Chalé patera

El chalé patera de Sant Antoni saltó a la fama en la primavera de 2017, recién iniciada la temporada, al desvelarse que ocultaba en su interior medio centenar de habitaciones irregulares para trabajadores, que abonaban por pernoctar allí un alquiler abusivo, en línea con los precios disparatados que ya entonces, al igual que ahora, registraba la isla.

Esta vivienda se sumó a otros escándalos inmobiliarios del momento, hilarantes si no fuera por el drama social implícito, que protagonizaron múltiples espacios en cadenas de televisión y prensa nacional. Me refiero al alquiler de balcones, corrales, tiendas de campaña y yurtas malolientes en fincas perdidas, entre otras variantes, que ejemplarizan la caradura de algunos propietarios de la peor calaña. Unos meses después de destaparse el asunto, el Ayuntamiento de Sant Antoni dictó la orden de demolición de estas obras ilegales, que se habían ejecutado sin licencia y habían hecho posible que un chalet modesto y familiar albergara tan desproporcionada infraestructura.

La casa, situada en una parcela urbana de la calle General Gotarredona, en la zona de es Molí, es fácilmente identificable a través de cualquier aplicación de geolocalización con visión de satélite. Desde esta perspectiva aérea se observa una amplia parcela totalmente cubierta por una construcción gigantesca, sin dejar un centímetro de retranqueo con las fincas colindantes. Tras la valla, a ras de cielo, solo queda libre una esquinita minúscula ocupada por una piscina, al servicio del más del centenar de personas que en verano pernoctan allí, en habitaciones individuales, dobles y triples. A la casa original ahora le sobra un apéndice de 1.000 metros cuadrados que, según se supo la semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia de Balears ha confirmado que hay que demoler.

En su día se publicó que Agustín Sales, el promotor de este chalé patera, factura unos 250.000 euros por temporada. En su mayor parte deben ser netos, puesto que los inquilinos además tienen que pagar un plus en concepto de gastos. Desconocemos cuántas temporadas lleva este individuo con el negocio, pero desde que fue descubierto han transcurrido cinco más y este verano muy probablemente seguirá operando en los mismos términos, ya que la sentencia del TSJB todavía es recurrible. De momento, el chalet patera sigue anunciándose, con precios que oscilan entre 525 y 325 euros por persona y mes, según se duerma solo o acompañado por otros inquilinos en la misma alcoba.

El chalet patera viene a ser como la versión lumpen del emporio ilegal de Paquita Sánchez Ordóñez y su Casa Lola, que habrá amortizado diez veces cuando se la derrumben. Ella, en lugar de acoger a trabajadores de temporada, alquila sus estancias a turistas potentados, como si fuera un pequeño hotel de lujo, pero los principios son los mismos. Convertir un chalet unifamiliar en un macrocomplejo inmobiliario, descaradamente ilegal y sin un solo permiso. ¿Cuántos más habrá en la isla que aún no han sido descubiertos? Aunque parecía que Casa Lola ya estaba al borde del precipicio, de momento sigue en pie y aún tiene hasta finales de abril para reducirla a escombros. A ver qué artimaña legal se sacan de la chistera sus abogados para salvar la temporada de 2022. Ya sería el colmo.

En paralelo, en la calle Lugo de Cala de Bou, un fondo buitre llamado Promontoria Coliseum se dedica a echar a todos los inquilinos en cuanto vencen sus contratos, sin darles opción a hacer efectiva la cláusula de derecho de compra del inmueble, tal y como establecen sus contratos. El edificio, con todas las familias dentro, se lo vendió el Banco Sabadell, ese mismo que nos habla de liderazgo, innovación y vanguardia con rostros tan conocidos como los de Pep Guardiola, Rafa Nadal, Ona Carbonell o Paco León.

Aunque el Ayuntamiento de Sant Josep asegura que trata de mediar para que los vecinos, que en algunos casos pagan alquileres sociales, puedan renovar sus contratos o adquirir la vivienda en propiedad, el fondo buitre ni tan siquiera se ha dignado a nombrar un interlocutor válido. Los vecinos incluso denuncian un acoso constante a través de llamadas de teléfono, cartas y panfletos, para que abandonen su vivienda, aunque su contrato de alquiler aún esté en vigor. Por algo los llaman fondos buitre.

En Ibiza ya no es necesario dedicarse a actividades que atenten contra el código penal para obtener pingües beneficios. Con menos riesgos y una infraestructura mucho más sencilla de manejar, se generan negocios igual de suculentos. El asunto de la vivienda va cada año a peor y las iniciativas que desarrollan las instituciones ni siquiera sirven para maquillar la situación. Con esta especulación exacerbada, que pudre la sociedad ibicenca, todo rastro de amabilidad que pudiera conservar esta tierra va desapareciendo.

@xescuprats

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