La política, tal y como está concebida en estos tiempos, atenta contra su propia esencia de regir los asuntos públicos y dar solución a los problemas de la sociedad. Se trabaja con la visión cortoplacista de la legislatura, pensando en el beneficio partidista y el rédito electoral. La vista se proyecta sobre ese horizonte de cuatro años casi en exclusiva y se deja en segundo plano o directamente se descarta aquello que, por im-prescindible que resulte para el buen funcionamiento de lo público, implique períodos largos de ejecución y la posibilidad de que acabe rentabilizándolo el adversario. A cuántos fastos con pompa y boato hemos asistido a través de los medios de comunica-ción, organizados por parte de equipos recién desembarcados que inauguran como propio el trabajo ajeno.
Este ombliguismo imposibilita un trabajo efectivo en pro del bien común y dinamita sistemáticamente la posibilidad de alcanzar los consensos necesarios para encontrar soluciones a los problemas más acuciantes, aunque llevemos arrastrándolos desde hace décadas. Incluso ocurre con aquellos asuntos señalados por los propios partidos como los grandes problemas que afronta la isla, en eslóganes y programas electorales. Desde los escaños de la oposición, se desgañitan criticando al adversario porque no encuentra soluciones, pero se aplican con idéntico régimen pasivo cuando llega su momento.
Podemos encontrar montones de asuntos en los que la teoría que defienden los principales partidos coincide prácticamente al cien por cien y luego, sin embargo, jamás alcanzan los acuerdos necesarios para poner soluciones en marcha. Podríamos aludir al urbanismo, la educación, la formación profesional, el medio ambiente, la saturación turística, etcétera, pero limitémonos hoy a la Sanidad y, más específicamente, a la pérdida de calidad en el servicio de oncología del Hospital de Can Misses, por falta de profesionales.
Hay ciudades de provincias con muchos menos habitantes que Ibiza que disponen de hospitales con servicios mucho mejores. Una ciudad como Guadalajara, que tiene menos habitantes que Ibiza, posee un hospital universitario con unidad de oncología desde 1995. Sus pacientes incluso recibían tratamientos de quimioterapia sin tener que salir de su ciudad a través de conciertos con centros privados, hasta incorporar su propia tecnología. Ello, a pesar de que esta ciudad se encuentra a menos de una hora de Ma-drid, que es la ciudad que concentra los más importantes recursos de la sanidad espa-ñola. Podemos aplicar ejemplos parecidos con cualquier otra rama de la medicina, desde neurología a cardiología, pasando por pediatría o psiquiatría. Y ocurre lo mismo en otras muchas ciudades de tamaño similar e inferior al de Ibiza.
¿Qué nos diferencia, por tanto, de los residentes en estos enclaves, que reciben una asistencia descaradamente mejor que la que tenemos nosotros? Nuestra condición de isla constituye un factor clave, al igual que el desentendimiento sistemático por parte de la política por aportar verdaderas soluciones en vez de limitarse a poner parches que año tras año, legislatura tras legislatura, se revelan inútiles.
Precisamente por nuestra condición de isla, nuestros servicios médicos deberían ser punteros y ejemplares, en vez de estar a la cola de España. Todos podemos imaginar el sentimiento de desesperanza e incertidumbre de los pacientes que ahora mismo reciben tratamiento oncológico. El sufrimiento añadido cuando abren el periódico y ven que, en cualquier momento, les pueden derivar a Palma porque en Ibiza no damos abasto. Ello, con la dificultad que implica viajar cuando uno se encuentra mal y los problemas que representa conseguir alojamiento para los acompañantes, que a veces incluso tienen que pagar sus gastos por adelantado.
El problema que existe en Ibiza con la escasez de médicos y resto del personal sanitario es similar al que se registra con otros muchos empleados públicos, como policías, jueces, profesores, etcétera. Cobran poco, no se les compensa suficientemente la insularidad y encontrar vivienda se ha vuelto una quimera. La solución no puede ser más evidente. Si queremos retener a estos profesionales, hagamos lo posible para pagarles mejor y, sobre todo, construyamos más vivienda pública en suelo urbano exclusivamente para ellos. El mercado inmobiliario no se va a regular ni va a renunciar voluntariamente a sus elevados márgenes de beneficio. No cabe otra salida que proporcionarles un hogar adecuado, bien acondicionado, a cambio de un alquiler justo y razonable, algo que solo se puede lograr desde lo público y pensando a lo grande.
El suelo que aún queda en la ciudad, como todas esas parcelas vacías del barrio de Can Misses y otras áreas, acabará igualmente repleto de edificios. Al menos, que se emplee una parte en erigir un barrio destinado a los funcionarios para que no nos abandonen a las primeras de cambio. Aunque cueste mucho dinero, hacerlo realidad requiera una década y acabe cortando la cinta el adversario. ¿Acaso existe en Ibiza un problema más relevante y urgente?
@xescuprats
