Aplazar, otra vez, el juicio por acoso a Sara Calleja solo demuestra que la justicia no funciona. O, por lo menos, no como debería. La víctima denunció, en varias ocasiones, a la que ya era su expareja en 2014. También en 2015 cuando este incumplió la medida que decía que no podía ponerse en contacto con ella hasta 2019. Hizo las maletas para huir de León, donde vivía. Como si fuera fácil empezar de cero. Llegó a Eivissa para que no la localizara y poder tener otra oportunidad. Otra oportunidad de vivir (tranquila). Y tuvo que poner otras dos denuncias que se quedaron olvidadas en el cajón. Así que optó por quitarse la vida. La Policía Nacional de la isla calificó su muerte como inducción al suicidio, pero siete años después todo sigue en el limbo. 84 meses lleva su familia esperando a un juicio que, ahora, se pospone hasta mayo de 2023. Mientras tanto, el encausado sigue haciendo vida normal, como si no fuera con él lo que pasó aquel día de julio cuando Sara no encontró ninguna motivación para seguir viviendo, cuando constató que la justicia no le hacía caso. De poco sirve ampararse en que los procesos administrativos son lentos y que no hay recursos suficientes cuando la vida de las personas se queda por el camino. El sistema judicial falla, pero aquí nadie pide perdón.
