En un contexto de corrupción, paro y recortes y desahucios, los partidos surgidos del 15-M abogaban por bajar los sueldos de los políticos e impulsar códigos éticos estrictos. Medidas ejemplarizantes que, aunque comprensibles en el momento, no dejaban de ser un caballo de Troya.
La acusación contra Mònica Oltra está formada por abogados, asociaciones y periodistas vinculados a la extrema derecha. Es evidente la cacería de una política comprometida en mejorar la vida de la ciudadanía. Atacada -y atrapada- por su compromiso ético, Oltra ha dimitido. No es el primer caso. La ultraderecha ha encontrado en el asedio judicial y mediático un modo de doblegar el veredicto de las urnas. Poner en duda el sueldo de los cargos políticos o exigir un exceso de ejemplaridad, no dejan de ser medidas que acrecientan su vulnerabilidad y que impactan de un modo especial en quienes buscan crear sociedades más justas enfrentándose al poder de las élites. El trabajo de responsabilidad (y este lo es) debe estar bien pagado y debe gozar de especial protección. Lo contrario es denigrar y desvalorizar la función pública. Convertir la política en una profesión de alto riesgo y en una trituradora solo beneficia a los que nunca pierden.
