El futuro de la dársena que ocupa el Club Náutico en el puerto de Ibiza lleva años empantanado, y no por casualidad. Como no es casual tampoco la conflictividad que ha rodeado la concesión de las demás dársenas para embarcaciones de recreo en el cotizado puerto ibicenco, trufadas de litigios judiciales. El espacio que ocupa el Club Náutico Ibiza (CNI) desde hace casi un siglo para resguardar las pequeñas embarcaciones de sus socios, fomentar la práctica de la vela deportiva e impulsar iniciativas solidarias tiene una extensión de casi 30.000 metros cuadrados, entre espejo de agua e instalaciones en tierra, y es muy codiciado por empresas que quieren transformarlo en una explotación altamente lucrativa como las que ya funcionan en toda la ribera norte del puerto. Esa codiciosa presión de intereses particulares ante la posibilidad de un negocio multimillonario y la gestión básicamente mercantilista del dominio público portuario que Puertos del Estado ha propiciado durante años son la razón de las múltiples vicisitudes que ha sufrido la concesión del CNI.
Las actuaciones del anterior presidente de la Autoridad Portuaria de Balears, Joan Gual de Torrella, encaminadas a encauzar legalmente la voluntad política de las instituciones y partidos ibicencos para que la continuidad del CNI prevaleciera por razones de interés general sobre las maniobras especulativas, le han colocado a él y otros responsables de la APB en el centro de una investigación judicial por posible prevaricación, que -conviene subrayarlo- no excluye la hipótesis de que pueda haber en este asunto un intento de extorsión por parte de la empresa fantasma que se presentó al concurso para hacerse con la concesión del CNI.
El último episodio de este largo y embarullado proceso se ha producido esta misma semana, con la decisión de la Autoridad Portuaria de Balears (APB) de sacar a concurso la gestión temporal de las instalaciones del CNI mediante una autorización administrativa de un año de duración, prorrogable hasta un máximo de tres, a fin de mantener los servicios e instalaciones que se vienen prestando hasta ahora mientras se prepara la licitación para la concesión definitiva. La buena noticia es que en esta convocatoria se prima el papel social y de promoción deportiva que desarrollen las entidades que aspiren a ganar el concurso frente a la cuantía de la oferta económica, de modo que la opción más ventajosa se elegirá, según la propia APB, «con especial atención al fomento y enseñanza del deporte, que sea un referente en responsabilidad social en el sector náutico». El planteamiento no puede ser más correcto.
Así pues, a pesar de la investigación judicial en marcha y del cambio al frente de la APB, el criterio de valorar las propuestas más por su aportación global a la sociedad ibicenca que por el dinero que los aspirantes pongan sobre la mesa parece firmemente asentado en el organismo portuario, lo cual es encomiable y refuerza las expectativas del CNI de mantener la concesión. No obstante, este mismo criterio, tan claramente manifestado ahora por la APB para la autorización temporal, no puede ser circunstancial para salir del paso, sino que habrá de inspirar también el concurso que se convoque en el futuro para otorgar la nueva concesión de largo plazo para esas instalaciones. Se trata de un planteamiento coherente con la posición unánime y reiterada de las instituciones insulares y autonómicas, que deberá quedar plasmado en las condiciones definitivas para que las entidades concursantes tengan una masa social detrás y acrediten una actividad real de promoción deportiva, es decir, que no haya lugar para tapaderas de ningún tiburón de los negocios portuarios ni contribuyan a que algún jurista espabilado pueda hacer caja. Por mucha inquietud que despierte el procedimiento judicial en curso, ese sigue siendo el buen camino.
DIARIO DE IBIZA
