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Diario de Ibiza

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Ana Bernal Triviño

Acuerdos en la justicia con violadores

«Algo falla cuando una mujer decide que no confía en el proceso judicial porque puede hacerla sufrir mucho más. El sistema debería cerrar esos espacios por donde se cuela la impunidad o se alivian unas penas de violación porque las víctimas tengan miedo a seguir con los procesos»

Hemos conocido estos días dos fallos polémicos en la justicia. Son dos sentencias, de delitos de violación, donde los agresores han evitado la cárcel a cambio de la indemnización correspondiente y de unos cursos de «reeducación sexual».

El primero fue la denuncia de una joven agredida sexualmente por dos policías en Estepona. Tras un acuerdo entre Fiscalía, acusación particular y condenados, no solo evitan la cárcel sino que además les rebajan el delito de agresión sexual a abuso. La víctima acepta para evitar la revictimización que han sufrido otras mujeres en los delitos de violencia sexual durante el proceso judicial como ocurrió con La Manada. El segundo caso es el de una jornalera de Murcia, cuyo capataz la agrede, viola y amenaza. Aun así, ella denuncia. Él cumple seis meses de prisión preventiva pero, tras el acuerdo, ya no hay cárcel, paga la indemnización y le ordenan un curso de educación sexual.

Habrá que preguntarse por qué se llega a esto, qué ocurre y qué falla. Porque algo falla, como en el caso de Estepona, cuando una mujer decide que no confía en el proceso judicial porque puede hacerla sufrir mucho más. Es cierto que los jueces tienen que asumir estos acuerdos, pero la magistrada Isabel Tobeña señala que «bajo la discrecionalidad» se puede «suspender el cumplimiento de la pena». Es decir, que aunque se den los requisitos para suspenderla, el juez puede acordar que el culpable cumpla la pena impuesta, previa motivación.

En Estepona, el magistrado presidente de la sala emitió un voto particular disconforme y apuntaba que, en este tipo de situaciones, «están comprometidos valores muy importantes», como el mensaje que recibe la sociedad sobre «la comisión de delitos» y sobre «la protección de la mujer y de su capacidad de decisión». Y también está bajo lupa el papel de una Fiscalía que debe defender la legalidad así como una acusación particular, la de la propia víctima, que tiene un rol fundamental en esto.

Todo el mundo tiene derecho a una tutela judicial efectiva, pero el sistema debería cerrar esos espacios por donde se cuela la impunidad o se alivian unas penas de violación solo porque las propias víctimas tengan miedo a seguir con los procesos. Aún más, después de esperar tres o cuatro años a que lleguen sus juicios, como en estos casos. ¿No es quizás un plazo largo para unas víctimas que tienen que abrir un nuevo duelo cuando ya están intentando superarlo?

Quizás es hora de revisar el Estatuto de la Víctima del Delito y establecer mejores mecanismos de protección. Quizás sea hora de pensar, igual que en el abuso sexual infantil, en las pruebas preconstituidas como una fórmula jurídica. De esa forma, se mejora para proteger de la revictimización en el juicio y así evitan relatar, más de una vez, un hecho traumático. Quizás en los casos donde la víctima duda o tiene miedo es necesario un mayor acompañamiento psicológico, donde ella tenga garantías de que esa revictimización no va a suceder y asegurarnos de que no está amenazada. Quizás antes de acordar hay que hacer una pausa, aún más cuando se trata de mujeres más vulnerables, en situación precaria, menores, dependientes o inmigrantes. Conocemos muchas denuncias de jornaleras. Y sabemos de sobra cuántas agresiones sexuales quedan en el silencio, en un país donde se denuncia una violación cada cinco horas.

También es preciso reflexionar si hace falta más que un curso de horas para que los operadores jurídicos (todos, no solo magistratura) estudien e incorporen la perspectiva de violencia de género en la justicia. Porque no se puede hacer sentencias ni cerrar acuerdos si no se sabe bien del alcance de lo que se tiene entre manos. Y tomar conciencia de que estos tipos de acuerdos se han producido en Audiencias Provinciales, no en los juzgados de Violencia de Género.

El resultado es que los agresores están en la calle. Los dos policías volverán a trabajar en un par de años y el de Murcia seguirá a cargo de otras jornaleras que quizás no son violadas, pero dudo bastante de su trato hacia ellas. Si el sistema no está a la altura, hay violencia institucional hacia las víctimas. Y ellas necesitan garantías y confianza. Queda bajo la responsabilidad de la justicia que se las den.

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