Opinión | Tribuna

Tenemos razones para votar

Hace pocos días, los 28.500 jubilados de Ibiza y Formentera han recibido en sus cuentas bancarias el mayor ingreso de la historia por parte del Estado. Dicho ingreso es el resultado de la subida del 8,5 % de sus pensiones que ha consolidado el Gobierno de Pedro Sánchez, muy alejado de aquel 0,25 % de la derecha, y a pesar de las difíciles circunstancias de pandemia y guerra en el entorno europeo con las que hemos lidiado en los últimos cuatro años de legislatura.

Las personas que cobran el salario mínimo interprofesional ingresan actualmente 1.080 euros al mes, una cantidad sin duda aún insuficiente para poder vivir con dignidad, pero que supone un 47 % más de lo que se cobraba hace cinco años. Una cantidad que comienza a acercarse al objetivo que se ha trazado el PSOE, de elevar este salario mínimo hasta alcanzar el 60 % del salario medio español.

Recientemente ha entrado en vigor en España la Ley de Vivienda, una herramienta legislativa que permite a las comunidades autónomas declarar zonas tensionadas dentro de su territorio, en las que regular y poner límite a los precios del alquiler de manera temporal, mientras el acceso a una vivienda digna no esté garantizado por las leyes del mercado libre. Una ley que también pone fin a los abusos de algunos intermediarios que se lucran con las necesidades de los futuros inquilinos. Una ley que, sin embargo, la derecha ya ha anunciado que derogará si llega al gobierno el 23 de julio y que las comunidades autónomas gobernadas por el PP han asegurado que no piensan aplicar.

En marzo de 2021 se aprobó en nuestro país la Ley de Eutanasia, una ley que creó en este país un nuevo derecho tan necesario como el derecho a morir con dignidad. Es aplicable para aquellas personas que padecen una enfermedad grave e incurable, imposibilitante, y que libremente y de manera reiterada solicitan dejar de sufrir bajo la supervisión de los profesionales y con todas las garantías que establece un texto legal que cuenta con un amplio consenso de la comunidad médica, jurídica y del conjunto de la sociedad. Pero también la derecha quiere revertir este derecho.

Hace escasamente cuatro meses, el gobierno progresista de este país aprobó una modificación de la Ley del Aborto que tiene, entre otros objetivos, el de garantizar que las mujeres pueden interrumpir su embarazo en su comunidad autónoma, para evitar las dilaciones y humillaciones en el proceso que aún hoy padecen muchas mujeres en nuestro país para ejercer un derecho sobre su propio cuerpo. También se ha aprobado una modificación del código penal que tiene como objetivo evitar que las mujeres que acuden a abortar puedan ser acosadas a las puertas de una clínica, donde son agredidas verbal, psicológica y a veces hasta físicamente por los que piensan que tienen el derecho de decidir por ellas.

Este es solo un pequeño resumen con algunas de las razones que nos pueden mover a votar el próximo 23 de julio. La lista es mucho más larga pero se puede resumir fácilmente: o derechos o derechas. Consolidamos lo conseguido y avanzamos o permitimos a la derecha y la ultraderecha que eliminen los avances logrados y desmantelen el Estado del Bienestar que llevamos décadas construyendo. No faltemos el próximo día 23, está todo en juego.

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