No va a ayudar a quienes más lo necesitan. A los que enferman y acaban en la calle porque la pensión no les llega para seguir pagando el piso. A las familias con hijos que destinan la mayor parte de su sueldo a la casa y no ponen la calefacción porque el dinero no da para más. A los cincuentones expulsados del mercado de trabajo y con familia a su cargo, o sin ella. A los divorciados que tienen que buscar en solitario un nuevo hogar con la hipoteca a cuestas. A las madres solteras y a los trabajadores pobres de más de 35 años que a veces deben decidir entre pagar al arrendatario o comer... y acaban en el banco de alimentos. Es más, tal vez incluso ahonde su drama. Sin una regulación de alquileres, el bono joven del Gobierno es un caramelo envenenado con más visos de favorecer una subida artificial en los pocos inmuebles asequibles, donde viven los más modestos y que son los que entran dentro de sus bases, que de auspiciar la emancipación juvenil. Humo para enmascarar el fracaso de una ley de vivienda progresivamente vaciada de contenido, y que supone un trasvase millonario de fondos públicos a los caseros sin garantías de que no se vayan a aprovechar para aumentar precios. Pero es una vieja premisa populista que repartir cheques da votos. Al menos, hasta que sus beneficiarios cumplan 36 y se vean sin nada, porque sin un freno a la especulación, nuestros jóvenes o heredan o no tendrán casa propia en la vida. De las ajenas, con una mala racha también los acabarán echando.
