personal especializado dispuesto a instalarse en Ibiza o en Formentera. Lo que está pasando ahora en Tráfico era más que previsible, como se ha comentado tantas veces en esta misma tribuna, y puede pasar mañana en muchos otros servicios, desde la sanidad a la justicia, mientras la desmesurada carestía de la vivienda sea un factor disuasorio para pedir plaza en las Pitiusas.
Las consecuencias de la paralización y el caos existente la oficina de la DGT, dependiente de la Administración central, incluye también retrasos excesivos de trámites burocráticos, cuando no su bloqueo. Se trata en todo caso de un funcionamiento anómalo de la Administración pública que penaliza y discrimina a los ciudadanos de las Pitiusas. Las autoescuelas llevan años denunciando la precaria situación en esta oficina, críticas a las que se suman las del propio personal, desbordado y desquiciado porque no da abasto y encima es objeto de insultos y amenazas por parte de los también desesperados usuarios. Es tan conflictiva la situación, que el propio personal se ha plantado y se niega a atender en ventanilla y solo lo hace a personas que tienen cita previa. No obstante, desde el 1 de junio, la oficina ya había reducido considerablemente su horario de atención al público y sólo estaba abierta dos mañanas a la semana.
La respuesta de la Dirección General de Tráfico ha sido hasta el momento ponerse de perfil, sin aportar soluciones pese a que la situación es insostenible. No puede ser que de 15 plazas con que cuenta la oficina, sólo cuatro estén cubiertas, como ocurría al menos hasta la semana pasada. Comisiones Obreras alertó el jueves de que más del 80% de las plazas en la oficina de Ibiza están vacantes, y calificó la situación de «dramática». De hecho, personal de la oficina de la DGT en Burgos está tramitando los expedientes que no puede asumir la ibicenca. Tampoco es de recibo que únicamente esté operativo un examinador para todas las pruebas que deben hacerse aquí.
Tráfico tiene la obligación de buscar y aplicar soluciones urgentes para que esta situación no se mantenga durante más tiempo, y si las previstas en el funcionamiento ordinario de la Administración no dan resultado, o son muy lentas, debe buscar otras, pues se trata de una emergencia: hay que dotar de más personal a la oficina y de más examinadores a la isla. La DGT ha anunciado que entre el 28 de septiembre y el 9 de noviembre desplazará a examinadores de Palma a Ibiza para que hagan 216 exámenes pendientes, pero resulta incomprensible que espere tanto para poner en marcha estos refuerzos. Además de que hay sombras sobre este compromiso, pues la DGT habla de que se desplazarán un mínimo de 18 examinadores, pero en algunas autoescuelas de Ibiza lo ponen en cuestión, ya que aseguran que en toda Palma no hay tantos examinadores.
La gestión que la Dirección General de Tráfico está haciendo de este problema es negligente. Los ciudadanos de Ibiza y Formentera se merecen servicios públicos eficaces, al mismo nivel que los de otras zonas de España, y si las soluciones pasan por medidas extraordinarias, han de buscarse sin excusas ni más demoras.
DIARIO DE IBIZA