La falta de vivienda, un fracaso político y social

La falta de vivienda a precios asequibles vuelve a ser el principal problema al que se enfrenta la industria turística de Ibiza y Formentera. Cada vez más empresas ofrecen vivienda o alojamiento como un incentivo para los trabajadores de fuera de las Pitiusas, pues de lo contrario es prácticamente imposible completar algunas plantillas o atraer profesionales cualificados, tal y como ya están constatando estos días en los que han comenzado los preparativos para la temporada. Una temporada que se presenta con muy buenas perspectivas, en la línea de la pasada, en la que el fenómeno de recuperación del tiempo perdido por la pandemia que impulsó notablemente el turismo se bautizó con el nombre de ‘efecto champán’, una imagen muy gráfica que describe la situación de efervescencia que vive el sector en las Pitiusas.

El problema de la vivienda, provocado por la especulación generalizada para destinarla al mercado turístico, donde se obtienen pingües beneficios (con frecuencia en la economía sumergida) a costa de disparar los precios, se agrava año tras año de forma dramática. Pese a las graves consecuencias y distorsiones que ocasiona tanto en el sector turístico como en toda la sociedad pitiusa desde hace muchos años, las administraciones públicas no han sido capaces de aplicar medidas que contengan los precios y aumentar el parque de viviendas disponibles para el alquiler residencial durante todo el año y para los trabajadores de temporada.

Es justamente en esta época, en las semanas previas y posteriores a la Semana Santa, cuando más patente se hace el problema de la vivienda, porque las empresas encuentran cada vez más dificultades para contratar a los empleados necesarios para garantizar su funcionamiento y la calidad de sus servicios. Faltan camareros, cocineros, camareras de pisos, conductores, trabajadores de la construcción… faltan empleados en todos los sectores de la economía pitiusa, al igual que en las administraciones, donde el problema se agrava porque, a diferencia de las empresas privadas, no tienen la posibilidad de comprar o alquilar viviendas para ofrecer a los funcionarios que han de garantizar la prestación de servicios públicos esenciales, entre ellos la sanidad, la seguridad ciudadana o la justicia.

Pero la falta y la carestía de la vivienda no es un problema sólo estacional, sino que lo padecemos durante todo el año, como bien saben entidades de ayuda como Cáritas, que facilita alimentos a cerca de 200 familias cada semana solo en su oficina de la ciudad de Ibiza. Los precios disparatados de las viviendas, de las habitaciones (no las hay por menos de 500 euros, una auténtica barbaridad), obligan a un hacinamiento y a vivir en unas condiciones precarias y provisionales, siempre con el temor a la expulsión del hogar, por mísero que sea, que son el caldo de cultivo para todo tipo de problemas, incluidos trastornos de salud mental, fracaso escolar o violencia.

Ibiza y Formentera siguen siendo islas de extremos, donde el lujo y la prosperidad derivados de ser uno de los destinos turísticos más atractivos del mundo conviven con la miseria y la precariedad de una parte importante de la población, condenada a malvivir sin expectativas de mejora y sin acceso digno a un bien de primera necesidad como es la vivienda. Los testimonios de los usuarios de Cáritas publicados el jueves por Diario de Ibiza son muy ilustrativos de las situaciones límite en las que están viviendo miles de personas en nuestras islas.

Hasta el momento, la posibilidad de poner un tope a los alquileres en zonas tensionadas, como defiende el Govern balear con la presidenta Francina Armengol a la cabeza, no ha pasado del debate teórico. De hecho, el PSOE de Balears se ha llevado un buen revés propinado por su propio partido en el Congreso de los Diputados, donde sus compañeros de filas socialistas (incluidos los dos diputados de Balears, una de ellas la ibicenca Sofía Hernanz) votaron en contra de la toma en consideración de la proposición de ley que aprobó el Parlament balear a propuesta de Més per Menorca, que perseguía cambiar la Ley de Arrendamientos Urbanos para que las comunidades autónomas puedan regular el precio de los alquileres. Esta iniciativa contó en Balears con el voto a favor de todo el Pacto, también el PSIB.

Las soluciones ante la situación crítica de la vivienda en Ibiza y Formentera, cada vez más cara y escasa para los residentes y los trabajadores de temporada, son urgentes, pero la falta de valentía y la indecisión de las administraciones a la hora de abordarlo provocan que la especulación siga campando a sus anchas a costa de limitar las posibilidades de vida de una gran parte de la población, y no solo la más vulnerable, también la de trabajadores con sueldo fijo y empleo estable, abocados a la miseria y a vivir en condiciones indignas. La crisis social sin precedentes provocada por la falta de vivienda se agrava cada año, aunque prefiramos mirar hacia otro lado. Aumentar el control y las sanciones sobre las viviendas turísticas ilegales para evitar la impunidad; que las administraciones den garantías a los propietarios para que alquilen sus pisos todo el año, al mismo tiempo que velan por los derechos de los inquilinos; perseguir el subarriendo con el que muchos inquilinos consiguen ganar más dinero incluso que el propio dueño; y, por supuesto, poner límite a los precios, son algunas de las soluciones para un asunto que sin duda es de suma complejidad. Algunas de estas medidas ni siquiera están en el horizonte y otras, como el control de la oferta ilegal, son muy mejorables. Una vez más hay que lamentar el fracaso colectivo de la sociedad pitiusa, y en primer lugar de sus dirigentes políticos, frente al incontrolado encarecimiento de la vivienda, que sigue minando el futuro social y económico de las Pitiusas.

DIARIO DE IBIZA