Es evidente que los líderes del ‘procés’ pecaron, entre otras (y peores) cosas, de ingenuidad. También es evidente que los estados son poderosos. Pero si unos han pagado caro sus excesos, el Estado no puede quedar impune si se ha cometido abusos. El ciberespionaje a más de 60 políticos y activistas independentistas (familiares incluidos) con el software Pegasus (solo comercializable a gobiernos) hace sonar todas las alarmas y no puede ser cerrado en falso.
Un Estado democrático solo puede intervenir las comunicaciones de un ciudadano si lo hace bajo control judicial. La cuestión no es la ideología de los espiados, sino la naturaleza de la acción. Se abren numerosos interrogantes que deben ser respondidos. El más determinante es saber si algún aparato del Estado está actuando al margen de la legalidad. ¿Cómo podemos asegurarnos de que no volverá a repetirse? Ayer fueron los secesionistas, ¿y mañana? ¿Se elegirá el control según el color del Gobierno? ¿Queremos un estado capaz de espiar a sus ciudadanos sin orden judicial?
El Gobierno debe abordar una investigación de forma urgente, transparente, valiente y exhaustiva. La ciudadanía necesita conocer la hechura de nuestra democracia.
