Puede parecer una obviedad pero para que se pueda decir que vivimos en un país democrático no basta con que exista una Constitución, un Parlamento, una separación de poderes y una ley que garantice la realización periódica de elecciones. También es necesario que los ciudadanos contemos con partidos políticos compatibles con todas esas reglas de juego; dos partidos al menos para que nos permitan una mínima posibilidad de elegir.
¿Sucede eso en España ahora mismo? Los acontecimientos —llamémosles políticos— que se han sucedido en este fin de semana pasado hacen que la hipótesis de que contamos con al menos dos partidos políticos comprometidos de manera firme con la Constitución vigente quede más bien maltrecha. Repasemos las opciones. Ni los partidos que se reclaman nacionalistas, ni los de la coalición Unidas Podemos, ni Vox pueden ser tenidos por fieles acatadores de las actuales normas constitucionales; como poco, quieren cambiarlas pero no por el procedimiento que se recoge en la propia Carta Magna sino por otros procedimientos que no se detallan. En cuanto a Ciudadanos, su situación tras las últimas convocatorias electorales —como la de Castilla y León— es tirando a terminal y con muy escasas esperanzas de que se recupere. Quedan, pues, los dos partidos de siempre, los que han protagonizado las alternancias de gobierno hasta que llegó la coalición presente ahora en la Moncloa.
Concedamos el beneficio de la presunción de inocencia en materia constitucional al Partido Socialista Obrero Español mientras no se demuestre lo contrario. Cabría también trasladarla al Partido Popular pero, en este caso, el problema no es el de su mayor o menor fervor por la ley de leyes sino su propia condición como partido político capaz de presentar un programa electoral y unos candidatos con el bagaje necesario para que los ciudadanos opten por votarlos.
Tras esa especie de pirueta hacia el suicidio institucional que el presidente del Partido Popular —el que lo es todavía cuando esto se escribe, Pablo Casado— ha protagonizado desde finales de la semana pasada, aunque parece que la jugada se comenzó a gestar en el mes de agosto, nadie en su sano juicio, salvo los muy afines al señor Casado, puede creer que está en condición de presentarse como candidato a las próximas elecciones vengan éstas cuando vengan. Su realidad es la de un cadáver político que se mantiene en el mismo despacho porque en el PP no se han puesto de acuerdo todavía en cómo sustituirlo. Puede que eso no suceda y, si es así, entonces será difícil creer que contamos al menos con dos partidos políticos decididamente constitucionalistas en España. Habrá, como mucho, uno y los restos de otro. Pero a lo mejor un congreso extraordinario cesa a Casado y entonces... ¿Qué? Lo que suceda después será crucial para saber si el PP existe aún como alternativa electoral viable.
