El derribo del complejo turístico ilegal de Casa Lola es una buena noticia porque supone el fin de la impunidad de una empresaria, Francisca Sánchez Ordóñez, que durante más de doce años ha cometido numerosas infracciones, tanto urbanísticas como turísticas, en Ibiza y se ha reído del Ayuntamiento de Sant Josep, el Consell Insular y la Justicia. Este episodio es uno más en la larga trayectoria delictiva de esta promotora, que pasó diez meses en la cárcel por defraudar a Hacienda y que también ha hecho obras ilegales en Casa Rocío (la Guardia Civil las denunció en octubre) y tiene pendientes de ejecutar las órdenes de derribo de Casa Paola y Casa Lolita, levantadas sin licencia. Además, el Ayuntamiento ha anunciado la apertura de un nuevo expediente por obras hechas sin permiso y de las que ha tenido constancia al entrar en el recinto, entre ellas una discoteca insonorizada y una piscina. Hay que confiar en que el Consistorio siga cumpliendo con su obligación de perseguir a la infractora y estas edificaciones acaben también bajo la piqueta, más tarde o más temprano.
El caso de Casa Lola, que ahora culmina con la demolición de lo construido y explotado ilegalmente, es sólo una muestra de la cantidad de edificaciones ilegales similares levantadas con absoluta impunidad en la isla, ya sean para uso privado o turístico, y que exigen el mismo empeño y celo que ha mostrado el Ayuntamiento de Sant Josep en la persecución de las ilegalidades cometidas en el complejo de es Cubells. Todos esos infractores, todas esas ‘Casa Lola’ anónimas que salpican la isla, estafan a la ciudadanía y se burlan tanto de las administraciones como de quienes cumplen las normas, aprovechándose de la pasividad, la irresponsabilidad o la negligencia de las instituciones que tienen la obligación de perseguirles y de restituir la legalidad.
Ibiza es una isla en la que tradicionalmente se ha hecho la vista gorda ante las ilegalidades urbanísticas y los delitos contra el medio ambiente, lo que alienta a quienes, como Francisca Sánchez, pretenden saltarse las leyes a la torera, recurren a todas las artimañas posibles para frenar la acción sancionadora y logran elevados ingresos gracias a ello. Casa Lola debería ser un punto de inflexión, el ejemplo de que en la isla van a perseguirse y castigarse siempre las infracciones urbanísticas, a pesar de todas las argucias de los delincuentes como Sánchez para evitar el derribo y las sanciones. Pero para ello, los ayuntamientos y el Consell de Ibiza deben tomarse muy en serio su responsabilidad, movilizar los recursos necesarios para hacer cumplir la disciplina urbanística, implicar a todos los funcionarios para gestionar eficientemente los procedimientos sancionadores (que no pueden dejarse morir por inactividad, como se ha hecho sistemáticamente durante años en muchos ayuntamientos, ya sea por falta de medios, desinterés, tráfico de influencias o cualquier otra clase de razones inconfesables) y evitar esta sensación de impunidad generalizada que ha marcado la historia reciente de la isla. Debe haber una voluntad política permanente e inequívoca, sea cual sea el color político de los equipos de gobierno, para luchar contra las ilegalidades urbanísticas y el intrusismo en el sector turístico, dos lacras cuyas consecuencias son tristemente patentes en el territorio y la economía de Ibiza.
DIARIO DE IBIZA
