El Club Náutico Ibiza (CNI) exhibió su arraigo y su fuerza social con una concentración multitudinaria en la que se puso de manifiesto la trascendencia que da la sociedad ibicenca a que la entidad pueda conservar las instalaciones que gestiona desde hace casi un siglo y mantener sus actividades. La continuidad del club, en el aire desde que expiró la concesión anterior, ha pasado durante años por diversos avatares, algunos de los cuales están sometidos ahora a una rigurosa investigación judicial que afecta a directivos del Náutico y exresponsables de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB). Muy condicionada por ese foco escrutador de los tribunales, la APB tiene en fase de resolución el concurso que convocó para gestionar temporalmente la dársena durante un plazo máximo de tres años, mientras prepara la licitación definitiva de una concesión de largo plazo para este cotizado espacio del puerto de Ibiza. De ahí el momento escogido por el CNI para esta manifestación de apoyo masivo.
La concentración del 9 de septiembre mostró el monolítico respaldo de los ibicencos y sus instituciones a la continuidad del club, pero también expresa la incertidumbre, la desconfianza y la preocupación que reinan ante un concurso público donde el factor económico tiene un peso exageradamente decisivo. La capacidad del CNI para presentar una oferta económica competitiva es muy limitada porque se trata de una modesta entidad sin ánimo de lucro, que principalmente acoge las embarcaciones de pequeña eslora de sus socios, está orientada a la promoción de la vela deportiva y no pretende especular con el dominio público portuario. Sus fortalezas son otras. En cambio, quienes aspiran a arrebatarle la concesión lo basan todo en la fuerza de su dinero y en las expectativas de negocio a cuenta de la explotación de esa zona portuaria.
La fuerza cívica que respalda al CNI, su naturaleza popular o su hoja de servicios a la isla son incontestables, como lo es también el consenso unánime de los partidos políticos e instituciones representativas de Ibiza y Balears a favor de la continuidad del club. Pero lo cierto es que la decisión de la APB no dependerá de razones históricas, sentimentales o de voluntad de la ciudadanía, sino de una valoración de las ofertas concretas presentadas por los licitadores y del cumplimiento del pliego de condiciones administrativas, algunas de ellas muy cuestionables aunque incomprensiblemente no fueran recurridas.
El desmesurado peso de las ofertas y compromisos económicos en el pliego de condiciones redactado por la APB despierta recelos en el CNI. Inicialmente se consideró un éxito que entre los elementos del concurso se introdujeran las actividades de carácter formativo, educativo, social y cultural sin fines lucrativos desarrolladas por los aspirantes a la concesión, pero luego resultó que en la letra pequeña esas actividades van a ser valoradas también con parámetros económicos -presupuestos destinados y aportaciones netas- que dan más opciones a quienes disponen de más músculo financiero que a quienes sólo pueden aportar trabajo constante, vocación formativa y esfuerzo diario, pero escasos recursos que no provengan de subvenciones públicas. Son unas bases que otorgan la misma consideración a las entidades con masa social, sin ánimo de lucro, volcadas en la promoción de la vela deportiva y las actividades solidarias que a las empresas mercantiles sin base social que únicamente aspiran a exprimir la máxima rentabilidad de la explotación de amarres e instalaciones en tierra; unas condiciones que valoran por igual lo que unos empresarios dicen que se comprometen a hacer en materia formativa, educativa, social o cultural y lo que una organización centenaria tiene acreditado porque ha venido haciéndolo con éxito desde hace varias generaciones hasta hoy. De este modo, con el pretexto de respetar el principio de igualdad (interpretado a su manera, eso sí), la APB quiebra la imprescindible equidad, condiciona el concurso y distorsiona las valoraciones.
En este proceso de autorización temporal, al que sólo concurren dos aspirantes, el CNI es el único que ofrece un proyecto globalmente creíble y que responde de verdad al interés general, que en la gestión del dominio público no debería medirse exclusivamente por los ingresos que reporta a los organismos que lo administran, sino por todo lo que se aporta a la sociedad y al bien común. En el puerto de Ibiza se han cometido ya demasiadas tropelías y abusos de poder irreversibles. La Autoridad Portuaria no puede añadir a su largo historial de agravios el de acabar con la contribución que hace el CNI a la náutica, a la vela deportiva, a la acción solidaria y a la cohesión social. Si no puede o no quiere dejarse influir por el clamor popular, debería al menos tomar en consideración (y puntuar como corresponde) el enorme valor de todo lo que la entidad ya ofrece al auténtico interés colectivo de la ciudad y la isla, que no son meros compromisos y promesas sino espléndidas realidades.
DIARIO DE IBIZA
