Antiguamente, las zonas balizadas de las playas marcaban un territorio exclusivo para los bañistas, donde las barcas no podían entrar. En toda el área que quedaba fuera, los bañistas también podían circular y las embarcaciones, especialmente cerca de la costa, debían navegar a baja velocidad y extremar las precauciones para evitar accidentes. Hoy, aunque la teoría sigue siendo la misma, la realidad es radicalmente opuesta. Las áreas balizadas se han convertido en una frontera que el bañista no debe atravesar salvo a riesgo de su propia vida. En el mar pitiuso nunca se había conducido tan salvajemente. El litoral está tomado por una nueva raza de domingueros al timón, que navegan a toda mecha e ignoran sistemáticamente los límites de velocidad y la distancia de seguridad.
A diferencia de lo que ocurría en las carreteras, los navegantes solían ser gente prudente y educada, que saludaban a las otras embarcaciones a su paso, echaban una mano a quien lo necesitara y concedían prioridad al bañista y a las embarcaciones más modestas. Hoy, dichos protocolos brillan por su ausencia, probablemente por la excesiva mercantilización del mar y la aparición de recién llegados, que actúan en el agua con la misma indolencia que fuera. En Ibiza, por ejemplo, han crecido exponen-cialmente las empresas de servicios náuticos que alquilan embarcaciones sin necesi-dad de licencia de navegación a toda clase de irresponsables, que circulan por los al-rededores de las playas como si estuviesen en un rally. ¿Cómo es posible que para conducir por las carreteras se exija una titulación y en cambio se permita navegar a cualquier indocumentado?
El colmo de esta tendencia inquietante, peligrosa y cada vez más extendida son las motos de agua. Constituyen una verdadera plaga tanto por las molestias que generan como por el peligro que representan para la seguridad de los demás. Todo aquel que haya navegado este verano y fondeado en alguna cala concurrida, como Platges de Comte, es Jondal, ses Salines o la bahía de Portmany, donde la barrera de embarcaciones es tan densa que casi no se divisa el horizonte, las habrá visto en acción. Circulan entre los barcos fondeados a toda velocidad y no varían su actitud ni siquiera cuando sus ocupantes se están dando un chapuzón. Ello pese a que las normas de navegación publicadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana les prohíben «acercarse a menos de 50 metros de otra moto, artefacto flotante, buques o embarcaciones, debiendo evitar la zona de buques fondeados».
Ahora, además, ya no se conforman con el estruendo de sus motores. Algunas van equipadas con potentes altavoces y navegan con el reguetón a toda potencia. Convierten una jornada en el mar, donde uno anhela tranquilidad y sosiego, en una pesadilla. Las motos que se pasean por las aguas pitiusas y la cantidad de empresas que hacen negocio con ellas se multiplican como champiñones. La Administración incluso les concede polígonos para correr a toda velocidad dentro de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), donde debería imperar el silencio. La sensibilidad hacia el medio ambiente y los ecosistemas marinos es nula. El ruido se ha adueñado del mar, de la misma forma que sucede en tierra.
¿Dónde está el límite en las concesiones de motos de agua? ¿Hasta dónde vamos a seguir creciendo? ¿Tenemos que renunciar a nuestro derecho a nadar más allá de la baliza de las playas? Vale que vivimos del turismo, pero eso no debería implicar agotar hasta el límite los recursos naturales y la paciencia de los residentes. No solo debería prohibirse la concesión de más licencias para explotar negocios de motos de agua en la costa pitiusa, sino que éstas deberían reducirse drásticamente y, como mucho, ins-talarse en zonas no protegidas, donde tampoco haya bañistas ni barcos fondeados. Y respecto a las lanchas sin carnet, lo mismo.
En enclaves de todo el país, desde la costa de Granada a la de Girona, ya se están re-cogiendo miles de firmas para que las motos acuáticas se prohíban. Solo benefician a un puñado de empresas y los perjudicados son los miles de bañistas que se concentran en las playas. Estoy convencido de que el turismo ibicenco no se hundirá sin motos de agua y, por tanto, habría que plantearse seriamente prohibir su circulación. Ya llevan muchos años entre nosotros y han demostrado reiteradamente que no pueden convivir con el resto de usuarios. Son máquinas que no están concebidas para pasear, sino para navegar a toda velocidad y realizar movimientos bruscos. Constituyen un peligro público, generan un sinfín de molestias, dañan el medio ambiente y no producen el menor beneficio.
¿Vamos a esperar a que se produzca un accidente grave o incluso mortal? ¿Es más importante el derecho a conducir motos de agua que la seguridad de los bañistas o la sostenibilidad del mar?
@xescuprats
