En cualquier país europeo donde el coste de la vida es mucho más elevado que el nuestro, los trabajadores ganan lo suficiente como para pagarse un techo bajo el que vivir con decencia. De hecho, en algunos de estos estados, como por ejemplo Holanda, la vivienda tiene un precio tan elevado que el nuestro aún les parece barato y sus ciudadanos ahora se dedican a adquirir inmuebles pitiusos con frenesí. En muchos casos, no se trata de villas lujosas en acantilados, sino de pisos ‘normales’ destinados a la clase media. En definitiva, el parque de vivienda para residentes y trabajadores de temporada no solo se encarece cada año, sino que además mengua porque cada vez se concentra más en manos de extranjeros, que los usan como segunda residencia.
Mientras los salarios no se adecúen a las necesidades reales de los trabajadores, para que puedan disfrutar de los mismos parámetros de calidad de vida que tenían hace 15 ó 20 años, encontrar mano de obra en Ibiza seguirá siendo una quimera y con tendencia a empeorar. De hecho, todos los factores apuntan a que se convertirá en un problema enquistado e irresoluble hasta que la burbuja estalle, si es que estalla.
En una década, numerosos hoteles han triplicado y cuadruplicado el precio medio de sus habitaciones, al elevar su categoría. Sin embargo, apenas han incrementado los sueldos de sus empleados unos pocos puntos porcentuales. Y otros muchos negocios, que no han experimentado este crecimiento en sus beneficios, no pueden ni soñar con afrontar subidas salariales importantes para sus profesionales.
En este contexto, resulta dramático ver la situación de todos estos trabajadores que viven en roulottes porque no encuentran otra solución habitacional y son tratados como cuatreros por las administraciones locales. La semana pasada en Sant Antoni se denunciaron a trece autocaravanas y en Sant Josep se expulsó a una veintena del Parque Natural de ses Salines. Obviamente, en un área con la máxima protección ambiental no puede establecerse un camping ilegal, pero tampoco deberían existir discotecas, beach clubs y descontrol de vehículos, ni se debería permitir la reconversión de almacenes y chamizos en viviendas turísticas; y ahí están. Solo se echa a las autocaravanas.
Ya hemos visto que quienes viven en ellas no son narcotraficantes ni organizadores de raves ilegales, sino camareros, socorristas, enfermeras, etcétera. Para ellos, las únicas alternativas son alquilar un salón compartido con otros cuatro, una colchoneta en un balcón o la caravana. Esta última opción constituye su única forma de vivir con cierta dignidad e intimidad, aunque carezcan de algunos servicios básicos. Las caravanas, en definitiva, seguirán viniendo porque no hay otra solución habitacional y además se multiplicarán. Pienso que es momento de dejar de darle la espalda al problema y buscar soluciones. Siempre será mejor concentrarlas en un único lugar bien acondicionado que tenerlas en movimiento por la isla, convirtiendo playas, acantilados y calles de los pueblos en improvisados campamentos. A eso vamos, y si no, tiempo al tiempo.
Las administraciones, por su propia tranquilidad, tienen que proporcionar una solución. Echar y multar sistemáticamente a quienes viven en ellas viene a ser lo mismo que hacía Jesús Gil con los mendigos cuando era alcalde de Marbella; es decir, trasladar el problema al municipio de al lado. Además, no se puede tratar así a unos trabajadores que tanto necesitamos. El problema afecta a toda la isla y, en consecuencia, deberían resolverlo los ayuntamientos, coordinados por el Consell.
La solución más evidente sería adaptar un terreno acotado en el centro de la isla, dotado de las necesidades básicas de un camping, como duchas, servicios, lavandería, electricidad, agua y depósitos para vaciar las aguas sucias, aunque al principio fueran instalaciones portátiles. Y con el tiempo, ir mejorándolo, convirtiéndolo en un sitio más agradable para vivir y que quienes permanezcan en él no se sientan ciudadanos de tercera.
A Ibiza no le interesa el turismo de caravanas y furgonetas. Estas instalaciones solo deberían ser accesibles para personas que tengan un contrato de trabajo en vigor en la isla, que deberían presentar periódicamente para renovar el contrato. Y pagar un alquiler suficiente para que no representara un coste para las administraciones. A partir de ahí, sí se debería perseguir con insistencia la presencia de autocaravanas en los parajes de la isla e incluso impedir el acceso de las mismas a los ferris. Hacia Formentera, por ejemplo, no embarca ni una.
En Ibiza se acumulan los problemas sin perspectivas de solución, pero no es el caso de las autocaravanas de trabajadores. Solo se requiere un mínimo de empatía, voluntad e inversión. A estos empleados, de hecho, habría que darles las gracias por seguir viniendo a trabajar a la isla, aún con estas condiciones, y facilitarles mínimamente la vida, en vez de ponerles mil y una trabas.
@xescuprats
