Durante el último año, sobre todo, la discusión sobre la Ley para abolir la prostitución en España ha avivado el debate. Esto podría ser interesante, ya que la confrontación de ideas desde el punto de vista constructivo suele enriquecernos, pero me provoca mucha preocupación que se ponga en duda la necesidad de combatir y erradicar algo que denigra, humilla, cosifica y envilece a las mujeres, llegando a encontrar determinados grupos políticos justificaciones tan diversas como que hay mujeres que ejercen libremente la prostitución, como otras tan aberrantes como afirmar que querer prohibir la prostitución es como “querer prohibir el hambre” (Jorge Buxadé, vicepresidente de acción política de Vox).
No puedo entender cómo grupos políticos de izquierda pueden inclinarse por la regulación de una práctica que roza el esclavismo, que supone una violación de los derechos humanos, aseverando que hay mujeres que la ejercen la prostitución libremente. Este me parece un discurso muy envenenado. ¿Qué mujer se deja usar, humillar y utilizar por otra persona? Solo aquella que no tiene más opciones, y no tener más opciones viene determinado por dónde naces, en qué país, en qué familia o en qué rango socioeconómico te mueves. Nadie que tenga otra opción optaría por esto. Es una voluntad manipulada y condicionada por la necesidad.
La regulación, lo que hace es equiparar un sistema esclavista donde se comercializa con un ser humano a una transacción económica, donde la persona, el deseo y la voluntad de la mujer se hacen desaparecer, convirtiéndola en un mero objeto de placer para aquel que puede pagar, y equiparando a una persona de pleno de derecho, con cualquier tipo de objeto.
¿Y dónde quedan estas mujeres, la inmensa mayoría, a las que se las obliga a ejercer, que son víctimas de la trata, de sus proxenetas, de mafias, de todo un entramado que las reduce a lo que no se debe reducir jamás a una persona, a mero objetos que pueden ser usado al libre antojo del “putero”? Y sí, ese es el nombre por el que hay que llamar a estos individuos. No son clientes, no son compradores de un producto, son a mi entender violadores socialmente aceptados en una sociedad heteropatriarcal, donde la mujer existe por y para el hombre.
Abolir la prostitución, por lo tanto, implica conseguir que esa situación, que supone una violación de los derechos humanos de las mujeres y de menores de edad y un ataque a la igualdad de género, desaparezca. No se puede ser feminista y optar por la regulación.
Lo que difiere las prácticas y las leyes abolicionistas es a través de qué políticas públicas y con qué abordaje legal se puede conseguir ese objetivo. Es por eso que la mayoría de las acciones concretas para poder lograr este objetivo pasan por sancionar a los clientes y no “prohibir” la prostitución como tal, es decir, no hacer que sea punible para las personas prostituidas, sino lograr su abolición por otras vías (sociales, legales o penales).
Por todo esto, el PSOE en el mes de mayo registró una proposición de Ley que se basada en los derechos de las víctimas, que incorpora medidas de prevención y persecución de estas redes criminales, luchando contra cualquier forma de proxenetismo y contra aquellos que consumen prostitución y establece, además, medidas de protección y de recuperación integral de estas mujeres y niñas. Porque en una sociedad democrática las mujeres, todas las mujeres, debemos ser libres e iguales.
Aída Alcaraz Martínez | Secretaria de Igualdad de la Federación Socialista de Eivissa (FSE-PSOE)
