El curso escolar se reanuda mañana con presencialidad completa, tal y como estaba previsto, pese a la virulencia de la variante ómicron, que está provocando récords de contagios. Sin duda, la decisión adoptada por el Consejo Interterritorial es la mejor, en primer lugar para los propios estudiantes, pero también para el resto de la comunidad educativa, es decir, las familias y los docentes. La experiencia de casi dos años de pandemia nos ha sumido en la incertidumbre, pero nos ha dejado también certezas: una, que la no presencialidad pasa una perjudicial factura a los niños y adolescentes, que se traduce en problemas de salud mental y en pérdidas no solo en el aspecto académico, sino también en el social y en su propio desarrollo personal, indisociable de la interacción con sus compañeros y educadores. Ante la escalada explosiva de los contagios durante las fiestas navideñas, hubo voces en otras comunidades autónomas que apuntaron a la posibilidad de retrasar la vuelta a clase o de retomar la educación a distancia para evitar contagios, pero finalmente ha prevalecido la sensatez y se ha optado por mantener el calendario y por la reincorporación presencial, tal y como reivindicaba toda la comunidad educativa de las islas, y ha asumido el Govern balear. Además de los efectos negativos que tiene sobre los estudiantes seguir el curso desde casa (como ya comprobamos en la etapa del confinamiento), no es menor el problema de conciliación para las familias que provoca esta fórmula académica. Sin olvidar que otra función fundamental de la enseñanza pública es reducir la desigualdad de origen del alumnado, que la educación no presencial acrecienta de forma grave, pues quien tiene un entorno más favorable, tanto familiar como en lo que se refiere a recursos y tecnología (ordenadores y acceso de calidad a internet, así como un espacio donde poder estudiar y trabajar con comodidad y aislamiento), perderá menos que quien crece en un ambiente más adverso.

Otra conclusión que hemos sacado de estos meses de pandemia es que los centros escolares son seguros, pues aplican de forma estricta un protocolo que ha permitido desarrollar las clases dentro de cierta normalidad. En general, la mayoría de los contagios se producen fuera de las aulas, por lo que plantear ahora una vuelta a la semipresencialidad habría sido un retroceso con muchos más perjuicios que beneficios.

Por otra parte, Balears tiene ante sí el reto de incentivar la vacunación de los menores de 11 años, pues cuanto más aumente la inmunización de los escolares, más seguras serán las aulas, menos gravedad tendrán los contagios y los trastornos que cause el covid serán menores. Esto ya se ha observado en los institutos, donde gran parte del alumnado tiene puestas las dos dosis y la actividad académica se desarrolla con menos interrupciones provocadas por las cuarentenas y la enfermedad de los estudiantes. Balears es la comunidad donde menos niños han recibido la primera dosis, menos del 15%, un dato que pone de manifiesto la necesidad de acometer campañas informativas específicas para disipar las reticencias que puedan tener las familias respecto a los efectos de la vacuna.

Evolucione como evolucione la pandemia, la presencialidad del sistema educativo debe estar garantizada, por el bien de los alumnos, de los docentes, de las familias y de toda la sociedad en su conjunto.

DIARIO DE IBIZA