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Matías Vallés

Los odiados pueden ser odiosos

Los paranoicos pueden sufrir persecución, los hipocondriacos pueden caer enfermos y los odiados pueden ser odiosos. Históricamente, la polarización en una persona de la bilis social redunda en beneficios para el grupo. El ejemplo español más acentuado es Alfonso Guerra. Provocaba la repulsa con notable facilidad, y atraía el fuego enemigo para blindar la figura incandescente de Felipe González, el auténtico malo de la película. En la política vigente, cualquier discurso sobre el rencor se precipita en la figura de Irene Montero. Está claro que recibe un odio por encima de sus posibilidades, pero la desmesura no avala un discurso en que abronca continuamente a un país que no la merece. Se queja de recibir el trato que dispensa a sus enemigos, véase Isabel Díaz Ayuso.

Desde el momento en que el presidente de la FIFA se presenta como una víctima que vuela en jet privado, cabe imaginar cualquier distorsión de los poderosos, entre quienes se encuentra Irene Montero mal que le pese. Según la conmovedora confesión de Gianni Infantino, sufrió un acoso escolar por su cabellera pelirroja, felizmente desaparecida, equivalente al maltrato de un trabajador ceilanés en Qatar. Por tanto, nadie debe criticar al cacique del fútbol mundial. La ministra de Podemos arrastra el pecado original de haber colocado a su compañero sentimental de vicepresidente del Gobierno, pero no es necesario consignar sus errores para criticarla, porque una tripulante de coche oficial con guardaespaldas debería ser sospechosa por principio. Sobre todo para la izquierda alternativa.

Un miembro del Gobierno nunca es un mártir. En vez de pelear por el título de ministra más odiada, que Bibiana Aído merece en justicia, Irene Montero debería recapacitar sobre los comportamientos que la han llevado a capitanear la brigada del odio. Salvo que esté ejerciendo de Guerra de Pedro Sánchez, porque los odiosos no aumentan la popularidad de su rivales más enconados, ahí está la bajada del PP y suerte que no hay encuestas sobre la reputación judicial.

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