El precio de la vivienda, un lastre para la sociedad y la economía

El problema para encontrar vivienda de alquiler en Ibiza y Formentera, tanto para los residentes como para los trabajadores de temporada, adquiere tintes dramáticos y tiene un impacto demoledor sobre la economía pitiusa, pues es el principal obstáculo para contratar los trabajadores que necesitan las empresas para funcionar. Año tras año, la dificultad para encontrar alojamiento se convierte en el principal problema para el sector turístico, que no puede atraer a profesionales cualificados de fuera de la isla debido a que no pueden pagar las cantidades desorbitadas que se piden por los pisos. Incluso personas asentadas en la isla desde hace años se ven obligadas a irse y dejar atrás una vida y un buen empleo debido a la inestabilidad permanente que supone sobrevivir con el lastre de un alquiler desorbitado.

Hay empresarios que optan por arrendar viviendas para garantizar el alojamiento a sus trabajadores, como incentivo para que acepten trasladarse a las Pitiusas, pero también topan con la falta de oferta y sus elevados precios. Las cifras de las jornadas ‘Santa Eulària se n’Ocupa’ son muy ilustrativas: 1.100 candidatos para 2.800 ofertas de empleo. Es tan difícil contratar personal, que las empresas se ven obligadas a coger a quienes simplemente están dispuestos a trabajar, prescindiendo de su formación o su cualificación. Algunos empresarios aseguran que la situación nunca había sido tan desesperante como este año, cuando, paradójicamente, las previsiones para la temporada son muy buenas, se prevé la reapertura de todos los sectores, incluido el ocio nocturno, y una recuperación a niveles prepandemia, aunque con la incertidumbre derivada de la coyuntura mundial provocada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

La falta de vivienda a precios asequibles está provocada principalmente por la distorsión que se introduce en el mercado cuando gran parte de los inmuebles existentes en las islas, cuyo territorio es muy limitado, se desvían del uso residencial al turístico con el fin de multiplicar los ingresos y los beneficios. El problema, por tanto, no es la falta de vivienda, sino el uso que se le está dando, que reduce de forma alarmante la oferta a precios asequibles. El quebranto económico, laboral y social que esta situación origina en nuestras islas es muy grave y se produce en todos los ámbitos, más allá de las enormes dificultades de las empresas para contratar al personal necesario para la temporada, y de la pérdida de competitividad que supone no poder contar con profesionales cualificados, una carencia muy preocupante porque afecta a la calidad del destino turístico, cuando el aumento de la calidad de la oferta es precisamente la apuesta estratégica del sector en los últimos años.

La falta de una vivienda digna y el hacinamiento de familias enteras en pequeñas habitaciones limita el desarrollo de las personas y es también el caldo de cultivo de trastornos de salud mental. Especialmente preocupantes son las consecuencias para los menores de vivir en lugares que no reúnen las condiciones para garantizar sus necesidades, como un lugar de estudio. Además, los precios astronómicos de la vivienda provocan que numerosas plazas de funcionarios queden vacantes, también en el sistema sanitario, lo cual deteriora los servicios públicos y empeora notablemente la atención a la que tiene derecho el ciudadano.

Esta temporada comienza con inquietantes nubarrones que no habíamos previsto, como el incremento galopante de los precios de la energía y los combustibles, el caos en cadena provocado por el paro de los transportistas en la Península, que amenaza con el desabastecimiento y ha provocado incluso la paralización de fábricas; la falta y carestía de materias primas a causa de la guerra iniciada por Rusia en Ucrania, y sus efectos sobre la economía europea. Son condicionantes externos y nuevos de consecuencias imprevisibles, ante los cuales sólo pueden adoptarse desde aquí medidas paliativas que permitan atenuar sus efectos. Sin embargo, la falta de vivienda no es un problema nuevo, es el mayor factor de desestabilización social que sufren las Pitiusas, lo conocemos bien y está afectando gravemente a una gran parte de la población y al propio motor económico de las islas, la industria turística. Sin embargo, año tras año somos incapaces de afrontarlo y encontrarle soluciones. La prohibición de alquilar a turistas pisos en edificios plurifamiliares, aunque sea una medida necesaria, se ha demostrado que no es suficiente para aumentar significativamente la oferta de viviendas a precios razonables.

La escalada de precios ha alcanzado tales proporciones y es tan insoportable, que requiere una decidida intervención de la Administración para corregirla. Y no precisamente por la vía de dar nuevas facilidades a la edificación para incrementar el parque de viviendas, porque ese crecimiento sería insostenible para Ibiza y Formentera y desbordante para sus equipamientos, pero es que además sólo contribuiría a extender todavía más el problema, como se ha demostrado en anteriores etapas expansivas de la edificación, que nunca han servido para reducir los precios y en cambio contribuyeron a multiplicar el trasvase a uso turístico de miles de viviendas construidas para uso residencial. En consecuencia, habrá que recurrir -ahora ya de manera apremiante- a fórmulas más efectivas y contundentes para abaratar los arrendamientos, combinando los estímulos, las limitaciones y el control, desde incentivar fiscalmente el arrendamiento residencial, penalizando el turístico, hasta fijar precios máximos, pasando por las sanciones severas a la comercialización incontrolada y al uso turístico indebido de unos inmuebles cuya explotación abusiva está provocando profundos desequilibrios en la sociedad de las Pitiusas y socavando su economía. Es un enorme fracaso colectivo no haber sido capaces aún de revertir esta situación.

DIARIO DE IBIZA