Diario de Ibiza

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Prats, Xescu

¿Aeropuerto público o chiringuito privado?

Imaginan que se instalasen anuncios gigantes en la fachada de la Catedral de Santa María, el Consell Insular o los ayuntamientos? Pues eso es exactamente lo que está ocurriendo en el aeropuerto de Ibiza, donde sus espacios al aire libre han sido colonizados en exclusiva, obviamente con el beneplácito y beneficio de la dirección del aeródromo, por una empresa ibicenca que se dedica al mundo de la fiesta, con discotecas en Platja d’en Bossa.

Los turistas que aterrizan en la isla ya no solo se encuentran el recinto donde recogen sus maletas empapelado de arriba abajo con publicidad de las salas de fiestas, como todas las temporadas, sino que ahora también se han apropiado del exterior. De la fachada principal cuelgan varios carteles de dimensiones colosales. Uno de ellos, por ejemplo, ocupa literalmente el doble de espacio que el propio cartel que proclama que estamos en el aeropuerto de Ibiza, y aparece ilustrado con los djs que participan en las fiestas de uno de sus establecimientos.

No sabemos qué ha pagado esta compañía por la utilización de estos espacios publicitarios que antes no existían, pero el resultado es la colonización absoluta de la terminal con sus hormigas, logotipos y otros iconos de propuestas festivas semanales. Incluso hay vallas distribuidas por los jardines, junto al emblemático ficus y al lado de la rotonda.

Mientras el Consell Insular se ha dedicado, y con no pocas dificultades, a retirar una parte de las vallas publicitarias de las carreteras para que la isla no parezca un anuncio perpetuo, en el aeropuerto permiten que una compañía fagocite con su imagen una propiedad pública construida con los impuestos de todos. ¿No querías caldo? Pues dos tazas. Más que ante una operación publicitaria, parece que asistamos a una exhibición de poder. Las cosas que ocurren en el aeropuerto de Ibiza son insólitas y no se ven en Barajas ni en ningún otro aeródromo, puerto o estación de ferrocarril.

La cuestión ya no es solo esta invasión desmesurada de una infraestructura pública, sino la primera sensación que se lleva el turista cuando aterriza: en esta isla solo caben obras y fiesta, y la verdad es que dicha impresión no resulta tan descabellada. En un contexto de eliminación de este tipo de soportes, lo que ocurre en el aeropuerto con esta empresa viene a ser como si ésta proclamara a las instituciones y a todos los ibicencos que a ella nadie le dice lo que tiene que hacer. Sobre todo, porque no necesitan de dicha publicidad para vender sus fiestas, ya que hoy en día la partida se juega en Internet y en las redes sociales.

¿De qué sirve que desde las instituciones se haga un esfuerzo en promoción turística para impulsar una visión multidisciplinar de Ibiza, aludiendo a la naturaleza, el patrimonio, la gastronomía, el deporte, el turismo experiencial, etcétera, si luego al turista se le transmite, desde el minuto uno, que únicamente ha aterrizado en el paraíso de la fiesta? Dada la nula ética y la peor estética que despliegan los responsables del aeropuerto de Ibiza y de la compañía AENA, sorprende que nadie se lo haya recriminado públicamente. Cabe recordar que AENA es una sociedad mercantil estatal vinculada al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que preside Maurici Lucena, exdiputado socialista y exasesor del actual presidente del Gobierno. Un cargo político en toda regla, que debería velar por la competencia de sus responsables aeroportuarios, que en Ibiza claramente no dan la talla.

En esta privatización descarada de lo público, el aeropuerto de Ibiza, sin embargo, no tiene la exclusiva. Hace unos días, el programa ‘Equipo de investigación’, de La Sexta TV, emitió un reportaje en el que quedó probado lo que toda Ibiza ya sabe: que determinados beach clubs hacen lo que les da la gana, cobrando las hamacas a precios disparatados sin que nadie le ponga remedio, a pesar de que hablamos de concesiones públicas en las playas, que también son de todos. En dicho espacio televisivo aparecía un famoso establecimiento es Jondal que cobra a sus clientes 100 euros por hamaca al día, bajo la exigencia de un gasto mínimo de 500 euros, y que además mantiene reservadas todas sus tumbonas, de forma que quienes se acercan a alquilarlas no pueden acceder a ellas.

Todo esto, pese a que el precio máximo estipulado por la normativa municipal es de 10 euros, está prohibido exigir gastos mínimos y solo se pueden reservar el 20% de las hamacas, tal y como se detallaba en dicho programa. ¿Cómo se puede combatir el urbanismo irregular, el transporte pirata, el alquiler turístico sin licencia, etcétera, si en determinados espacios públicos, como pueden ser el aeropuerto o las playas, no se predica con el ejemplo y se permite que imperen el desorden e incluso la ilegalidad?

@xescuprats

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