Opinión | Tribuna

La restricción de la comprade vivienda a los no residentes

«Procede planificar la demografía de Baleares a futuro durante las próximas décadas. Pero restringir la compra de vivienda

a los no residentes es manifiestamente inconstitucional. Los remedios deberán ser otros perfectamente distintos»

Araíz del último pleno del Parlament, Diario de Mallorca y Diario de Ibiza publicaron unas declaraciones del conseller de Turismo en las que invitaba a un «debate profundo» sobre cómo limitar la compra de viviendas en las islas a los no residentes o a las personas que lleven menos de cinco años viviendo en el archipiélago. Concluía con esta cita: «Baleares no puede ser un parque temático donde no quepa la gente de nuestras islas… países como Finlandia, Dinamarca o Malta protegen a sus ciudadanos en la compra de sus viviendas».

Acepto la invitación que abordaré desde el estricto prisma jurídico-constitucional de la propuesta. Coincidimos todos en el diagnóstico: procede planificar la demografía de Baleares a futuro durante las próximas décadas. Pero adelanto la conclusión de este artículo: restringir la compra de vivienda a los no residentes es manifiestamente inconstitucional. Los remedios deberán ser otros perfectamente distintos.

Si el conseller se refiere a los ciudadanos españoles peninsulares no residentes en Baleares, afectaría al art. 19 de la Constitución que establece que «los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia…», y el 33 que recoge el derecho a la propiedad privada. Es verdad que el art. 53.1 dice que los derechos y libertades constitucionales podrán ser regulados por ley pero añade que la ley en todo caso deberá respetar el contenido esencial del derecho. No necesitaré incidir que una regulación que limitase los derechos de propiedad y residencia en una parte del territorio nacional ignoraría el contenido esencial de estos derechos.

Si el conseller se hubiese referido a los ciudadanos no españoles, procederá a distinguir a los europeos porque la Ley orgánica 4/2000 de los derechos y libertades de los extranjeros en España diferencia en su art. 1.3 a los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea. Los nacionales de estos países disfrutan de la «ciudadanía europea». Pues bien, la libertad de circulación, residencia y establecimiento de los ciudadanos europeos está recogida en los siguientes tratados internacionales, todos ellos ratificados por el Reino de España: Acuerdo de Schengen de 1990, Maastricht de 1992, Lisboa de 2009. Gracias a que también los baleares disfrutamos de la ciudadanía europea, podemos libremente residir, establecernos y adquirir una propiedad en cualquier país de la Unión, incluidas, por supuesto, las islas griegas Cerdeña, Öland o Córcega.

El art. 96 de la Constitución establece que los tratados internacionales suscritos por España pasan a formar parte del ordenamiento jurídico y no pueden ser modificados sino en la forma prevista en los propios tratados. España es firmante de todos esos tratados y, por consiguiente, la propuesta del conseller exigiría modificar los tratados del acervo comunitario por unanimidad de todos los Estados firmantes. Huelga advertir de la inviabilidad de semejante modificación.

Efectivamente Dinamarca, antes de suscribirlo, excepcionó el Tratado Schengen en el Protocolo nº 22 de 26 de octubre de 2012 y puede optar por quedar excluida de medidas judiciales y asuntos de interior. Ni Finlandia ni Malta excepcionaron los tratados y cualquier ciudadano europeo tiene el derecho de adquirir una primera vivienda en estos dos países. Los Estados candidatos a adherirse a la Unión tienen vedada la posibilidad de excepcionar los tratados conforme a los «criterios de Copenhague». Por su parte, España suscribió todos esos tratados (sin ningún protocolo de excepción) y está obligada a su cumplimiento.

Si el conseller se refirió a los ciudadanos extranjeros no europeos, el art. 5 de la Ley orgánica 4/2000 establece que los extranjeros tienen derecho a elegir su residencia sin más limitaciones que las establecidas con carácter general por los tratados y las leyes.

Pero confluye otra poderosa razón por la que la propuesta del conseller no se atiene a la Constitución. La Comunidad Autónoma carece de competencias en esta materia. Conforme al art. 149.1. 2º y 3º, es el Estado el que tiene competencia exclusiva en materia de extranjería y relaciones internacionales. Manifestaciones en el sentido de reivindicar unos supuestos derechos sobre el territorio de Baleares de la gente de las islas contradice el art. 1.2 de la Constitución: «Si en el actual ordenamiento constitucional solo el pueblo español es soberano y lo es de manera indivisible y exclusiva, ningún otro sujeto u órgano del Estado o ninguna fracción de ese pueblo puede pretender, declarándose soberano, disponer o quebrantar la soberanía nacional» (STC 124/2017).

En fin, presumo que todos los miembros del Govern son perfectamente conscientes de la inconstitucionalidad y, por ende, de la inviabilidad de la propuesta. Perfectamente conscientes. La pregunta entonces es por qué proponen algo ajeno a su competencia y manifiestamente contrario a la Constitución. Me niego a pensar que la formulan con el ánimo de confundir al electorado. Pero esas afirmaciones de que Baleares ha de ser para la gente de nuestras islas, se confunde con mensajes tales como el de «America for the americans» (Trump) o «Defendons le pouvoir d’achat des français» (Le Pen). Es posible que muchos mallorquines reciban con agrado esos mensajes porque el acceso a la vivienda se está encareciendo exponencialmente y les aleja de su derecho. Sin embargo, tal vez sin intención, se está incitando a la xenofobia frente al forastero y es ese un riesgo de funestas consecuencias. El odio que subyace en las pancartas que cuelgan de muchos balcones con ese dibujo de palmesanos golpeando turistas a escobazos debería encender las alarmas.

Procede planificar la población de Baleares de hoy hasta el 2050, su bienestar, la política sanitaria y educativa, el derecho a la vivienda. Sin duda. Pero el Govern deberá abordar estos problemas con medidas legales y dentro de su competencia. Reclamo formación, creatividad, inteligencia; y evitar absurdas, peligrosas e ilegales proclamas en favor de restringir derechos constitucionales.

José Mª Lafuente | Prof. Derecho Constitucional UdG

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