Comerciantes, obras y errores del Ayuntamiento de Ibiza

La reforma integral de la avenida Isidor Macabich de la ciudad de Ibiza es una obra de gran calado que durante meses corta una de las principales arterias de la ciudad y también numerosas calles que desembocan o parten de ella, dificultando notablemente el acceso a los establecimientos comerciales de la zona, que suelen tener una intensa actividad comercial. La remodelación de la avenida y la modernización de las infraestructuras que discurren bajo sus aceras y pavimento eran imprescindibles, pero como ocurre con cualquier obra de estas características, supone inevitables molestias para los vecinos y comerciantes, pero también para quienes deben desplazarse por la ciudad.

Las obras afectan a 87 negocios y comenzaron a finales de marzo. Durante estos meses, han arreciado las quejas de los comerciantes, que se han organizado en un grupo de afectados y han denunciado que los trabajos están perjudicando gravemente a sus negocios: los ingresos y la clientela se han desplomado, las obras impiden el acceso a sus establecimientos y el género se deteriora debido al polvo; han sufrido cortes de agua, luz y gas. Algunos no pueden pagar ni los alquileres de los locales ni los productos que almacenan; son autónomos y viven de los ingresos que obtienen de sus ventas y no perciben un sueldo. La indignación de los comerciantes ha ido en aumento, y la reunión que mantuvieron con la concejala de Comercio, Dessiré Ruiz (la cuarta desde junio), les enfadó aún más porque consideran que les ha dispensado un trato «denigrante» y «muy ofensivo», al decirles, entre otras cosas, que en su concejalía «no tenían una bola de cristal para poder predecir qué problemas tendrían los comerciantes». Una reunión que debería haber servido para escuchar a los afectados, comprender sus necesidades, buscar soluciones viables para reducir en los posibles los perjuicios que sufren y ofrecerles ayudas concretas, es decir, para calmar su enfado, tuvo como resultado inflamar aún más los ánimos de los comerciantes.

No se puede decir que la actuación del equipo de gobierno haya sido acertada, y menos aún la intervención de la concejala, pues la falta de comunicación (que reconoció el propio alcalde, Rafa Ruiz, en el pleno del pasado jueves), empatía y capacidad de anticipación del Ayuntamiento ante los problemas que podía originar la ejecución de este proyecto han agravado todavía más la situación, que ya era muy complicada porque la obra también lo es. Los responsables municipales no podían ignorar que los comercios acababan de dejar atrás la crisis provocada por la pandemia y que los problemas ocasionados por la reforma de la avenida pueden ser la puntilla que hunda a muchos de ellos.

Las molestias de una obra de semejante envergadura en una vía urbana tan céntrica son imposibles de evitar, pero por este mismo motivo el Ayuntamiento debería haber sido muy cuidadoso con la información que proporcionaba a los afectados, que lo están pasando muy mal, y haber mantenido una comunicación permanente con ellos para ayudarles a superar las dificultades, algo que no ha existido, según denuncian. El Ayuntamiento ha fallado en las formas y en su relación con los comerciantes, pero también ha sido un grave error no haber previsto con tiempo ayudas ante las pérdidas seguras que iban a tener los negocios, de forma que les llegaran de forma más rápida y antes de que se vean obligados a cerrar. El alcalde anunció el jueves una partida de 500.000 euros, pero que el Ayuntamiento no podrá pagar hasta 2023.

El alcalde ha esperado demasiado a intervenir directamente en un asunto tan importante para la ciudad: en el pasado pleno pidió disculpas a los afectados y sus palabras sonaron a desautorización de la concejala, cuya ausencia, porque está de baja, resultó más que llamativa. Rafa Ruiz reconoció que «toca dar ayudas, atención y comunicación continuas a los afectados»: «Y si vuelve a fallar un concejal, me pondré yo al frente de esa reunión sin problemas», aseguró. En la misma sesión, los comerciantes criticaron que ni funcionarios ni políticos municipales habían pasado por sus locales hasta hacía dos semanas para saber qué problemas tenían y qué podían hacer. También pidieron ayudas directas para sobrevivir, y advirtieron sobre el posible desembarco de multinacionales -las únicas que podrán pagar los altos alquileres tras el cierre de los pequeños comercios arruinados- que cambian la fisonomía de las ciudades, como ya ha ocurrido en el paseo de Vara de Rey.

Las imprevisiones y la tardanza del alcalde en reaccionar y ponerse al frente de la situación han derivado en una grave crisis que ha puesto a Ruiz y su equipo de gobierno en una situación muy comprometida. Hace nueve meses que empezaron estas obras y faltan aún al menos otros cinco de trabajos, hasta marzo de 2023, si se cumplen las previsiones. Aunque sea tarde y forzado por la indignación de los afectados, el gobierno municipal debe rectificar y adoptar una actitud completamente distinta a la que ha tenido hasta ahora. Para ello está obligado a escuchar a los comerciantes, a comprender su situación y a proporcionarles las ayudas que precisen para que una obra municipal -necesaria y beneficiosa para la ciudad y para ellos mismos cuando esté terminada- no les lleve a la ruina.

DIARIO DE IBIZA