Unos viajes por España en las últimas semanas (Pontevedra, Coruña, Zamora, Castelló, León) y un caudal de conversaciones telefónicas, certifican que hay una tensión creciente y mucha incertidumbre sobre las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023. Todo el mundo está en modo electoral. Hay tensión; pero no por el fiasco del Consejo del Poder Judicial, que si no lo resuelven PP y PSOE nos va a costar un disgusto en Europa; tampoco por la polémica sobre la reforma del delito de sedición, que se atenúa, pero que Carles Puigdemont reclama sin éxito que desaparezca. Todo eso es muy importante, sin duda, pero ocupa sobre todo a medios de comunicación nacionales que emiten desde Madrid. En las provincias lo que está en juego son las alcaldías y las presidencias de Diputación y allí los problemas trascendentales son de otro orden.
En Zamora, por ejemplo, no se entiende por qué el Gobierno de España no incluye a esa provincia con el grupo de estímulos fiscales de Teruel, Cuenca y Soria si sus indicadores de regresión son alarmantes: han perdido el 11 por ciento de la población en diez años y los jóvenes apenas tienen allí futuro. Zamora es, junto con Ourense y Lugo, una provincia donde hay más personas mayores de 75 años que menores de 25. Y se sienten olvidados no ya por Madrid, sino sobre todo por Valladolid. Hay un proyecto de una planta de biogás que sería la salvación de una comarca zamorana que la Junta de Castilla y León tiene bloqueada y no se sabe por qué. Los juzgados lo aclararán. Por eso Zamora va de manifestación en fechas próximas.
A casi mil kilómetros de allí, Castelló celebra que en la vecina Sagunto vaya a instalarse una fábrica de baterías para coches eléctricos -“por fin hay fondos europeos bien aplicados“, coinciden en la Diputación- pero no se entiende por qué la industria de la cerámica que fue, con el turismo, el motor del despegue de una provincia eminentemente agrícola, corra grave peligro de desaparición. Es verdad que esa industria devora energía y necesita del gas para que el horno suba a mil doscientos grados, pero “la cerámica es fuente exportadora y hasta parte de la marca España”, defiende con pasión José Benlloc, alcalde de Villarreal.
Y así sucesivamente provincia a provincia. Cada una con su problema específico. El último domingo de mayo por la noche se hará la luz. Van a elecciones todos los ayuntamientos -8.131- y doce de las 17 autonomías. Fíjense la incertidumbre en la Comunidad Valenciana con los líos de Podemos, el propio de Compromís, y esas incógnitas provinciales como la de Castelló que pueden destronar al socialista Ximo Puig, por más que su gestión sea apreciada hoy por empresarios y sindicatos.
La medición de los resultados en la noche electoral de mayo serán la antesala elocuente de las elecciones generales en España que tocan en noviembre y que Pedro Sánchez quisiera llevar a enero del 24 para concluir sin sobresaltos la presidencia española de la Unión Europea. Si en mayo el Partido Popular supera al socialista, su candidato Alberto Núñez Feijóo se sentirá presidente. Si los socialistas ganan el cómputo global, se reforzará la idea de que la victoria popular en el Congreso de los Diputados, aún siendo probable, no va a garantizar el relevo en Moncloa. Con esas lecturas avanzadas, se entiende la tensión provincia a provincia. En mayo de 2023 adivinaremos el futuro político inmediato de España.
