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Prats, Xescu

El origen del problema

Si hubiese que resumir todos los problemas estructurales y sociales de Ibiza en una sola palabra, probablemente la más acertada sería ‘saturación’. Un exceso generado tanto por la alta densidad poblacional como el elevado número de plazas turísticas, ya sean legales o ilegales. De poco sirve que, en su día, se congelaran las primeras con el objetivo de evitar esa sobresaturación, si luego se ha permitido que las ilícitas florezcan por doquier, generándose un problema de vivienda de imposible solución a corto y medio plazo.

La semana pasada, durante Fitur, Fomento del Turismo puso cifra a estas plazas turísticas ilegales ubicadas en viviendas y otros tipos de inmuebles particulares, que vendrían a ser alrededor de 100.000; es decir, tantas como las que son legales y están situadas mayoritariamente en hoteles, aunque también en apartamentos turísticos, viviendas vacacionales, etcétera.

Tenemos en la isla, por tanto, unas 200.000 plazas turísticas, cuando realmente se deberían ofertar solo la mitad. Se suman, además, a la población residente, que ahora mismo oscila alrededor de las 150.000 personas, pero que se convierten en más de 200.000 en temporada. Ibiza, en consecuencia, llega a alcanzar picos de más de 400.000 personas, un verdadero disparate para el reducido territorio que compartimos residentes, trabajadores de temporada y turistas.

Lógicamente, esas 100.000 plazas turísticas ilegales arrastran consigo docenas de miles de trabajadores que atienden los servicios que requiere esta oferta: chefs privados, limpieza, concierge, jardineros, mantenimiento, etcétera. Se podría afirmar, por tanto, que el sector turístico opaco es directamente responsable de un crecimiento poblacional desmedido en verano que podría suponer alrededor de 150.000 personas; o sea, cerca del 40 por ciento de la población total de la isla, en su momento de máximo apogeo.

La cuestión de la oferta ilegal no solo constituye un problema de densidad poblacional, atascos, infraestructuras sobresaturadas, contaminación, etcétera, sino que puede definirse también como la causa principal del déficit agudo de vivienda que padece la isla: ha disparado los precios del sector inmobiliario hasta unos niveles estratosféricos, convirtiéndola en un territorio inasequible para la clase media.

Si las 100.000 plazas ilegales se destinaran a acoger a la población residente, que además sería sustancialmente inferior porque no requeriría muchos de los trabajos relacionados con este turismo irregular, los problemas de habitabilidad probablemente pasaran casi desapercibidos.

Desde el ámbito político se han lanzado distintas propuestas, como, por ejemplo, prohibir el alquiler turístico en viviendas de carácter familiar. Este tipo de medidas, sin embargo, generan multitud de dudas jurídicas y, a criterio de distintos jueces, colisionan con la legislación vigente y el derecho a la propiedad privada, que, al parecer, garantiza libertad para alquilar estos inmuebles según convenga, ya sea por años, meses o incluso días. No parece, por tanto, que el asunto pueda solucionarse por ahora.

Los propietarios de estos inmuebles han encontrado un modo de vida que multiplica sus ingresos de forma rápida y sencilla, hasta el extremo de que algunos aprovechan esta demanda desaforada para alquilar cuchitriles a precio de chalet. La desmesura con que ha crecido este negocio opaco en la última década, sin embargo, también guarda relación con el desembarco en la isla de inversores inmobiliarios y empresas de servicios que, según algunos indicios, están adquiriendo grandes cantidades de inmuebles originariamente edificados para proporcionar viviendas a la población residente.

Lógicamente, los tenedores de casas desocupadas están en su derecho de alquilarlas y obtener un beneficio por ellas. Pero la isla no puede seguir creciendo turísticamente a costa de la oferta ilegal; es más, debería decrecer a marchas forzadas si lo que se pretende es recuperar cierto equilibrio y normalidad. Se requiere un esfuerzo colectivo desde la política para solucionar este problema, que actualmente se escapa de las competencias insulares y, además, se repite sistemáticamente por diversos territorios del país. Sin embargo, en las islas, dada nuestra condición de territorio limitado por el mar, el problema se agrava de manera exponencial.

Hasta el momento, la problemática de la oferta ilegal se ha visto siempre desde un punto de vista turístico, cuando en realidad es una cuestión social, que impide a las familias y trabajadores acceder a una vivienda digna acorde a sus salarios. Mientras no se encuentre una manera contundente de corregir este desequilibrio, Ibiza seguirá evolucionando hacia un territorio que expulsa progresivamente a sus ciudadanos.

El turismo ilegal no solo ejerce una competencia desleal, sino que está destruyendo la estructura social de esta isla y de momento solo se ponen parches. Inspeccionar y de-mostrar la ilegalidad de 100.000 plazas fuera de ordenación es una quimera. Se necesitan leyes que lo solucionen de raíz y seguramente haya que buscarlas en el ámbito nacional, presionando a través de todos los cauces que se requieran. Es una batalla que hay que dar para proteger a las próximas generaciones.

@xescuprats

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