El escándalo que hemos conocido esta semana sobre las fiestas con sexo y civiles que celebraron los tres miembros del destacamento de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en las instalaciones de sa Coma, entre el 19 de agosto y el 11 de septiembre de 2020, es mayúsculo. Ha trascendido porque se han difundido las tres sentencias que rechazan sendos recursos contra las sanciones que recibieron, 25 días de arresto en establecimiento penitenciario militar para el cabo (y jefe del destacamento) y 20 para cada uno de los dos soldados. La conducta de estos tres militares es muy grave y empaña el buen nombre de esta unidad, que goza de un merecido prestigio entre la población, por su labor ante graves emergencias de todo tipo. En el caso del destacamento de Ibiza, ubicado en las instalaciones de sa Coma cedidas por el Consell, sus miembros deben estar activados en una hora como máximo ante una emergencia en cualquier isla de Balears, algo que habría sido imposible las noches que pasaban de fiesta porque estaban bebidos. Las sentencias no ahorran reproches a estos militares, que además molestaron a los niños y adolescentes que viven en el Centro de Menores Padre Morey, situado a solo 25 metros del destacamento de la UME. El ejemplo que dieron a estos menores tutelados por el Consell fue lamentable.
Por si fuera poco, los tres militares permitieron que civiles sin autorización, hombres y mujeres, entraran y salieran de sa Coma con sus propios ‘token’, sus dispositivos intransferibles de acceso. La música alta hasta altas horas de la mañana, los soldados orinando fuera de los edificios, los ruidos de acto sexual, perturbaron el descanso de los menores tutelados por el Consell, y responsables de este servicio, y de sa Coma, se quejaron a los superiores.
Las sentencias, no obstante, no abordan una circunstancia que hace aún más escandalosa e indignante, si cabe, la conducta de estos tres militares: en aquellos días la segunda ola de covid obligaba a endurecer las restricciones, que afectaban a toda la población. Mientras los bares, por ejemplo, debían cerrar a la una de la mañana y los policías sancionaban las fiestas nocturnas en las islas, los militares abusaban de la confianza que la sociedad había depositado en ellos montándose sus propias jaranas nocturnas, en unas instalaciones de titularidad pública, sin importarles el grave daño que estaban ocasionando a su propia unidad. En aquellos días, la temporada se frenaba casi en seco, se endurecían las restricciones para contener la expansión del covid y aumentaba el sufrimiento y la incertidumbre entre la población. Estos militares incumplieron por tanto la función ejemplarizante y tranquilizadora que es consustancial a las fuerzas de seguridad, al Ejército, y que es fundamental para contar con el respaldo y el respeto de los ciudadanos.
Castigar comportamientos intolerables, como los de estos tres militares, y también dar a conocer las sanciones es fundamental para limpiar el buen nombre de la UME y para dejar claro que algo así no se puede repetir. Es la forma de que la población mantenga la confianza en instituciones esenciales para nuestra sociedad: ser ejemplares siempre en su comportamiento y tener la certeza de que, ante cualquier vulneración de esa ejemplaridad imprescindible, se sancionan las conductas irresponsables y se toman medidas para evitar que se repitan.
DIARIO DE IBIZA
