La nueva Federación Balear de Viviendas de Alquiler Turístico (Febhatur), en la que está integrada la ibicenca Asociación de Viviendas Turísticas Vacacionales (AVAT, que pertenece a la Pimeef), ha exigido esta semana al Govern que ponga fin a la moratoria turística que aprobó el anterior Ejecutivo de Francina Armengol y recupere las 90.000 plazas congeladas -tanto hoteleras como de alquileres turísticos en casas-, de las que 9.000 corresponden a Ibiza y Formentera. Esta patronal, que agrupa a todas las asociaciones de Balears, nace con el propósito de ser un interlocutor de peso ante el Govern del PP, y se ha estrenado con unas reivindicaciones que han levantado las críticas y la oposición de la propia Federación Hotelera de las Pitiusas, además de la CAEB, la presidenta de la Asociación Española de Directores de Hoteles en Balears, Alicia Reina; IbizaPreservation y el GEN, es decir, de un amplio espectro de entidades que abarca desde la gran patronal hasta las organizaciones ecologistas .
En el actual contexto, las reclamaciones del sector de viviendas turísticas se antojan extemporáneas y absolutamente fuera de lugar, son un auténtico despropósito. Se trata de una simple petición de parte interesada, de quien defiende única y exclusivamente su negocio, aunque sea a costa del interés general de nuestras islas. Tienen todo el derecho a reivindicar lo que estimen oportuno y a intentar que el nuevo Govern de Marga Prohens se avenga a sus pretensiones, pero incluso los niños saben que hay cosas que no merece la pena poner sus cartas a los Reyes Magos porque ni la magia ni la fantasía dan para tanto.
La falta de vivienda y sus altos precios son el principal problema de las islas, no solo por su impacto social, sino también económico, pues es un lastre para las empresas, las Administraciones y los servicios públicos, que no pueden completar plantillas para tener un funcionamiento adecuado y atender con una mínima calidad a los ciudadanos, con todos los problemas que esto supone. Pero por otra parte, la convicción de que las islas tienen un territorio y unos recursos limitados cuya preservación debe ser compatible con la explotación turística ya se ha asentado en la sociedad, al margen de ideologías políticas. Es decir, hay consenso en que no debe crecer más la oferta de alojamiento en temporada alta, puesto que todas las islas -y especialmente Ibiza y Formentera- sufren un grave problema de falta de vivienda residencial y de masificación turística que se refleja, por citar algunos ejemplos, en la saturación de infraestructuras y equipamientos como las depuradoras, el vertedero, las carreteras o las desaladoras, entre otros.
Hay que elogiar la posición contundente y clara de la Federación Hotelera pitiusa, que considera que «si el asunto que más preocupa a los residentes es la vivienda, no tiene ningún sentido aumentar el parque de las destinadas a uso turístico, en cualquiera de sus formas». Así es. Solo esta circunstancia bastaría para que el Govern balear rechazara de plano las peticiones de la patronal de la vivienda vacacional, surgida con vocación de lobby. Pero es que, además, la Federación Hotelera exige la «prohibición absoluta» del uso turístico de las viviendas independientes en edificios plurifamiliares o adosados sometidos al régimen de propiedad horizontal, y considera que ya hay «demasiadas» villas turísticas, pues suponen un 25% de la oferta clásica, formada por hoteles y apartamentos turísticos, y hace hincapié en los problemas que ocasionan en el campo: mucho tráfico, masificación y conflictos de convivencia.
El Govern debería tener en cuenta esta realidad y no ceder a las reclamaciones de un lobby que sólo pretende beneficiar a sus asociados y que, por el contrario, son perjudiciales para el conjunto de la sociedad. Sería un retroceso que se permita la actividad de alquiler vacacional en suelo rústico protegido, tal y como reclaman, así como la modificación de la zonificación en vigor para realizar su actividad.
La comparecencia del conseller balear de Turismo, Jaume Bauzá, el pasado jueves, ante la comisión correspondiente del Parlament para explicar las líneas generales de la política de su departamento para los próximos cuatro años, no sirvió para aclarar la postura del Govern, pues se limitó a enumerar generalidades sin entrar en detalles. Aseguró que buscará el consenso para redactar una nueva ley turística y que «el mensaje de crecimiento desenfrenado no es la política que llevará adelante este Govern». Además, trufó su discurso con la inevitable y manida apelación a la sostenibilidad de un turismo que «contribuya al bienestar y al futuro de la comunidad», pero sin decir cómo lo hará, sin bajar a lo concreto. Lo que está claro es que ese objetivo de sostenibilidad, equilibrio y mesura no es compatible con el aumento masivo de plazas turísticas en las islas y, mucho menos, con incrementar todavía más el número de viviendas destinadas al alquiler turístico. El Govern tiene que escuchar a la principal patronal de las Pitiusas, cuyo peso en la industria turística es capital, así como a tantas otras entidades que han dado la voz de alarma ante las pretensiones de la AVAT, y posicionarse de verdad, con hechos, del lado de la gestión con sentido común y visión global, para garantizar el futuro turístico y económico de Ibiza y Formentera a medio y largo plazo.
DIARIO DE IBIZA
