La práctica imposibilidad de encontrar vivienda en Ibiza y Formentera a precios razonables está teniendo unas desastrosas consecuencias para la economía pitiusa. Numerosas empresas no consiguen encontrar el número de empleados que necesitan y se ven obligadas incluso a reducir su horario de funcionamiento, otras ni siquiera han podido abrir por falta de trabajadores. Las hay, y muchas, que se ven obligadas además a contratar a personal sin la cualificación necesaria, lo que repercute en una merma de la calidad del servicio que prestan y perjudica la imagen turística de las islas. Hay hoteles (pero también empresas de otros sectores) que han tenido que comprar o alquilar edificios para alojar a sus trabajadores de temporada, y este año algunos han tenido incluso que alojar a empleados en habitaciones destinadas a clientes, soluciones que tienen un impacto directo en la cuenta de resultados de las empresas y les hacen perder rentabilidad. Y por si todo esto no fuera poco, todas las empresas están lidiando con el grave problema de la inestabilidad en sus plantillas porque, ante los graves problemas de personal, muchas de ellas se lanzan a arrebatar empleados a su competidores ofreciéndoles un sueldo más alto y/o mejores condiciones laborales.
Pero tampoco los salarios elevados son una solución, pues los precios de la vivienda alcanzan niveles de escándalo, adaptados al alquiler turístico en lugar de al residencial de trabajadores de todo el año o temporales, que no encuentran dónde vivir y se marchan de las islas o simplemente ya no vienen a hacer la temporada porque no les sale a cuenta y han encontrado otro empleo en la península, quizá peor remunerado, pero que con la vivienda más barata les resulta más ventajoso.
Esta perversa espiral amenaza con destrozar la economía de Ibiza y Formentera. El problema no tiene fácil solución y es el resultado de muchas décadas en las que la explotación de la vivienda ha sido la forma fácil y rápida de ganar mucho dinero, a menudo negro, en estas islas. Pero la escalada de precios y el descontrol en el uso turístico de la vivienda residencial nos ha arrastrado a una situación tan límite que, si no se halla la forma de intervenir y enfriar en el mercado para que los precios bajen, toda la economía insular corre peligro de colapsar, llevándose por delante incluso la imagen de nuestras islas como destino turístico de primer nivel. La avaricia individual acabará así rompiendo el saco colectivo del que todos vivimos.
Dejar esta amenazadora situación sólo en manos del mercado y de las leyes de la oferta y la demanda es una temeridad, una inaceptable abdicación de la responsabilidad que tienen los poderes públicos de intervenir en la economía para corregir las prácticas abusivas y en defensa del interés general. Si seguimos de brazos cruzados, sólo lamentándonos ante la evidencia, los precios de la vivienda seguirán subiendo sin ningún control, cada año será aún más difícil si cabe que los trabajadores encuentren un lugar digno y asequible donde vivir, y la falta de personal y de empleados cualificados será un lastre cada vez más pesado para el normal funcionamiento de las empresas.
El negocio y la especulación que hay en torno a la vivienda es de tal magnitud, y de él se benefician tantas personas, que la cadena de intereses que genera es el principal obstáculo para encontrarle una solución. Pero esos intereses particulares, por muy abundantes que sean, no pueden prevalecer sobre el interés colectivo ni deben condicionar a los responsables políticos, paralizados ante la magnitud del reto, ni podemos aceptar que desencadenen una crisis que se extienda a toda la economía pitiusa ni debemos permitir que acentúe aún más las desigualdades en la rica sociedad de nuestras islas.
Tomar decisiones será difícil y puede suponer un serio desgaste político, pero el coste de no hacer nada para reducir los precios será socialmente inasumible. Un error que no nos podemos permitir.
DIARIO DE IBIZA
